Con la esperada firma del acuerdo final entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, y la cuenta regresiva para el 2 de octubre, día en el que los colombianos refrendarán o no lo pactado luego de cinco años de negociación, vale la pena recordar los puntos más importantes del documento de 297 páginas.

El campo en el acuerdo

El primer punto del acuerdo se dedica al campo colombiano. En él, bajo los principios de la transformación estructural; la igualdad y enfoque de género; el bienestar y el buen vivir; la priorización; la integralidad; el restablecimiento; la regularización de la propiedad; el derecho a la alimentación, el desarrollo sostenible, entre otros, se pretende reducir las brechas de desigualdad.

El fondo de tierras

Todo empieza con la creación del Fondo de Tierras con el que se tiene la meta de entregar de manera gratuita, en un principio, tres millones de hectáreas durante los primeros 10 años de creación. Los terrenos se reunirían por medio de la extinción judicial de dominio que se dé por la concentración ilegal de tierras; la recuperación de baldíos; tierras inexplotadas; tierras donadas, entre otras.

¿Quiénes lo recibirán?

Principalmente personas con vocación agraria que no tienen tierra o tienen tierra insuficiente, priorizando las mujeres rurales y las madres cabeza de hogar y a las personas desplazadas. Estos beneficiarios se escogerán con la participación de comunidades locales.

Esas tres millones de hectáreas serán en predios inembargables e inalienables por un periodo de siete años, y los que no sean explotados o se usen ilegalmente volverán automáticamente al Fondo de Tierras. Así mismo, se buscará la formalización de la propiedad con un plan de formalización masiva.

Además se hará la formalización y actualización del catastro con un Sistema General de Información Catastral, Integral y Multipropósito, que tendrá un plazo de siete años para cumplir con ese objetivo.

Todo enfocado a reducir la pobreza rural extrema, objetivo para el cual se ha puesto que en 10 años ya debe haberse reducido en un 50 %.

Instancias y mesas de trabajo para el campo

En el acuerdo se plantea la creación de una jurisdicción agraria para que se garantice un acceso ágil y oportuno a la justicia para la población en situación de pobreza, pensado especialmente para la conciliación de conflictos sobre el uso y tenencia de la tierra.

Junto a esa instancia, se creará una comisión de alto nivel para formular lineamientos sobre el uso de la tierra, atendiendo características de su vocación, el bien común y las visiones territoriales de desarrollo rural.

Y se crearán mecanismos para que haya un diálogo entre diferentes sectores del país, como el Gobierno nacional, departamental y los empresarios para garantizar la sostenibilidad socio-ambiental, el bienestar de los pobladores rurales y el crecimiento económico con equidad.

La alimentación

En el primer punto se plantea educación, salud, vivienda, agua potable, infraestructura de riego, vial, eléctrica y de conectividad; estímulos a la economía solidaria; promoción de los productos de la economía campesina familiar y comunitaria; la formalización del trabajo rural y la protección social.

Pero también, sumado a lo anterior, la garantía al derecho de la alimentación sana y nutritiva. Para ello se va a implementar el Consejo Nacional de alimentación y nutrición, figura que se replicará a nivel departamental.

Y se garantizará la protección a la semilla nativa, los bancos de semillas y la estricta regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos para salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la nación.

La política en el acuerdo

El estatuto de la oposición

En el segundo punto se plantea hacer la democracia colombiana mucho más incluyente, sin estigmatización, especialmente garantizando el derecho a la oposición, por lo que se crea el Estatuto de la Oposición, el cual ya se ha venido trabajando con todas los partidos que se califican como tal, a excepción del Centro Democrático, que no ha querido participar. 

Seguridad y protesta social

Para el ejercicio de la política en seguridad se crea el Sistema Integral de Ejercicio de la Policía, que dependerá de la Presidencia de la República y tendrá como función fomentar el respeto a la diferencia y prevenir la violencia. También se crea un Sistema de Alertas Tempranas para prevenir hechos violentos; se pondrá en marcha un programa de protección para los miembros del nuevo partido político de las Farc y las personas que se encuentren en riesgo por su ejercicio político. Se establecen también garantías para la movilización de las protestas y para ello se plantea la necesidad de modificar las normas actuales que se aplican al respecto. Y siguiendo con una democracia incluyente, se plantea el impulso de los medios comunitarios y acceso en general a los medios de comunicación. 

Reforma política, participación ciudadana y reconciliación

Se plantea la creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación, en el que participará el Ministerio Público, los partidos y el Gobierno nacional. Se harán planes de fortalecimiento para la veeduría ciudadana y se hará una gran reforma política para dar la posibilidad a los movimientos y organizaciones que tienen vocación política de pasar a ser un partido, todos con igualdad de condiciones.En esa reforma política que se contempla que se harían también modificaciones a la organización electoral, que incluye al Consejo Nacional Electoral y para modificar esa instancia se creará una Misión con expertos de alto nivel, en la que se incluyen universidades, institutos y la Misión de Observación Electoral. 

Las circunscripciones

En este punto se establecen las 16 circunscripciones especiales para las zonas de conflicto que se integrarán a la Cámara de Representantes, las cuales estarán únicamente por dos periodos electorales. Los candidatos solo podrán ser personas que habiten en esos lugares regularmente o que hayan sido desplazados. Podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos u organizaciones de circunscripción. Ellos solo serán elegidos por los habitantes de las zonas de conflicto y no podrán ser parte de partidos políticos que tengan representación en el Congreso. 

En el acuerdo también se señala el compromiso del Gobierno nacional de crear un canal institucional de televisión cerrada para que todos los movimientos y organizaciones sociales divulguen sus actividades, así como los partidos divulguen sus plataformas políticas.

