La ordenanza contiene un artículo de condición resolutoria en el que indica que si en cuatro años que se cumplirían el martes, no se realizan obras públicas necesarias para su funcionamiento o se destina el inmueble a fines distintos a la Educación Pública, el bien deberá ser devuelto al departamento.

Johana Guzmán, directora territorial de la Esap, le indicó a EL NUEVO DÍA que aunque no se han hecho construcciones como edificios, sí se ha hecho inversión en la infraestructura existente, como en mantenimiento de la edificación, en modificaciones internas, como también en telecomunicaciones, para ella, esto daría cumplimiento a la ordenanza.

Contrario opina el exconcejal de Ibagué, Heber Humberto Sánchez: “Soy exalumno y las condiciones de infraestructura del 2013 son las mismas que en 2017, la Esap no ha hecho obras públicas necesarias para mejorar su funcionamiento, se está incumpliendo la ordenanza que buscaba mejorar las condiciones educativas del sector público. Tuvieron cuatro años para ejecutar obras, no van a ejecutar en pocos días”.

La Oficina Jurídica de la Gobernación entrará a analizar el cumplimiento, ya que los diputados de la época indicaron, que una de las pretensiones con la aprobación de la ordenanza, era la inversión en ampliación e infraestructura nueva por la entidad de educación superior que tenía las instalaciones en comodato desde 2003 hasta 2013, pese a que su funcionamiento estaba desde 1999.