Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se declararon inocentes el actual gobernador del Tolima, Óscar Barreto, y el exgobernador Fernando Osorio Cuenca, quienes fueron acusados por la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratación.

Los dos implicados fueron acusados por la Fiscalía por su presunta participación en irregularidades en la suscripción del contrato 336 entre la Gobernación y el Convenio Andrés Bello para la dotación de infraestructura tecnológica para instituciones educativas.

En audiencia preparatoria de juicio adelantada este jueves, Barreto Quiroga no aceptó los delitos de prevaricato por omisión y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. “Su señoría, no los acepto”, aseguró.

Igualmente, Osorio Cuenca por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado señaló: “No acepto señoría”.

En la diligencia, la Fiscalía solicitó que sean aceptadas como pruebas los testimonios que permitirían probar la supuesta responsabilidad en este caso como los supervisores del convenio, el exsecretario departamental de Educación, varios peritos investigadores de la Policía Judicial en materia jurídica y contables; así como varias pruebas documentales.

La audiencia preparatoria se suspendió para que en una próxima fecha, que no fue fijada, las defensas de los dirigentes políticos presenten ante la Corte las pruebas que desean sean admitidas.

La acusación contra Osorio se da por supuestas irregularidades por la tramitación y la suscripción del convenio, con un peculado que alcanzaría los mil 300 millones de pesos; mientras que la de Barreto es por la liquidación del mismo y un supuesto peculado de 350 millones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía, entre las irregularidades del convenio está el que no se habrían cumplido los requisitos legales, se habría permitido la apropiación de recursos por parte de terceros y, cuando no se cumplió a cabalidad el objeto de mismo se habría intentado liquidar unilateralmente por el actual Gobernador, sin los requisitos necesarios para ello.

A Barreto Quiroga la Fiscalía lo cuestiona por el supuesto “desconocimiento de requisitos para haber liquidado, de manera adecuada, el convenio 336 del 7 mayo de 2007 y el adicional del 12 de junio de 2007”.

En marzo pasado, la Corte consideró que no existían suficientes argumentos para catalogar a Osorio como un peligro para el desarrollo del proceso, pero debido a la gravedad de los delitos que se le investigan, se le impuso la medida preventiva y acorde a su edad, de manera domiciliaria, esto mientras se resuelve su situación judicial.

Dato

En contrato suscrito en 2007 entre la Gobernación y el Convenio Andrés Bello tenía una duración de cinco años, pero supuestamente se liquidó de manera inadecuada.