Las medidas para lograr el fin del conflicto

La dejación de armas

Acá es donde aparece la dejación de armas por parte de las Farc, que se dará en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, que serán 20, y siete puntos campamentarios. Las zonas tendrán todo un esquema de seguridad y solo durarán seis meses, en los cuales, siguiendo un cronograma específico, se entregarán las armas gradualmente.

Ese cronograma empieza el día ‘D’, que según lo acordado sería el próximo 26 de septiembre, día de la firma del acuerdo final. Todo este proceso se hará con verificación de la Misión Política de la ONU, del Consejo de Seguridad de ese organismo y en un trabajo conjunto con el Gobierno nacional y las Farc. 
El partido político de las Farc

Es en este punto se incluyen las ayudas para el partido político de las Farc, tales como el trámite de la personería jurídica, los recursos económicos, el número garantizado de curules en el Congreso y la creación de un centro de pensamiento y formación política. 

Sobre las ayudas económicas para el partido se plantea que desde el día de registro del mismo, hasta el 19 de julio de 2026, recibirán anualmente la suma equivalente al 10% de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos. También se les asignará el 5% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos hasta el 19 de julio de 2022 y ayudas en las campañas electorales. 

Sobre las curules, aunque participarán en las elecciones de 2018, se les garantizarán cinco escaños en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Claro está, por ejemplo, que si por la vía democrática, es decir con votos, el partido de las Farc obtiene tres puestos en el Senado, se le darán dos extras y en el caso de que no logre ninguno se le darán las diez en total. 

Mientras llegan las elecciones, y con el procedimiento legislativo especial en marcha, habrá tres delegados de las Farc en Senado y tres delegados para la Cámara, con voz pero sin voto, pero también tendrán un delegado en el Consejo Nacional Electoral. 

La reincorporación a la vida económica y civil

Las Farc quieren ingresar a la vida civil de manera colectiva, y en ese sentido se permitirá la creación de una organización de economía solidaria llamada Economías Sociales del Común, Ecomún. Pero también se identificarán programas y proyectos productivos en los que se pueden integrar los miembros del grupo guerrillero.

Quienes dejen las armas tendrán derecho por una sola vez a una ayuda de ocho millones de pesos para iniciar un proyecto productivo individual. También tendrán una renta básica del 90 % de un salario mínimo por dos años y cuando salgan de las zonas cada uno tendrá una única asignación mensual de normalización de 2 millones de pesos. 

Para los desmovilizados que salgan y luego de un tiempo no logren vincularse a actividades remuneradas, el Gobierno les garantizará el pago de la salud y pensión por dos años. 

En este acuerdo también se incluyen las medidas para la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios a los defensores de derechos humanos, movimientos sociales y políticos.

Esto pactaron en cuanto al narcotráfico

Acá se resalta el cambio de enfoque para el tratamiento de los consumidores de drogas, pues se ven como un problema de salud pública y se hace un compromiso para intensificar la lucha contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico. 

Pero también se da una mirada diferente a los campesinos que se han visto involucrados en la cadena productiva del negocio ilícito, por lo que se harán Planes Integrales de Sustitución de Cultivos, que liderará la Presidencia de la República, y que tendrán que integrarse con la Reforma Rural Integral. Esa sustitución se hará de manera voluntaria, pero si no se logra un consenso con los campesinos, se entrará a un tratamiento penal especial y la erradicación. 

En el acuerdo se establece que la erradicación será manual y que se harán programas de prevención de consumo y salud pública. Pero también se propende por la consolidación de estrategias para la lucha contra la corrupción.

Acuerdo sobre víctimas

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición está incluido en el quinto punto del acuerdo final. 

El sistema está conformado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, en donde todas las personas que han estado relacionadas con el conflicto armado podrán ir a contar su verdad y luego se reunirá todo en un gran informe final; la Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las medidas de reparación entre las que se incluyen los actos de reconocimiento que ya se adelantan y las garantías de no repetición. 

La jurisdicción especial para la paz

La Jurisdicción Especial para la Paz empieza con dos caminos: el primero para quienes hayan cometido delitos amnistiables, y el segundo para los que hayan cometido delitos de lesa humanidad como genocidios, toma de rehenes, tortura, violencia sexual, entre otros. Para quienes tienen la primera opción y reconozcan la verdad, la sala de Indultos le otorgará la amnistía; pero para quienes no reconozcan su responsabilidad pasarán a la sala de definición de situaciones jurídicas. 

Para los de delitos de lesa humanidad, los responsables recibirán las sentencias del Tribunal para la paz, que varían según el reconocimiento de responsabilidad. 

Quienes digan la verdad recibirán sanciones de restricción efectiva de la libertad entre 5 y 8 años; quienes no lo hagan en un principio, pero luego confiesen, podrán recibir penas privativas en condiciones carcelarias ordinarias entre 5 y 8 años; y quienes definitivamente no digan nada podrán recibir penas carcelarias entre 15 y 20 años. Esas sanciones que no se den en las cárceles del país por colaborar con la construcción de verdad, se darán con trabajos para cumplir lo acordado en el acuerdo, como el desminado o los proyectos de electrificación que se plantean en la reforma rural, esto con verificación internacional.

La verificación de la implementación

En el último punto, se crea la Comisión de implementación y verificación del Acuerdo Final de Paz, que estará compuesta por tres delegados del Gobierno Nacional y tres de las Farc, quienes serían Iván Márquez, Jesús Santrich y Victoria Sandino. Y un mecanismo internacional de verificación compuesto por Cuba, Noruega, Venezuela y Chile.