Esta indagación había iniciado en marzo, luego de que el expresidente Álvaro Uribe señalara públicamente a Enciso como el funcionario del Gobierno que buscaba que Arias relacionara a sus hijos con los recobros ilegales de la Dian.

Para la Fiscalía, los hechos denunciados por la familia Uribe son “inexistentes”, por lo que un fiscal destacado ante el CTI decidió archivar provisionalmente la indagación contra el Secretario de Transparencia de la Presidencia por el presunto delito de constreñimiento.

El argumento central de la decisión radicó en las declaraciones que obtuvo el ente acusador, especialmente la del ‘Zar de la Chatarra’, y la de su esposa Diana Ochoa, quienes aseguraron no haber sido presionados por algún funcionario ni de la Fiscalía ni de Presidencia para rendir algún tipo de declaración que vinculara con actividades irregulares a la empresa Ecoeficiencia Co. SAS, propiedad de los hermanos Uribe Moreno.

“No he recibido ningún tipo de presión o coacción, ni ofrecimientos de prebendas por parte de ningún funcionario de Presidencia, ni de la Fiscalía, tampoco de ningún particular para declarar en contra de Tomás Uribe y Jerónimo Uribe”, dijo James Arias en diligencia de entrevista realizada el 16 de marzo.

La Fiscalía también tuvo en cuenta que aunque Camilo Enciso envió varias peticiones a la entidad para conocer los avances del proceso contra el ‘Zar de la Chatarra’, el funcionario de Presidencia ha hecho la misma solicitud para varios casos relacionados con los recobros a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), por lo que “no habría un interés específico en contra de los hijos del expresidente Uribe”.

El pasado 14 de junio un juez de Control de Garantías de Bogotá avaló un principio de oportunidad entre la Fiscalía y el ‘Zar de la Chatarra’, luego de que el procesado aceptara cargos y se comprometiera a colaborar con la justicia en casos relacionados con el desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

En este caso, el acuerdo entre Arias y la Fiscalía se presentó para que el procesado reciba beneficios jurídicos por los delitos de lavado de activos y falsedad en documento público, a cambio de la colaboración de Arias en los diferentes procesos judiciales en el marco de los recobros a la Dian, además de la devolución de los bienes obtenidos mediante estas actividades, los cuales están avalados en cerca de 270 mil millones de pesos.