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“Estamos trabajando en un cese al fuego más sólido con el Eln”

HÉLMER PARRA - EL NUEVO DÍA
Durante la activación del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos para Tolima, el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, aseguró que el Gobierno nacional avanza en un cese al fuego que no comete los errores del pasado.

¿Cuál será la función del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos?

Es una institución que recibirá la apoyo del Gobierno nacional para el proceso de construcción de paz en este departamento de aquí a 2031. El Gobierno nacional enfrentó, negoció y logró este acuerdo con las Farc, y lideró la primera etapa de su implementación, que eran los procesos de entrega de armas y el tránsito a la legalidad, pero ahora el liderazgo de construcción de paz lo deben asumir los gobernadores y las instituciones públicas y privadas de cada región. 

¿Cuáles son los desafíos en el posconflicto en el Tolima?

Tolima tiene retos grades:  más de 200 mil víctimas deben ser atendidas, en materia de desminado es el noveno departamento del país más afectado, hay desafíos en materia de reincorporación en Icononzo y Planadas, el desarrollo rural integral es central dada su vocación agrícola y hay una terrible ausencia del Estado, que ahora debe proveer mejores condiciones y oportunidades.

¿El caso ‘Santrich’ está debilitando la confianza en el proceso y la JEP?

Las Farc firmaron un acuerdo  con el Gobierno para ponerle fin al conflicto, lo que garantiza que vengan a nuestro Estado de derecho. Entonces, todo lo que está pasando alrededor de este episodio, que se pone un poco dramático, muestra un Estado funcional que está actuando, a través de las distintas instituciones. Para este caso está actuando la Fiscalía, también lo hará la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y eventualmente en este camino procesal lo puede hacer la Procuraduría. La JEP también hace parte de la institucionalidad, tiene su periodo y deberá cumplir cabalmente dentro de un sistema de derecho que tiene pesos y contrapesos en el resto del poder judicial. 

¿Qué tan cerca está el Gobierno de acordar un cese bilateral con el Eln?

Nos hemos propuesto acordar cuanto antes un cese al fuego bilateral que sea más sólido que el que tuvimos entre octubre de 2017 y enero de 2018, que no fue  perfecto, pero tuvo alivios humanitarios muy sensibles para las comunidades de áreas de influencias del Eln. Estamos trabajando con una estrategia muy minuciosa de lo que fue el anterior cese para aprender de las lecciones del pasado y acordar los elementos indispensables que representen nuevo alivios y garantías para la población civil de que habrá ataques y crímenes. 

Son continúas las denuncias en contra del Gobierno por no cumplir la implementación territorial. En el Tolima faltan proyectos productivos y alojamientos por terminar...Hay muchos actores e intereses políticos en las valoraciones que se hagan sobre la implementación del acuerdo. Nos propusimos cosas ambiciosas y complejas que nos van a tomar 15 años. El plan marco de implementación acordado con Farc incluye más de 500 indicadores, de ellos, 80 tienen que cumplirse este año y llevamos un 70 por ciento. 

Los exintegrantes de Farc han recibido los incentivos en temas económicos y sociales. Y hay temas como el de los espacios territoriales, donde se avanzó en la construcción y acondicionamiento de alojamientos, que son suficientes, pero hay un acuerdo con ellos de que el Gobierno proveía los materiales y ellos los desarrollaban, y, en muchos casos, los materiales quedaron por ahí porque después del 16 de agosto de 2017 mucha gente se fue.

¿Cómo se va a garantizar la ejecución de los planes de desarrollo con enfoque territorial (Pdet) apenas alcanza para su formulación?

El presupuesto que requiere la implementación del acuerdo en 15 años asciende a 129 billones de pesos, recursos cuya viabilidad y disponibilidad está prevista por Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda en el marco fiscal de largo plazo. De ese monto, 110 billones se van a emplear en la reforma rural integral, y de ese total, 70 billones se destinarán en los municipios Pdet, que están agrupados en 16 regiones.

La meta es que en agosto tengamos 12 de los 16 planes y en septiembre los otros cuatro, para que su implementación inicie en 2019.Hemos pasado la etapa veredal de la participación de la gente en la identificación de sus necesidades y el listado de prioridades, y ahora vamos a empezar la etapa municipal y luego la etapa regional. Se trata de un ejercicio de abajo hacia arriba de participación de la gente y de arriba hacia abajo en apropiación de recursos.

