Revuelo generó el fallo que tumbó el proyecto antiminero en Ibagué

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Mientras los ambientalistas culpan al Gobernador por la medida, especialistas en el tema resaltan que la Administración municipal se saltó el orden constitucional establecido.

Distintas reacciones generó en la opinión pública el reciente fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima, que declara fundada la objeción por violación de normas superiores, propuesta por el Gobernador del Departamento, contra el acuerdo número 012 del 11 de agosto del 2017, iniciativa que fue avalada por el Concejo municipal y que contemplaba la prohibición Minera en Ibagué.

 

Concejo de Ibagué

Los primeros en tomar postura fueron los concejales de Ibagué, especialmente los de la bancada de gobierno, estos se mostraron inconformes con la decisión y molestos con el gobernador Óscar Barreto por haber instaurado la medida,

El concejal Liberal, Carlos Andrés Castro, quien además hace las labores de presidente de la Corporación aseguró que: “La única intención que ha tenido el cabildo es conservar los recursos naturales y es por eso que dimos vía libre al proyecto de acuerdo. Ante la decisión la única medida es la tutela y desde el Concejo me imagino que nos organizaremos para proyectar esta medida con el acompañamiento del señor alcalde; el Tribunal está haciendo un control de legalidad en el proceso”.

Un cabildante que sin duda mostró su descontento con el Gobierno Departamental fue Víctor Ariza, quien le recordó a Barreto que lo eligió el pueblo y hoy lo afecta con su iniciativa: “es lamentable que el Tribunal tome estas decisiones, pero lo peor es ver que una persona que fue elegida por el voto de tantos tolimenses, puede llegar a objetar el beneficio de la comunidad, el Gobernador del Tolima está dejando a un lado el sentir y el querer del pueblo por continuar en una disputa con el alcalde; es un sueño que puede acabar por culpa de unos pocos”.

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Humberto Quintero, por su parte, señaló que desde el inicio advirtió lo que podría pasar con la atribución de funciones que no son parte de las delegadas constitucionalmente para las instituciones municipales.

“Estos son los resultados por no tomar en cuenta los conceptos de ciertos abogados quienes nos recomendaron que de no realizarse un cambio en las políticas mineras de orden constitucional, los concejos no tenían las facultades para la toma de este tipo de decisiones en el subsuelo, ahora se tendrá que enfrentar serios inconvenientes disciplinarios, teniendo en cuenta que fue declarado improcedente por el Tribunal”.

 

Juristas

Hay muchos vacíos en los cuales quedaron los ibaguereños por la decisión del Tribunal, por ejemplo: ¿Por qué si la Corte Constitucional falló hace pocos meses a favor de otorgarles facultades a las instituciones territoriales, el Tribunal hoy limita esa sanción?.

El abogado Wilson Vallejo afirmó que: “el Tribunal reversó la medida porque este tipo de decisiones no las puede tomar la Administración municipal cuando son de resorte nacional y la minería es un eje fundamental establecido en el Plan de Desarrollo Nacional, el proyecto de acuerdo no es el más acertado para modificar la minería en los territorios. Un consenso comunitario e interinstitucional donde se transforme los planes de desarrollo municipal y departamental sería la mejor opción”.

Por otro lado, un hombre que ha luchado de frente contra la locomotora minera es el abogado Jorge Negrete, quien manifestó iniciar un proceso tutelar para derribar la decisión del Tribuna Administrativo del Tolima:

“El fallo tiene un sesgo, el Tribunal desconoce un precedente jurisprudencial, se trata de la sentencia T445 del año 2016.

“Esta señala que los municipios al conservar el medio ambiente pueden prohibir la minería, los mecanismos que están llamados a realizarse son las consultas populares, los acuerdos municipales de revisión de los POT y los acuerdos en defensa de los recursos ecológicos. El estado de derecho ha desaparecido en este fallo, puesto que se están vulnerando derechos fundamentales. El Tribunal excluye la referencia establecida en la sentencia y está poniendo por encima la actividad minera y los intereses particulares afectando el bien común”.

 

Ambientalistas

Un referente en la defensa de los recursos naturales es Renzo García, quien manifiesta sentirse preocupado por la decisión del Tribunal, puesto que deja ver el sesgo y la intención de beneficiar las políticas mineras del Gobierno nacional.

“El Tribunal está desconociendo la competencia del Concejo municipal que está amparada por la sentencia emitida por la Corte Constitucional.

Vamos a denunciar la actitud que asume el Gobernador del Tolima, quien prácticamente lo que hace es hacerle “el mandado” al Gobierno nacional, que viene imponiendo una dictadura minera a nivel nacional y lamentablemente está defendiendo los intereses de la maquinaria minera.

Consideramos que es necesario que se garantice la voluntad popular, se requiere que se respeten las decisiones de tipo constitucional; a los magistrados les faltó mucho rigor y lamentablemente dieron una vuelta de 180 grados respecto a que antes a ellos se les había reconocido que en su momento fueron muy consecuentes, pero con este último fallo hay un retroceso que nos preocupa, porque se puede deducir que le están haciendo caso a la maquinaria minera que quiere imponer el Gobierno nacional”.

 

La Gobernación

La directora jurídica del departamento, Dora Patricia Montaña, expuso lo referenciado por la Administración Departamental en donde debería anexarse un trabajo conjunto de las entidades públicas, puesto que es un tema de incidencia local, regional y nacional.

“El fallo hace un análisis de cinco puntos en donde se manifiesta, primero, que no es una modificación del POT. Además toca cuidar los principios de concurrencia dentro de las competencia legales que tiene cada una de las entidades tanto de nivel nacional como territorial. También manifiesta que el Alcalde y el Concejo no adelantaron un proceso participativo, haciéndolo de manera unilateral y, concluye, que la prohibición fue general para todo tipo de minería sin ningún tipo de excepción”.

Credito
EL NUEVO DÍA

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