La polémica que comenzó esta semana con la revelación de una carta en la que los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia solicitaban aclarar el manejo de los dineros aportados por estos países para el posconflicto, y la no renovación del contrato de Marcela Huertas, quien ejercía como coordinadora del Fondo Colombia en Paz, tuvo su más reciente capítulo con una reunión en la Casa de Nariño entre un amplio grupo de diplomáticos y el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos.

Una de las decisiones tomadas tras el encuentro, es que el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, será de ahora en adelante el encargado de informar a la comunidad internacional los movimientos que se hagan en este fondo.

Precisamente, el mismo Naranjo, informó que se contratará un auditoría para verificar de manera técnica, por parte de empresas especializadas, el manejo de los recursos.

“Es un mandato para que se ponga en marcha la próxima semana y esperamos hacer una rendición de cuentas con los resultados que arroje”, dijo el Vicepresidente.

Y es que el tema, tras la carta de los diplomáticos, desencadenó una serie de pronunciamientos que no ha parado, y además encendió las alarmas de todos los organismos de control, que ya iniciaron indagaciones preliminares para esclarecer el destino de estos dineros, necesarios para la implementación de importantes proyectos y mecanismos de los acuerdos de La Habana, entre ellos la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Pero fue el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien puso la polémica en otro nivel cuando envió una carta al presidente Santos en donde señalaba que ya se adelantan algunas investigaciones ante posibles irregularidades en los procesos de contratación de los proyectos productivos para el posconflicto, en donde intermediarios estarían sobornando y cobrando porcentajes para la adjudicación de los contratos.

“La Fiscalía ha venido indagando sobre estos procesos de contratación desde el año pasado y de acuerdo con evidencias obtenidas mediante controles técnicos y seguimientos legales, hemos advertido la existencia de una red de intermediarios que estaría interesada en la adjudicación de esos proyectos en beneficio de empresarios y contratistas a cambio de porcentajes sobre el mismo valor de los contratos”, explicó Martínez.

De acuerdo con la misiva, para cumplir con ese objetivo, estas personas habrían tenido acceso a información privilegiada sobre los proyectos en trámite de adjudicación y estarían ofreciendo compensaciones económicas a los funcionarios públicos encargados de las adjudicaciones de esos contratos.

Por su parte, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, centró sus cuestionamientos en los contratos del Fondo Colombia en Paz e inició una indagación preliminar con la que busca establecer si existe una alteración de honorarios o ineficiencia en el manejo de esos recursos.

“Los fondos son objeto de control por parte de las instituciones y nuestra gran preocupación es que el único lujo que no se puede dar el país es que vaya a colapsar la paz por el mal manejo de los dineros.

“Estamos iniciando con toda contundencia la investigación de qué pasó con los recursos, donde tenemos un gran compromiso internacional de ser transparentes y eficientes, pero sobre todo rendirles cuentas a Cooperación Internacional y al país”, indicó Carrillo.

Además, en medio de la polémica, se han conocido diferentes misivas de la Contraloría General de la República dirigidas a Gloria Ospina, directora del Fondo Colombia en Paz, en la que le solicitaban información al respecto de la proveniencia y ejecución de los recursos y el cumplimiento de las metas sobre los proyectos, así como datos precisos sobre la subcuenta de dicho fondo destinada a la puesta en marcha de la JEP.

El pasado viernes, la Directora le envió al ente de control un reporte sobre la ejecución presupuestal del Tribunal de Paz en la vigencia 2017, donde precisó –entre otros detalles– que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignó $36 mil 753 millones para el apoyo de la implementación de la JEP, a lo que se suman los $7.740 millones que ingresaron durante el año 2018, para un total asignado de $44 mil 493 millones.

Lo grave es que todos estos cuestionamientos ocurren en medio de evidentes retrasos de la puesta en marcha de este tribunal en aspectos como la falta de equipos, personal y la dotación para las oficinas, que en parte dependía de algunos recursos provenientes del fondo. Además de la renuncia de Néstor Raúl Correa, secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, quien estaría en el cargo hasta el próximo 30 de abril.

En diálogo con medios, Ospina aseguró que la entidad lleva seis meses de operación y ha recibido 853 mil millones de pesos y que pese a los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos y la ejecución de los proyectos no va renunciar: “El fondo lleva seis meses de operación y en este periodo se han recibido 853 mil millones de pesos y a la fecha se han comprometido 721 mil millones de pesos, es decir el 88% de los recursos recibidos, la diferencia se encuentran en los procesos que se están iniciando en este momento o en las próximas semanas”, indicó.

