El alcalde de Líbano, Germán Castellanos; su secretario General, Fernando Andrés Zambrano, y el presidente del Concejo, Nelson Gustavo Chica, fueron citados por la Procuraduría Provincial de Honda a una audiencia pública en su contra para formulación de cargos, por la suspensión del Personero electo, Nicolás Martínez, ya que se habría desarrollado de forma irregular.

Según la entidad, la medida cautelar de suspender provisionalmente los efectos del acto administrativo de la convocatoria al concurso público de méritos para la elección de Personero, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué, nunca ordenaba la suspensión de la elección y posesión de Martínez, como lo habrían decidido al apartarlo del cargo y elegir a un Personero (e).

La decisión

El Presidente del Concejo, el 18 de marzo remitió un oficio al Alcalde, asegurando que al estar sesionando de forma extraordinaria, no tenían entre sus temas la de la asignación de un Personero (e), por lo tanto era responsabilidad del mandatario designarlo para supuestamente adoptar la decisión judicial; lo que el ente de control consideró:

“Aunque afirme que se contó con asistencia jurídica para tal oficio, es evidente que los soportes jurídicos invocados para sustentar sus afirmaciones son pobres, por lo que no constituyen una razonable interpretación de las normas, ni de la orden emitida por el juzgado”, por lo tanto para su caso la falta y culpa fue considerada como grave.

El Alcalde además habría decidido sin estar facultado jurídicamente para hacerlo, ya que la norma indica que dado la necesidad de designar un Personero (e) y el ‘Concejo no estuviere reunido’, él tendría la atribución de hacerlo, pero el cabildo sí habría estado sesionando.

“La decisión adoptada afecta la esencia o razón de ser de dicho deber, que es impedir ante una necesidad real y apremiante, un posible vacío institucional, por vacancia temporal, de uno de los funcionarios de mayor importancia municipal; y no la de provocar por incorrectas interpretaciones y aplicaciones de la Ley, inestabilidad institucional y perjuicio laboral a quien viene desempeñando el cargo legítimamente como titular”, indica la Procuraduría.

Por lo tanto el mandatario habría incurrido en una falta ‘gravísima’, y su culpa sería ‘grave’. Por su parte, el Secretario General tendría una conducta reprochable, ya que sería su deber revisar y refrendar los actos administrativos del Alcalde, para el autocontrol y evitar ejercicios indebidos o excederse en las funciones de burgomaestre; lo que la Procuraduría consideró como falta y culpa grave por:

“No cumplir el deber con la debida diligencia, y permitió que se comprometa la estabilidad institucional de un órgano de control como la Personería municipal, desconociéndose principios de la función pública, como la moralidad administrativa por ejercicio indebido o excedido de la función”.

El Proceso

Es de recordar que la persona nombrada en encargo desde el 19 de marzo es Haiden Augusto Roncancio, pero a pesar de esto Martínez siguió asistiendo a su trabajo para no incurrir en el abandono de sus funciones, pero asegura que le fue cohibido el ingreso a su despacho y se vio en la necesidad de denunciar la arbitrariedad.

“Tuve que salir porque me mandaron a cambiar las guardas de la oficina y no pude volver a trabajar, por eso tuve que enviar un documento a la Procuraduría provincial, diciendo que me apartaba del cargo por la persecución que me estaban haciendo el Alcalde, el Personero que dejaron en encargo, y el Presidente del Concejo”, afirmó.

Fuera de la queja a la Procuraduría, el Personero electo interpuso una denuncia en junio ante la Fiscalía, y a la fecha sólo se conoce que la Fiscal emitió el programa metodológico el 10 de agosto, pero no se ha notificado a citaciones para audiencias o información adicional, es así que Martínez tiene previsto solicitar una vigilancia al proceso para que generar agilidad.