“Proceso de reforma judicial deberá blindarse frente a la contienda política”

“Proceso de reforma judicial deberá blindarse frente a la contienda política”
El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, afirma que se espera tramitar todos los proyectos de ley y reformas que se necesitan para implementar el Acuerdo de Paz con las Farc mediante mensaje de urgencia en la próxima legislatura.
COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
Enrique Gil Botero, ministro de Justicia.
Foto: COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
13 Ene 2018 - 3:01am

¿Qué balance hace del 2017 en materia de implementación del acuerdo?

Uno de los logros más importantes de la implementación del Acuerdo Final de Paz fue que mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, se incorporó a la Constitución Política el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, por lo que significa para la satisfacción de los derechos de las víctimas. Hoy, ya contamos con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Además, hay que destacar que ya se produjo la elección del Director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, la instalación del Tribunal para la Paz y las tres Salas de esta justicia especial.

Es más, le cuento que la posesión de los magistrados de la JEP se dará en los próximos días. Así mismo, se aprobaron actos legislativos encaminados a la estabilidad y seguridad jurídica del Acuerdo final de Paz; el de la reincorporación política; la aprobación de leyes como la de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales; la Estatutaria de la oposición y la aprobación del Proyecto de Ley Estatutaria en la JEP. Este desarrollo normativo garantiza que las víctimas sean reparadas integralmente, la sociedad colombiana tendrá la oportunidad de conocer lo ocurrido durante el conflicto armado, y los responsables de conductas determinantes se podrán juzgar y sancionar asegurando necesariamente la no impunidad de los actos de una guerra de más de 50 años.

Hay críticas al Gobierno porque no se presentaron al Congreso todos los proyectos que se esperaban para reglamentar el Acuerdo. ¿Qué es lo más urgente para este año?

El Gobierno nacional tiene un compromiso absoluto en la implementación legislativa del Acuerdo Final de Paz a través de la agenda legislativa. Muestra de este compromiso se puede ver a través de la expedición del Acto Legislativo que dio lugar al fast-track como un procedimiento más expedito para la aprobación de leyes en el Congreso; la presentación y aprobación de los distintos proyectos de ley en materia de paz y la expedición de decretos leyes y decretos reglamentarios por parte del Gobierno nacional.

El Ejecutivo considera que hay un balance muy positivo por el gran número de reformas a la Constitución y leyes presentadas y aprobadas en la agenda legislativa por la paz. De los 19 proyectos presentados, 11 fueron aprobados, y esperamos poder tramitar los demás con mensaje de urgencia en la próxima legislatura.

¿Cuándo se espera tener el marco normativo para el sometimiento del Clan del Golfo?

El pasado 25 de octubre fue radicado ante la Secretaría del Senado el Proyecto de Ley 14 de 2017 cuyo objetivo principal es garantizar la terminación del actuar delictivo de las organizaciones criminales a través de dos estrategias: primero, fortalecer el sistema específico de normas y mecanismos procesales y de investigación que permitan enfrentar oportuna y eficazmente a los Grupos Delictivos Organizados -GDO– y a los Grupos Armados Organizados –GAO.

Segundo, un procedimiento especial para la sujeción a la justicia de grupos armados organizados, sin que esto signifique en ningún momento, su reconocimiento político o la aplicación de mecanismos de justicia transicional. Este proyecto es un instrumento complementario y urgente para facilitar la implementación del Acuerdo Final de la Habana, suscrito entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, y el desarrollo del posconflicto.

En este momento cursa su trámite en el Congreso de la República y esperamos que por medio de un mensaje de urgencia continúe su proceso para el inicio del siguiente periodo de la presente legislatura.

Inician las campañas y el tema de la reforma a la justicia suele ser un caballito de batalla de los candidatos. ¿Cómo hacer esta reforma sin que la contienda afecte a la Rama?

Desde el Ministerio nos hemos encargado en dejar unas bases bien construidas, en las que se estructuren las necesidades del sistema de justicia y del país en la materia. Este primer paso, el de la planeación, se ha hecho de manera transparente, pública y participativa. Es la primera vez que una propuesta de reforma a la justicia se hace de forma explícita y abierta en la que cualquier ciudadano podía y puede enviar sus propuestas para ser escuchados y tenidos en cuenta.

El país debe comprender que este proceso de reformar la justicia deberá blindarse frente a la contienda política y verificar que la construcción de la nueva propuesta de reforma a la justicia contenga lo realmente necesario y jurídicamente viable y no solo responder a propuestas populistas que al fin de cuentas no pueden ser aplicadas. La reforma a la justicia es uno de los proyectos más importantes para el país, por ende, no puede tomarse a la ligera, o bajo el influjo de sesgos políticos o que den réditos electorales.

