Los dineros que se utilizaron para financiar el proceso de paz correspondieron, en primera medida, al Fondo de Programas Especiales para la Paz, creado como una cuenta especial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República desde 1997.

La finalidad de este fondo es la financiación de los programas de paz encaminados a fomentar la reincorporación a la vida civil de grupos alzados en armas, que demuestren voluntad de reincorporarse, mediante su desmovilización y la dejación de armas.

Así, los contratos adelantados por este fondo con referencia a la mesa de negociación de La Habana, desde octubre de 2012, cuando se anunció formalmente el inicio de las conversaciones, hasta abril de 2016, llegarían a una cifra por encima de los 300 mil millones de pesos.

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, manifestó en una entrevista realizada en 2014 que durante el primer año de negociación, hasta el 19 de noviembre de 2013, los costos ascendían a cerca de ocho millones de dólares, es decir unos 14 mil millones de pesos.

Según la información analizada por Colprensa de los contratos del Fondo de Programas Especiales para la Paz, durante 2013 las cifras estarían bordeando los 96 mil millones de pesos, en 2014 en cerca de 73 mil millones, para 2015 en 47 mil millones y hasta abril de 2016 irían por 28 mil millones.

Estas cifras coincidirían con las afirmaciones hechas por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el pasado 16 de septiembre en Medellín, donde aseguró que los costos del proceso de paz y su implementación no superarían el billón de pesos, a diferencia de lo que otros sectores han expresado.

“Tenemos que separar los costos inmediatos de los acuerdos de paz y de la reincorporación, de la construcción de la justicia especializada, de los costos de la implementación de los acuerdos, pero en ningún caso esa cifra podría ser superior al billón de pesos”, reveló ese día Cristo.

¿Qué opinan los analistas?

Para el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, además de la inversión hecha por el Gobierno Nacional, a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, los países garantes, Cuba y Noruega, también aportaron su financiación en varios aspectos. 

Cepeda aseguró que los negociadores de la guerrilla y del Gobierno se dedicaron a trabajar de forma “rigurosa y disciplinada”, en medio de un gran criterio de austeridad para el gasto durante las conversaciones: “Creo que hay una exigente y rigurosa labor para que los costos fueran los mínimos y, en segundo lugar, todo dinero que se invierta en la paz no debe ser visto como un gasto sino como una inversión”. 

Además, resaltó que “cada peso que se ha invertido en la paz, es un dinero que se ha visto multiplicado y compensado por el resultado. Si se hubiera gastado un dinero, para que después de seis años de negociación no hubiera ningún resultado, cualquier crítica sería comprensible, pero acá tenemos como resultado unos acuerdos y unos hechos políticos de innegable trascendencia histórica para el país”. 

Entre tanto, Javier Torres, experto en seguridad nacional, aseguró que es muy difícil calcular tanto los costos del proceso de paz en La Habana, como los gastos en los que incurre el país para cubrir el conflicto armado. 

Cita, como ejemplo, que para definir cuánto le cuesta al país el gasto militar asociado al conflicto habría que mirar el costo de los hombres y mujeres, la logística, el armamento, las comunicaciones; además de los costos asociados como pensiones de los oficiales y soldados. “No son solo los costos directos de la guerra, sino los indirectos también, por lo que estos se pueden duplicar, dependiendo qué elementos se incorporen”, resaltó Torres. 

Finalmente, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (Cerac), Jorge Restrepo, aseguró que este es un dinero que tenía que invertir el país, independiente de si es caro o poquito. 

¿En qué se utilizó?

El mandatario colombiano aseguró en 2014 que el dinero invertido había sido destinado a cuestiones de logística, como el traslado del equipo negociador de Colombia a La Habana, además que eran gastos diferentes a los que el Estado invierte en la reparación de las víctimas. 

Entre los documentos del Fondo de Programas Especiales para la Paz se encuentran contratos relacionados con estos aspectos logísticos, así como también el pago por el trabajo de los asesores de los negociadores del Gobierno y del Alto Comisionado para la Paz, en medio del proceso con las Farc. 

Sobre los negociadores, la suma de los contratos por sus servicios ascendería a unos 2.490 millones de pesos durante los cuatro años. Esa suma incluiría a los principales de ellos (y que estuvieron todo el tiempo), como Humberto de la Calle, el general (r) Jorge Enrique Mora y Frank Pearl, cuyos últimos contratos vencerían el próximo 30 de septiembre. 

Respecto a los temas de comunicación y publicidad, el Fondo de Programas Especiales para la Paz realizó contratos entre los que se cuentan los que tienen que ver con los cubrimientos fotográficos, la producción audiovisual y periodistas para el contacto con medios nacionales e internacionales durante la vigencia de la mesa de conversaciones. 

También se contrató con Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc) la producción y realización de piezas de comunicación audiovisual, sobre temas estratégicos del proceso de paz; y con la Imprenta Nacional de Colombia, para la realización de cartillas, periódicos, folletos, afiches plegables, volantes y necesidades editoriales de la Oficina del Alto Comisionado durante el proceso. 

También se encuentra todo el tema de la logística, que incluyó el pago de la casa de alquiler en La Habana, servicios de transporte dentro de la isla y la movilización entre Colombia y Cuba de los negociadores y demás comisiones que viajaron durante el proceso, entre otros aspectos. 

El dinero del Fondo de Programas Especiales para la Paz se destinó exclusivamente para el servicio de los gastos del Gobierno nacional, por lo menos así lo dejaron claro en respuesta a un derecho de petición en el 2014. En el oficio respectivo, el organismo gubernamental asegura que “no ha destinado dinero para la estadía y manutención de la delegación las Farc y tampoco ha presupuestado ni ejecutado costos por los retrasos que se han presentado en el proceso de paz”.