Huepa se defendió ante Procuraduría General

COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
El subdirector de Desarrollo Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Tolima -Cortolima, José Armando Huepa Bríñez, se defendió ayer ante la Procuraduría General de la Nación, entidad que lo investiga por presunta participación indebida en política.

Huepa Bríñez, quien estuvo en el cargo desde el 14 de septiembre de 2012 hasta el 17 de septiembre de 2015, es investigado por supuestamente utilizar indebidamente su cargo público para pedir a los contratistas Andrea Rodríguez, José Luis Yara y Rafael Nieto y al funcionario Guillermo Andrés Becerra Encinales, que pagaran la suma de 15 mil pesos para asistir a la reunión de campaña política de Mauricio Jaramillo Martínez, en su momento candidato a la gobernación del Tolima, hecho que habría quedado registrado en video.

En la diligencia judicial, desarrollada en la sede de la Procuraduría en Bogotá, Huepa Bríñez rindió versión libre asegurando que todo se trató de una trampa en la que él fue el chivo expiatorio, utilizando un video que en su criterio es ilegal y añadió que fue manipulado y editado.

“Me veo muy extrañado…, no sé por qué estoy implicado si mi hoja de vida es intachable. Son 26 años que he estado ejerciendo mi carrera profesional, nunca he tenido un problema o investigaciones”, dijo.

En su narración, el exfuncionario indicó que él estaba reunido con Rodríguez, Yara y Becerra, trabajando en una presentación cuando el ingeniero Rafael Nieto, quien labora en Fresno, se asoma a la puerta, ingresa y este le concede un espacio para atenderlo. Señaló que este fue quien hizo un video, cuyo original fue borrado del celular de Nieto, el mismo que fue robado del correo electrónico de Nieto, quien radicó denuncia penal por esto ante la Fiscalía.

“Es un señor de edad que es un tomador de pelo, bromista, nunca estuvo citado porque él no me tiene que rendir cuentas a mí, eso hay que dejarlo claro. Habla de un montón de cosas que no era el lugar para decir y suelta algunas palabras de la actualidad política y que él estaba con la idea de hacer un video para causarle daño a alguien, porque en ese momento había muchas controversias políticas y que él necesitaba un chivo expiatorio”, dijo.

Huepa Bríñez insistió en su narración que su perfil es técnico, no político y que estos hechos lo hicieron quedar como “un vagabundo. Me hizo un daño a mí, a la Corporación y al Tolima”, dijo.

El exfuncionario señaló que el ingeniero Nieto fue supuestamente acosado por dos personas de nombre Diego Bonilla y Ricardo Orozco, quien se le presentó como diputado. “Nieto fue objeto de amenazas. Bonilla le ofrecía un millón de pesos y un puesto en la Gobernación para 2016”, relató.

De acuerdo con el exfuncionario, Nieto acepta reunirse con Orozco en un centro comercial, en donde le pide el video porque supuestamente lo necesitaba como una venganza para “cobrárselas al director de Cortolima”. Y, según Huepa Bríñez, la respuesta de Nieto fue que el video se había hecho como una broma.

El exfuncionario indicó que en los registros de Control Interno quedó fijado que los asistentes a la reunión y el mismo ingeniero Nieto aseguran que este nunca los ha constreñido. “Uno queda sorprendido, me dañaron una hoja de vida de 26 años. Eso fue una cosa aislada. El señor Rafael me mete los dedos en la boca y nos obliga a decir cosas que no son. Él lo que quería era que yo hablara para que quedara registrado en un video, que ya no existe”, precisó.

De acuerdo con la Procuraduría, de comprobarse el cargo endilgado, se demostraría la posible vulneración a la salvaguarda de los principios de honradez y transparencia que rigen la función pública, constituyendo la falta disciplinaria según lo dispuesto en los numerales 39 y 40 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

La conducta investigada aparentemente fue realizada a título de dolo, dado el conocimiento de los hechos y la conciencia de su ilicitud, encaminadas a las aspiraciones políticas de Jaramillo Martínez a la Gobernación de ese departamento a través de la solicitud de dinero a personas vinculadas a la corporación, a quienes además habría invitado a que asistieran a las reuniones políticas del candidato y a que realizaran sus propias convocatorias para sumar adeptos.

La audiencia de alegatos finales quedó para el próximo 6 de mayo en las instalaciones de la Procuraduría en Bogotá.

Credito
BOGOTÁ - COLPRENSA

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