Procuraduría suspende por nueve meses a 16 concejales de Ibagué

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
Los cabildantes sancionados por la elección irregular de Ramiro Sánchez como contralor, apelarán la decisión ante la Sala Disciplinaria del Ministerio Público.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con nueve meses de suspensión a 16 concejales de Ibagué por la elección irregular de Ramiro Sánchez como contralor para el periodo 2016 - 2020.

Sánchez estaba inhabilitado para el ejercicio del cargo por haberse desempeñado como director territorial en el Tolima de la Escuela Superior de Administración Pública, Esap, dentro de los 12 meses anteriores a su elección, tiempo en el que suscribió varios contratos y convenios con entidades del sector central.

La falta disciplinaria de los cabildantes fue calificadas como gravísima, cometidas con culpa grave, por inobservancia del cuidado que exige el desempeño de sus funciones como voceros de la comunidad ante la Alcaldía.

Una vez conocida la decisión, los abogados defensores sustentaron el recurso de apelación que será interpuesto ante la Sala Disciplinaria del Ministerio Público. Así pues, los cabildantes conservarán sus credenciales a la espera de que se ratifique o revoque la decisión de primera instancia.

Los concejales suspendidos son Víctor Ariza, Juan Ávila, Jorge Bolívar, Carlos Andrés Castro, Camilo Delgado, Víctor Hugo Gracia, Harold Lopera, Hasbledy Morales, Ernesto Ortiz, Linda Esperanza Perdomo, Carlos Andrés Portela, Humberto Quintero, Marco Tulio Quiroga, William Rosas, Oswaldo Rubio y William Santiago.

 

No atendieron las advertencias

El Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa indicó que los cabildantes no solo desconocieron los principios que rigen la función pública, sino que, además, no atendieron las sucesivas dudas y advertencias que rodearon la elección de Sánchez.

El procurador del caso insistió en que los concejales pudieron haber detenido el proceso en razón a estas advertencias y acudir a la CUN para verificar si había realizado el estudio de inhabilidades, además de aplicar las pruebas de conocimiento y experiencia a los aspirantes.

“Tenían la posibilidad de solicitar apoyo y asesoría en ese aspecto (...), de haberlo hecho, habrían corroborado que efectivamente la institución no hizo la revisión y, por lo tanto, que no podían elegir a una persona cuestionada, lo que deja en evidencia la falta de cuidado con la que actuaron al momento de la elección”, indicó.

Aunque los abogados aseguraron que la CUN estaba a cargo de esa obligación, el despacho determinó que no tenía asignada esa labor en el contrato. Además, aclaró que en cualquier caso, así la institución hubiera adelantado esa revisión, esto no absuelve a los concejales de la responsabilidad y la rigurosidad que demanda una elección de este tipo.

También indicó que los cabildantes disponen de instancias como el Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad a la que nunca acudieron para obtener asesoría. Según dijo, por calificado que parezca, los dirigentes no deben actuar en virtud del concepto jurídico que haya presentado un particular.

“Debieron agotar todos los medios disponibles y desplegar acciones para adoptar una decisión con plena certeza de que el elegido no estaba inhabilitado (...), la responsabilidad de elegir a un contralor debe estar exenta de toda duda, pues no se trata de un servidor cualquiera, es ni más ni menos que la persona encargada de ejercer control fiscal del Municipio”, recordó el procurador del caso.

Por otro lado, calificó como irrelevante el argumento de que algunos concejales no contaran con títulos universitarios o que su formación profesional, en campos de ingeniería, administración o la milicia, haya limitado su debida actuación en el caso.

En la diligencia solo estuvieron presentes Camilo Delgado, Harol Lopera, Víctor Ariza, Oswaldo Rubio, Carlos Andrés Portela y Humberto Quintero, así como los apoderados de los demás cabildantes.

 

La apelación 

Para Andrés Leonardo García, abogado del concejal Víctor Ariza, existen elementos probatorios y los argumentos jurídicos para desvirtuar lo resuelto en el fallo de primera instancia.

“El procurador expuso de manera amplia que al momento de la elección, los concejales no tuvieron el cuidado necesario y no fueron precavidos para evitar elegir a una persona con inhabilidad, pero no tuvo en cuenta las pruebas que expusimos y todos los elementos que se presentaron en las audiencias se fueron en contra de los intereses de los defendidos”, dijo García, quien aclaró que si bien cada abogado tiene unos criterios diferentes, existe consenso en este aspecto.

En esa misma línea, el concejal Bolívar lamentó que el procurador no haya considerado los argumentos de los concejales y agregó: “la Constitución nacional estableció cuáles eran las inhabilidades para ocupar ese cargo y textualmente, como lo manifesté en mi apelación, tengo el decreto que controvierte la causal de la inhabilidad. Tengo la certeza absoluta de que actué de acuerdo con la ley”.

Indicó que acudirán a todas las instancias necesarias “incluso, hasta el Consejo de Estado”.

Credito
REDACCIÓN POLÍTICA

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