Como resultado de la auditoría regular efectuada al Ibal para la vigencia 2017, la Contraloría de Ibagué estableció 27 hallazgos administrativos, nueve de ellos tienen incidencia fiscal por una cuantía de 2.551 millones de pesos, 18 fueron disciplinarios y tres penales.

Entre los principales hallazgos figura una falta de control y seguimiento de cuentas por cobrar que derivó en un daño patrimonial de 2.410 millones de pesos. Según se indica en informe, en el libro de inventario y balance del Ibal, “en la cuenta número 13 existe un saldo con corte al 31 de diciembre por valor de 13.916.727 millones de pesos. Con esto se puede evidenciar que la entidad no ha gestionado el procedimiento de la recuperación de la cartera de forma eficiente, continua y oportuna, evidenciándose una falta de gestión fiscal”.

Otro hallazgo tiene que ver que ver con una falta de control y seguimiento en la selección del tipo de contrato para el convenio 158 del 24 de noviembre de 2017, cuyo objeto era instalación de puntos eléctricos regulados en diferentes dependencias del Ibal. “Se evidencian cantidades de obra reconocidas dentro del acta final que no se demuestran en el sitio de las obras. Se pudo observar que dicho contrato se clasificó como prestación de servicios y no como un contrato de obra, como lo estipula la ley de contratación”, se indica en el documento.

Además, se señala que al dejar este contrato como una prestación de servicios, el Ibal no exigió al contratista el pago de la contribución especial por contratos de obra pública el 5 por ciento.

Un hallazgo hace referencia a contratación ineficiente, ineficaz y antieconómica del contrato 145 de 2017 por valor de 4.200 millones de pesos.

De acuerdo con el informe, no se evidencia el impacto de la contratación sobre la entidad, “toda vez que el Ibal no está implementando el Secop II y las actividades pactadas en las obligaciones del contrato se podían llevar a cabo haciendo uso de los instructivos de la plataforma”

Otras situaciones tienen que ver por debilidades en la supervisión de los contratos referentes a la verificación de los documentos de pagos de salud y falta de planeación en la celebración de convenios que firmaron el año pasado, “ya que se pudo comprobar que algunos convenios a la fecha no se han iniciado”.

La Contraloría detalló que el Ibal debe presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias durante el proceso auditor, acciones que deben responder a las debilidades detectadas. Por otro lado, en la auditoría regular, la Contraloría calificó la gestión fiscal como favorable con 85.5 puntos.

Dato

El proceso de auditoría modalidad regular se llevó a cabo desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de ese mismo año.