Frente a la salida de la Coordinadora, Ospina indicó que “esto no es un tema personal con Marcela Huertas, esto no es un tema de mujeres. Esto es una decisión de gobierno en aras de lograr mayores alcances, mayores ejecuciones y mejores resultados. No era un tema de relación con Gloria Ospina. No es Ospina, es el Gobierno nacional quien toma la decisión”.

Mala imagen externa

Para algunos analistas, este tipo de hechos pueden afectar la credibilidad del país a nivel internacional y confirmarían las improvisaciones que se han denunciado frente a la forma como se están manejando algunos aspectos del posconflicto.

El director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosanía, aseguró que estas investigaciones pueden generar una mala imagen a nivel internacional, sobre todo en los países que han venido realizando aportes.

“En temas de transparencia internacional, el país, en este momento, quedó comprometido, ya sea porque la investigación tenga un resultado positivo o negativo. En ese aspecto, la confianza queda con una mala imagen dejando un mal precedente por la polémica que se ha generado en los últimos días”, indicó Rosanía.

Con esa postura coincidió Andrés Molano, director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, quien señaló que estos hechos ponen en entredicho la capacidad institucional del país para el cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz.

“Aquí se pueden evidenciar debilidades institucionales frente a unos compromisos que no fueron priorizados, planeados y frente a los cuales ha habido improvisación, además de un manejo cuestionable de algunos de los recursos”, indicó Molano.

Según Molano, estos cuestionamientos también podrían generar una desconfianza entre los actores que ponen los recursos para financiar la implementación de esos acuerdos. “Aquí no solo hablamos de los donantes internacionales sino de actores privados que estuvieran interesados o que ya han hecho contribuciones con ese propósito”.

De acuerdo con los analistas, a nivel interno estos hechos también tendrían una repercusión negativa porque existen críticas sobre los pocos avances que han tenido los proyectos productivos que se habían acordado en La Habana, los cuales serían financiados, en una mayor parte, con dineros de cooperación internacional.

“El rubro más importante para la financiación de estos proyectos son los que están en medio de la polémica, que confirma a nivel interno la crítica que se ha venido realizando sobre las demoras e ineficiencias que existen sobre la implementación del acuerdo”, indicó Rosanía.

En ese sentido, Molano señaló que estas irregularidades “le dan fuerza al discurso de que el Estado no está cumpliendo mientras que las Farc lo han venido haciendo, y aquí se pueden tener reservas frente a este aspecto, pero da pie a que el Gobierno ha tenido problemas con esos compromisos porque existen un mal manejo de los recursos”.

El Director del Instituto también señaló que esos compromisos se adquirieron sin saber el orden de prioridades que iban a tener, sin identificar las capacidades que se requerían para cumplirlos y sin una claridad sobre la manera en la que iban a desarrollar esos proyectos a futuro.

“Llegaron los recursos y no se tenía una gobernanza de las instituciones encargadas del manejo de estos aportes y lo que nos refleja es que hay una enorme improvisación y una falta de liderazgo político de un gobierno que hizo de los acuerdos de paz su bandera”, manifestó Molano.

Por su parte, Rosanía aseguró que el futuro de esos recursos para el posconflicto también puede estar comprometido, porque “el país sigue con una lógica de políticas de Gobierno y no de Estado, y esto ha sido uno de los reparos que han hecho parte de los donantes, porque si llega a subir un Gobierno que modifique los acuerdos, se verían afectados esos recursos que ellos ya giraron para la implementación”.

Los expertos indicaron que el Gobierno nacional en los meses que le queda de mandato va a intentar sanear la polémica que se ha suscitado sobre los recursos del posconflicto y sobre todo esclarecer la existencia de un posible ‘Carrusel de la Paz’.

¿Qué es el fondo Colombia en Paz?

El Fondo Colombia en Paz (FCP) fue creado a través del decreto 691 del 27 de abril del 2017, sustituyendo al Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en las Zonas Afectadas por el Conflicto.

Este organismo, en su momento, fue definido por el Gobierno nacional como un “fondo de fondos”, porque es el encargado de recibir, administrar, focalizar y ejecutar los recursos para el posconflicto provenientes del presupuesto nacional, aportes de regalías, sector privado y la comunidad internacional.

Según el Gobierno, el FPC tendrá una duración de 10 años y está compuesto por cuatro subfondos: Fondo Colombia Sostenible, que cuenta con un presupuesto de 38,4 millones de dólares, los cuales no han sido ejecutados; el Fondo Multidonante, que maneja recursos por 82,7 millones de dólares y tiene una ejecución del 81,1%; el Fondo de la Unión Europea, con un presupuesto de 86,4 millones de dólares, de los cuales se ha invertido el 94,3%; y Fondo del Banco Mundial, con 7,1 millones de dólares, que se han invertido en su totalidad.