¿Marcela Jaramillo se quedará con el cargo de Contralor?

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
El Concejo de Ibagué tiene previsto, para los próximos días, decidir sobre el cargo de Contralor que reclama Marcela Jaramillo, pero una posible inhabilidad podría significar un giro a la elección.

En menos de 10 días el Concejo de Ibagué tiene previsto acatar la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que confirmó la nulidad al acto de elección de Ramiro Sánchez como Contralor local, ordenando así al cabildo a la elección de un nuevo jefe de despacho teniendo en cuenta el orden de la lista de elegibles, respetando a quien obtuvo el mayor puntaje, que para este caso sería Marcela Jaramillo Tamayo.

Debido a que la sentencia hace referencia de que se debe actuar con apego a la ley en especial “en lo que a requisitos e inhabilidades se refiere, para evitar un nuevo proceso de nulidad electoral”, el presidente del Concejo, Carlos Andrés Castro, afirmó que se ha hecho varias consultas, por lo que se espera durante los últimos días de julio convocar a la plenaria, al igual que a Jaramillo Tamayo para hacer la elección de Contralor.

Castro precisó: “Elevamos la consulta al Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), y ya el concejal Camilo Delgado había solicitado el acompañamiento a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva, esto con el fin de llevar todo con un expedito cumplimiento al fallo, y en los tiempos indicados”.

Y adicionó: “Debemos hacer la elección en el término de sesiones ordinarias, para esto no se puede convocar a extraordinarias, por lo tanto, vamos a hacerlo dentro del periodo que está en curso, lo más probable es que en los próximos días confirmemos la fecha y se convoque a la candidata que superó el puntaje de 80 por ciento, como lo dice el Consejo de Estado, para que cada concejal estime si se elige a la señora Marcela Jaramillo”.

 

Supuesta inhabilidad

Un tema que estaría en contra de Marcela Jaramillo, quien fue la demandante al acto de elección de Ramiro Sánchez, sería el haber ejercido como Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa durante el año anterior a la elección, es decir 2015, en razón de que esto la podría poner en causal de inhabilidad.

El decreto presidencial 785 de 2005, “por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales”, en su artículo 16, indica que entre los cargos de nivel directivo está, con el código 040, el de Personero Delegado.

Según la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la decisión contra Ramiro Sánchez se precisó que en el artículo 272 de la Constitución Política, en que se hace referencia a las contralorías, señala que no se podrá elegir a quien haya ocupado un cargo público de nivel ejecutivo, para este caso en el municipio, y señala que esa “restricción abarca a los niveles superiores, es decir el asesor y el directivo”, como el que habría ocupado Marcela Jaramillo.

Ante esto, Harold Ríos Tinoco, coordinador en el Tolima de la Red de Veedurías RedVer, dijo: “Hay que advertir al Concejo que no se debe cometer el mismo error, ya que los podría ver abocados en una nueva acción de nulidad electoral por posesionar a Jaramillo Tamayo; ellos ya tienen una responsabilidad que deben enfrentar por la elección de Ramiro Sánchez, no queremos que con la nueva decisión continúe Ibagué en inseguridad fiscal”.

Advertencias de este tipo también fueron radicadas ante el Concejo, firmadas por los ciudadanos Aníbal Henao y Luis Carlos Ortiz.

 

La elección

Según el Consejo de Estado, Marcela Jaramillo, al ser la única que estaría en la lista de elegibles, debe ser convocada para la entrevista ante la plenaria del Concejo, esto con el fin de que los cabildantes procedan a votar si la eligen o no, para que ocupe el cargo de contralor, que actualmente es ostentado en encargo por Diego Mauricio Visash.

Dado el caso de que más de 10 concejales de los 19 que tiene la ciudad decidan no emitir su voto a favor de Jaramillo Tamayo y al no haber más elegibles, se deberá declarar desierto el concurso, y de ocurrir esto, tendrá que desarrollarse una nueva convocatoria por el Concejo, que con una universidad ‘reciba desde cero’ la hoja de vida de los aspirantes y sean evaluadas, para conformar una nueva lista de elegibles.

Hay quienes consideran que de ser electa Marcela Jaramillo, los cabildantes que voten a su favor se podrían ver sometidos a una investigación disciplinaria, que para este caso llegaría a tipificarse a título de dolo.

 

La denuncia

Cabe recordar que Jaramillo Tamayo interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Concejo, y a pesar de estas circunstancias, hay quienes consideran que su resultado definitivo puede tardar, ya que esto sería común en ese tipo de procesos judiciales.

La Personería habría emitido un certificado en el que se indica que Marcela Jaramillo ocupó su cargo de tipo directivo, lo que podría inhabilitarla e impedir que sus pretensiones en la demanda logren su objetivo.

La demandante, además, tendría intereses en una indemnización desde el momento de la elección de Ramiro Sánchez, valor que se actualizaría cada mes y aumentaría según los conceptos de interés que habría dejado de percibir por salarios y prestaciones sociales.

 

Traslado de procuradurías

Luego de la polémica por la designación en propiedad de Germán Alexánder Almario Díaz como procurador departamental, la Procuraduría General de la Nación decidió remitir por competencia los procesos contra los concejales de Ibagué por la elección del Contralor y el Personero, en el estado por el que pasen, a la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa en Bogotá.

Cabe recordar que luego de la sorpresiva salida de Guillest Trujillo, exprocurador que llevaba los casos de los concejales, fue nombrado por decreto Almario Díaz, a quien se le conoció un vínculo familiar con el hijo del senador Guillermo Santos, y adicional, la esposa del congresista Santos es hermana de Oswaldo Rubio, uno de los concejales investigados, lo que generó suspicacias para los procesos.

Ante dicho traslado, el presidente del Concejo, Carlos Andrés Castro, dijo que “las audiencias que se han interrumpido y aplazado por los argumentos que han esbozado nuestros apoderados llevaron a la Procuraduría a trasladar los procesos a Bogotá, en lo personal he sido notificado y estamos a la expectativa de los llamamientos que se hagan y que sean resueltas las solicitudes hechas”.

Credito
HERYK FARFÁN

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