Dicha ley dice que se entiende como feminicidio cuando la muerte de una mujer se da por su condición de mujer, de su identidad de género o cuando hayan antecedido algunas circunstancias que están explícitamente reseñadas como que haya existido un relación de familia o de amistad, o que se haya ejercido violencia sexual o patrimonial, entre otros.
La Sala Plena, con ponencia de la magistrada Gloria Ortíz, ratificó la norma a fin de que se entienda que la ley también aplica a cualquier clase de violencia de género por lo que incluye a las personas transgénero.
La Ley había sido demandada por un ciudadano que estimaba que no se podía considerar como uno de los antecedentes a un feminicidio la amenaza de violencia doméstica, así no haya sido denunciada puesto que era confuso y podría provocar que una persona sea procesada por temas de odio o solo con indicios.
En este caso, la Procuraduría había señalado que contrario a lo afirmado por del demandante, los antecedentes de violencia pueden considerar como un contexto que podría demostrar el móvil del feminicidio.
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