La SAE que ahora administra los bienes de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), informó que en primer lugar se actualizaron los sistemas recibidos por la DNE, después de que la Contraloría indicara que solo conoce el 26% de los bienes inmuebles que tienen medida de extinción de dominio, o que ya han sido extinguidos a las organizaciones delincuenciales, lo que genera excesivos costos de mantenimiento, pues muchos depositarios ni siquiera rinden cuentas a la entidad.

Activos Especiales informó que se removieron 162 depositarios de sociedades activas y en liquidación y 95 depositarios de inmuebles ubicados en todo el país, por incumplimiento de obligaciones. Además asignó en depósito provisional 33 sociedades en liquidación, 104 sociedades activas y 18 inmuebles.

Para actualizar la información la entidad adelantó visitas técnicas a más de seis mil 500 inmuebles para la verificación y validación de los sistemas de información recibidos, el inventario físico de los activos y su depuración.

Asimismo, logró el cobro prejurídico y jurídico por más de 12 mil millones de pesos de los cuales a diciembre había recuperado $2 mil 932 millones.

Además preparó y actualizó 462 inmuebles para la venta y monetizó 8.3 millones de dólares a través de un convenio con el Banco de la República. Actualmente se encuentran publicados 127 inmuebles por un valor superior a los 44 mil millones de pesos.

La SAE estima que para finales de este año reciba más de 76 mil millones de pesos por arrendamiento y venta de bienes relacionados con el narcotráfico y las mafias, y reiteró que desde 2014 han tratado de darle un manejo adecuado a este tipo de bienes.

Cifras del tolima

Ante las acciones estratégicas implementadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se conoció que el Tolima cuenta con 352 bienes inmuebles que tienen medida de extinción de dominio, de los cuales 135 están ubicados en Ibagué, perteneciendo 25 a la zona rural y 110 al sector urbano.

En 2011 tras un escándalo de corrupción la presidencia de la República ordenó la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, y los bienes inmuebles con extinción de dominio, pasaron a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales.