Con la selección de los integrantes de la Comisión de la Verdad, inicia una ardua labor para el esclarecimiento de las atrocidades cometidas en el marco del conflicto colombiano y con las dificultades que ello representa por la existencia de 8.5 millones de víctimas, múltiples victimarios y múltiples dinámicas violentas que han afectado el territorio.

Los 11 integrantes de la Comisión de la Verdad tienen la inmensa tarea de lograr conciliar las múltiples memorias que la guerra ha dejado, caminando trochas, selvas y pueblos olvidados. Y si algo han dejado en claro estas personas desde que se postularon ante el Comité de Escogencia, es que la idea es propender por la reconciliación y que la construcción de la memoria no polarice más al país.

¿Cómo lograrlo?

Y esto no es fácil. De acuerdo con expertos consultados por Colprensa y las voces de los propios comisionados, la primera tarea que tiene esta entidad es crear una metodología que dé garantías a las víctimas y a los victimarios para sentarse a hablar. Se trata de una especie de estatuto de garantías, que cree condiciones de mínimo respeto, de forma tal que pueda la Comisión empezar sus labores, solventando desde el comienzo las críticas que ya han surgido por la elección de los integrantes.

El general Luis Herlindo Mendieta, quien estuvo 11 años y siete meses secuestrado por las Farc, y quien aspiró a dicha Comisión, por ejemplo, sostuvo a la agencia que no confía en el trabajo que pueda ejecutar este organismo porque, en su criterio, debía haber por lo menos cinco personas víctimas directas de las Farc, preferiblemente, exintegrantes de la Fuerza Pública.

“Pero al estar esa inmensa mayoría de otra tendencia no habrá garantías para relatar, autenticar y verificar si todo lo que allí se está manifestando es verdad o no. En esa narrativa va a quedar solamente el registro de los victimarios, pero no estará incluida la narrativa entregada por las víctimas de las Farc”, aseguró.

Pero contrario a esta posición, para el Comité de Escogencia, es apenas normal que haya discrepancias, desconfianzas y críticas en este proceso que, en todo caso, necesitaba contar con diversas experiencias. De hecho, para el Comité se pudo conformar una Comisión equilibrada.

Presidida por el padre Francisco de Roux, cuyo nombramiento fue destacado por múltiples sectores, la Comisión está compuesta por los periodistas Alfredo Molano y Marta Ruiz, reconocidos por su trabajo de contar y recorrer el país de la guerra.

Igualmente, están la afrocolombiana María Ángela Salazar Murillo, quien ejerce la Secretaría Técnica de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado de Antioquia, y Alejandra Miller, quien se ha distinguido por la promoción de los derechos de las mujeres y la construcción de paz.

Alejandro Valencia Villa ha sido asesor del proyecto de recuperación de la memoria de las mujeres víctimas del conflicto, una iniciativa de la Ruta Pacífica de las Mujeres, así como de las comisiones de la Verdad de Ecuador, Perú y Paraguay. El español Carlos Martín Beristain igualmente asesoró dichas comisiones y ha adelantado trabajos de evaluación de los impactos de las comisiones que existieron en Argentina y Guatemala, entre otros.

La abogada indígena María Patricia Yagarí se ha destacado por el diálogo intercultural y representa a las comunidades étnicas, mientras que la arquitecta Lucía Victoria González es la directora del Museo Casa de la Memoria de Medellín, y Saúl Alonso Franco Agudelo es experto en la medicina social. A este escenario de múltiples campos de acción se suma el mayor en retiro Carlos Guillermo Ospina Galvis, director de la Asociación Colombiana de Militares Victimas del Conflicto.

En diálogo con Colprensa, la abogada indígena María Patricia Tobón consideró que la elección del Comité fue ecuánime y señaló que ante las críticas que se puedan presentar, se debe “asegurar una metodología que permita escucharnos a todos, en un diálogo respetuoso sobre lo que consideramos nosotros que han sido las causas del conflicto”.

En su criterio, es “más que justo que los pueblos indígenas (104 y 84 hablantes) puedan tener voz en el relato histórico de la Nación en el proceso de verdad”. Más, si se tiene en cuenta que, de acuerdo a la Corte Constitucional, las comunidades étnicas y las afro han sufrido de un impacto desproporcionado del conflicto por sus ubicaciones alejadas, dispersas, selváticas, entre otros factores.