¿Cómo actúa el Gobierno para erradicar los síntomas de corrupción en los manejos de los recursos de la paz?

Siempre hay riesgo de corrupción, pero lo importante es que se tomen medidas para evitarla, como ocurrió en este caso. El Gobierno nacional puso en manos de la Fiscalía el conocimiento de los primeros indicios de que había unos intermediarios de dudosa reputación, y el grueso de la intención criminal se logró evitar, lo que muestra que hay una institucionalidad con anticuerpos que actúan rápidamente. Ahora, la prioridad es la velocidad en aplicación, eficiencia y transparencia de estos recursos.

¿Cómo va a dejar este Gobierno el avance de la reforma rural?

El reto más grueso es el de la reforma rural integral, que implica formalizar siete millones de hectáreas, y apenas hemos formalizado un millón y medio, pero a este ritmo, en cinco años vamos a terminar esta tarea. También implica adjudicar tres millones de hectáreas en títulos a campesinos, hoy solamente hemos adjudicado 250 mil, pero si la ley de reforma forestal es aprobada en el Congreso, podríamos terminar adjudicando 500 mil antes del 7 de agosto y, entre cinco y ocho años, cumpliríamos la meta. 

Implica, además, construir vías terciarias y avanzar en proyectos productivos para excombatientes y excultivadores de coca con instalación de  viveros y semilleros, así como de asistencia técnica. Es un tarea gigantes: cumplir en 15 años lo que no hemos cumplido en dos siglos.

¿Y cuáles serán las otras pendientes?

Un segundo reto es activar todos los mecanismos para que la reconciliación sea exitosa. Somos el país que más sabe de violencia en América Latina, una medalla de oro muy vergonzosa. También sabemos de paz, pero no de reconciliación, que es la tarea más difícil porque implica perdonar,  encontrarse con la víctima y renunciar a la estigmatización del contrario.

Ya están pasando cosas, pero la campaña política no es un buen momento para propiciar eso. Un tercer reto es refinar los instrumentos de protección colectiva en las zonas grises que desocuparon las Farc, porque hay actores armados que se disputan las rentas y cultivos ilícitos, así como la minería ilegal. Hemos sido exitosos en proteger al liderazgo de Farc, y a quienes se quedaron en los espacios territoriales, pero hay excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en estas zonas grises. 

¿Por qué la dificultad para que la ciudadanía asuma y se apropie del acuerdo?

Hubo ocho millones 600 mil víctimas de este conflicto, una experiencia extrema de dolor y sufrimiento que causó  heridas que todavía están abiertas y para eso hay que aplicar un tratamiento  sin anestesia que implica tiempo y voluntad de todos los actores.Tal vez la asignatura más difícil en el largo proceso de construcción de paz que estamos emprendiendo es el perdón y la reconciliación,  y que no puede ser obligatorio.

El instituto Kroc dice que de los 34 acuerdos que se han suscrito en el mundo en los últimos 29 años, ninguno se cumple al 100 por ciento, y muchos de ellos se limitan a cosas que nosotros ya hicimos como el desarme y la desmovilización. 

¿Faltó pedagogía? 

Sí falta. La intención es explicar la lógica ética y estratégica del valor de este acuerdo de paz que mucha gente demerita, porque,  en parte, han sido envenenados por el discurso político de oposición. Promover la paz es responsable, correcto y estratégicamente apropiado, pero no es lo más popular, especialmente en un país con más de ocho millones de víctimas y donde los otros cuarenta millones de ciudadanos no fueron victimizados directamente y tienen una percepción lejana de esa experiencia. Muchos vieron la guerra por televisión y la sienten como ajena. 

¿Qué tanto ha afectado el ambiente electoral?

No ha sido un buen momento para las campañas políticas, porque hay muchos incentivos políticos en mantener las heridas abiertas, exacerbar las pasiones y los odios, y recordar la historia con el único ánimo de obtener dividendos electorales. Pero insisto: hay vida más allá de la campaña presidencial y cualquiera que sea el Gobierno que venga, va a tener de su lado el interés de prestigiar esta política, para tratar de que se cierren las heridas y se desactive la bomba de presión que son estos rencores y sed de venganza. Cuando vengan nuevos gobiernos va a haber un ambiente distinto, mucho más proclive en mantener y fortalecer la implementación, y ningún candidato está planteando echarlo para atrás y ningún presidente lo podrá hacer.

EL NUEVO DÍA

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