Se aprobó la doble instancia para aforados, pero se necesitan recursos para poder entrar en marcha, ¿están garantizados los dineros? ¿qué se espera con esta nueva institucionalidad?

Los recursos económicos necesarios para adoptar esta nueva medida no son tan altos como se dice, toda vez que son las mismas instituciones existentes quienes intervienen en este nuevo espacio. Sin embargo, el andamiaje del Estado se está ajustando de tal manera que se garantice la perfecta articulación y que no se requiera mayor gasto en lo que concierne a la doble instancia en materia penal.

Con esta normativa se está garantizando que se cumpla con el debido proceso y el derecho a la defensa, entre otros. Por su parte, la ley de Doble Instancia en Pérdida de Investidura, que pasa a sanción presidencial, tiene como objetivo principal armonizar el ordenamiento jurídico colombiano con la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que establecen la doble instancia como garantía judicial para todas las personas.

Su antecesor decretó una emergencia carcelaria temporal y a la fecha hay problemas por cupos y malas condiciones, ¿el Gobierno ha considerado volver a este escenario?

La emergencia carcelaria que se decretó en 2016 fue una medida temporal de choque que obedeció a la liquidación intempestiva de Caprecom. Ahora bien, no puede pensarse que la emergencia carcelaria es la vía mágica para solucionar las dificultades del sistema penitenciario. El problema carcelario no se resuelve con medidas administrativas de emergencia, toda vez que requiere de reformas profundas. Desde el año 2012, este Ministerio ha estado tomando medidas para frenar la idea de que todo se resuelve con cárcel. El país requiere un sistema penal más humano que se oriente a la realización de los ideales de una sociedad democrática y comprometida con el respeto por los Derechos Humanos.

En ese contexto, a través de reformas como las leyes 1709 de 2014 y 1760 de 2015 hemos logrado racionalizar la detención preventiva sin poner en riesgo la seguridad ciudadana. Actualmente se encuentra pendiente el segundo debate del Proyecto de Ley 014 de 2017 Senado que busca, entre otros, racionalizar el uso de la prisión frente a determinados comportamientos que no deben ser tratados por el derecho punitivo.

¿Cómo va la reglamentación del cannabis medicinal? ¿cuántas licencias se han aprobado?

Colombia realizó la reglamentación de la ley 1787 de 2016 en un tiempo récord. En abril, junto al Ministerio de Salud y el de Agricultura, emitimos el decreto 613 de 2017 donde se reglamenta el acceso seguro e informado al uso médico del cannabis. Posteriormente, y a través de cinco resoluciones se terminó la reglamentación.

La resolución 577 del Minjusticia, tiene que ver con la forma de presentar la solicitud de las licencias y los cupos, las causales y requisitos para la modificación y cancelación de dichas solicitudes y para el otorgamiento de cupos complementarios.

La resolución 578 establece el manual de tarifas correspondientes a los servicios de evaluación y seguimiento que deben pagar las personas solicitantes de las licencias. La resolución 579 define como pequeños y medianos cultivadores de cannabis medicinal a las personas naturales cuya área total de cultivo de la planta no supere las 0,5 hectáreas. En agosto, el Ministerio de Salud emitió dos resoluciones: la 2891 donde se fijan las tarifas que deben pagar las personas naturales y jurídicas que lleven a cabo procesos de transformación de cannabis, y la 2892 donde se especifica la reglamentación que deben seguir los solicitantes de licencias para producción y fabricación de derivados. A la fecha, el Ministerio ha otorgado doce licencias de cannabis psicoactivo, doce licencias de cannabis no psicoactivo y dos licencias para uso de semillas para siembra a diferentes empresas.

 

Se habló de un decreto para las repatriaciones de nacionales presos en otros países. ¿Cómo va y cuál es su intención?

 El Gobierno expidió el decreto 1427 de 2017 que facultó al Ministerio para decidir sobre el traslado de ciudadanos extranjeros condenados en Colombia. Esta es una nueva competencia legal de nuestra cartera, que busca fortalecer la cooperación judicial. Durante el año 2017 avanzamos en la suscripción del Tratado para el Traslado de Personas Condenadas con la República de Italia, que actualmente se encuentra en trámite legislativo; y en las negociaciones para suscribir tratados de este mismo tipo con la República Popular China y la República del Perú.

Para los casos en los cuales no existen tratados, se sigue un procedimiento diferente y se deben tener en cuenta criterios humanitarios como edad avanzada (a partir de 65 años) o enfermedades graves de la persona condenada o de sus padres, hijos, esposo o compañero permanente; o estado de invalidez del interno. 

Publicada por
BOGOTÁ, COLPRENSA