“Por eso es importante que haya un componente indígena en la comisión y mujer. Colombia tiene que examinar experiencias internacionales, examinar esfuerzos previos, mirar mandatos del acuerdo final y con base en eso elaborar una metodología transparente”, agregó.

Para Diana Gómez, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la selección fue adecuada, si bien tiene reparos por la presencia del mayor Ospina.

“Es una selección que recoge a candidatos que cuentan con la idoneidad para ocupar este espacio para las víctimas, que dan tranquilidad a las víctimas de que se va a poder hacer el esclarecimiento de la verdad”, señaló.

Los retos

Entre los retos que tendrá la Comisión está establecer cómo se dará cabida a tan amplio universo de víctimas, hacer real el enfoque diferencial, étnico, de género y territorial que dispone el Acuerdo de Paz, para lograr una narrativa de la violencia desde los territorios.

En ello coinciden Gómez y Marco Romero, director de la Consultoría Para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, Codhes. Para Romero, la comisión tendrá que ingeniar una manera de responder a ese universo de 8.5 millones de víctimas sin poder escucharlas a todas.

“También tiene un deber de responder por los daños diferenciales, el daño que ha afectado mujeres, afros, pueblos rurales, a empresarios, a los refugiados y a la democracia, pues recordemos que siete millones de desplazados no votan en sus territorios”, señaló.

Pero a esto, dijo Romero, también se suma escuchar a los victimarios y a las víctimas, “y sobre esta base construir un relato, una verdad compartida, que permita avanzar en reconciliación, no es para construir verdades que alimenten más odios”.

De acuerdo con Romero, igualmente se debe tomar los ejemplos de otras comisiones de la verdad como la de Suráfrica o la de Guatemala, en las cuales se hicieron audiencias públicas en las que participaban victimarios y víctimas, que fueron transmitidas por los grandes medios de comunicación.

En su entrevista ante el Comité, la antioqueña Lucía González destacó por ejemplo el mandato cultural de la Comisión de la Verdad, al explicar la importancia que tiene para la comunidad las narrativas que se utilicen. En ese sentido, señaló que sería importante crear canales de comunicación por radio, expresiones culturales y participación ciudadana, más que en textos, para lograr la movilización social.

“Esta el texto del Centro Nacional de Memoria Histórica, una maravilla, pero si uno pregunta cuánta gente se lo ha leído, casi nadie. O cuánta gente leyó los acuerdos de La Habana, o los resúmenes de los acuerdos. En la reconstrucción del Eje Cafetero estuve de directora social y perdimos seis meses más o menos en la comunicación. No habíamos entendido nada. No habíamos entendido que las víctimas no leían, que no compraban un periódico y terminamos haciendo una radionovela”, señaló.

Decreto que la crea, en estudio en la Corte

A diferencia de la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad ya tiene su reglamentación lista y podría empezar sus labores lo más pronto posible.

La Comisión fue creada por el Acto Legislativo 01 de 2017 que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y por el decreto Ley 588 de 2017, ambos en estudio en la Corte Constitucional, para que funcione por un periodo de tres años, con un periodo previo de preparación de seis meses.

Entre sus funciones está contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, “de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto del conflicto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en género, entre otros”.

Igualmente, debe promover y contribuir al reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto; así como crear un ambiente de diálogo, confianza, cooperación y la solidaridad.

Ante la Corte, el Gobierno nacional solicitó avalar el decreto tal y como está, lo que permite a la Comisión acceder a información oficial reservada, protocolos de intercambio de información, entre otros.

La discusión surgida en este punto pasa por el uso de esa información posteriormente, es decir si será o no publicada, sobre cómo se haría la reproducción de esa información sin revictimizar a las víctimas y en el carácter extrajudicial de la Comisión, debido a que la Comisión hace parte del Sistema Integral, pero es complementaria a la JEP.

El designado presidente de la Comisión, el padre De Roux, precisó al respecto que “esta no es una Comisión de la verdad para incentivar odios ni para profundizar venganzas ni para señalar culpables. La comisión no está para eso. La comisión está para invitarnos a una comprensión colectiva de lo que realmente nos pasó y por qué llegamos a la barbarie en que se vio metido el país profundamente”.

“Los juicios jurídicos los hará la Justicia Especial para la Paz (JEP). Esta Comisión no es para eso, nosotros no somos jueces, somos trabajadores por la verdad”, precisó.