Las decisiones se tomaron luego de la realización de una Comisión de Garantías Electorales en la que estuvieron presentes representantes de las entidades del Estado, parte del equipo de Gobierno y miembros de organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

Al finalizar la reunión, el presidente destacó que tanto los gobernadores y alcaldes deben poner un mayor esfuerzo y ayudar el Gobierno Nacional a luchar contra este fenómeno. “Aquí tenemos que  trabajar más de la mano con ellos y también asignarles unas responsabilidades especiales”, dijo Santos en referencia al compromiso de las entidades territoriales, de los gobernadores y alcaldes.

Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), las medidas anunciadas por el presidente son suficiente para tratar de combatir este fenómeno en lo que le queda de periodo presidencial a Santos.

“Son medidas que no tiene únicamente la participación del Gobierno, sino también de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía y eso es esencial. Por ejemplo, la ampliación del Plan Orus, la creación del mecanismo en la Policía de respuesta rápida, me parecen que son medidas suficientes y necesarias para afrontar el problema y para un gobierno al que le quedan cuatro semanas. También muestra que hasta último momento está haciendo lo necesario para afrontar la violencia”, dice Restrepo.

Sin embargo, para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, estas son medidas temporales que “no están resolviendo el tema de fondo. El tema de fondo es que pare la masacre  y  que  se logren crear los mecanismos de protección para que para los líderes. Esto  solo se logra si hay una judicialización, es decir, solo en la medida que la Fiscalía avance en las investigaciones, esto se va a poder detener, antes no”.

Ante esto, Guillermo Rivera, afirma que la Fiscalía General entregó un informe pormenorizado de los resultados de las investigaciones durante la comisión en el que se establece que hay una tasa de esclarecimiento de alrededor del 50%. “Ya hay un número importante de autores materiales e intelectuales identificados  entre las organizaciones criminales. A la que más  homicidios se le atribuye por cuenta de la Fiscalía, es al Clan del Golfo”.

La mayor duda que surge en relación a este plan de choque anunciado por el Gobierno está relacionada con la continuidad en el próximo mandato, debido a que el presidente electo Iván Duque,  fue invitado a esta comisión, pero no asistió.

Para Restrepo es “lamentable que no hubiese ido ni siquiera en calidad de observador alguna  persona del Gobierno entrante  porque este tipo de reuniones  sirven para conocer la situación y  enterarse de la situación (…) no se trataba de una reunión de toma de decisiones, las decisiones las toma el Gobierno con las entidades del Estado”.

No obstante,  el director del CERAC agrega que también se entiende la no asistencia de alguien del gobierno entrante argumentando  que enviar a cualquier persona hubiese podido ser visto como una designación de alguien  para alguna posición ministerial.

Ávila sostiene que la no asistencia al evento demuestra el nivel de compromiso que tiene con este tema y agrega para el próximo Gobierno sería bueno mantener la agenda que trazó el Gobierno Santos para luchar contra el asesinato de líderes sociales, pero se requiere determinar y judicializar a los autores intelectuales y eso lo tiene que hacer la justicia colombiana”.

Medidas

Entre las medidas anunciadas por el presidente, se fortalecerá la Unidad Nacional de Protección con más recursos para los estudios de riesgo colectivo, ampliar esquemas individuales y  acelerar la implementación de la ruta colectiva de riesgo.

“Vamos a fortalecer la Unidad Nacional de Protección. Se le deben, creo 50.000 millones de pesos, ya le di instrucciones al Ministerio de Hacienda para que los trasladen hoy mismo. La unidad ha hecho una gran gestión pero está desbordada, por eso hemos dicho que le den más recursos y también vamos a reforzar la implementación de la ruta colectiva de riesgo”, sostuvo el mandatario.

Otra de las medidas consiste en acelerar y ampliar el programa de medidas colectivas de seguridad, sumando los municipios de Corinto, Cáceres, El Bagre, Buenaventura, Quibdó y Tame. Así mismo, el mandatario ordenó crear un plan urgente de intervención por 30 días en cabeza del Ministerio de Defensa para las zonas más afectadas por estos hechos en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó.

Desde el Ministerio de Defensa, de acuerdo al presidente, se fortalecerá el instrumento de reacción rápida que hoy atiende las alertas generadas por le Defensoría al interior del Sistema de Prevención y Alerta creado en el acuerdo de paz. Así mismo, se ordenó crear una ventanilla única de denuncia en el Ministerio del Interior a través de una línea para la recepción de información oportuna sobre amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

De la misma manera se creará un sistema de recompensas por toda información que permita identificar a los responsables de los atentados contra los líderes sociales y de derechos humanos. Dichas recompensas serán mayores por la identificación de autores intelectuales de estos crímenes.

De igual forma, Santos aseguró que se iniciarán investigaciones al interior de la Fuerza Pública debido a que en el interior de ellas se están presentando casos de corrupción para fortalecer las ‘mafias’ que están detrás del asesinato de los líderes sociales.

Los pendientes

Pese a estas medidas, quedó sobre el tapete que todavía no hay una cifra exacta de cuántos líderes  han sido asesinado, cuántos están amenazados y las causas tras de estos hechos,  debido a que las diferentes entidades del Estados  manejan datos distintos.

De acuerdo a Guillermo Rivera, ministro del Interior, para este caso puntual, el presidente le pidió que se valide el trabajo de verificación que en terreno hace la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, debido a que un ente  neutral.

Otro de los temas que quedó pendiente luego de esta reunión está relacionado con la supuesta persecución de la que están siendo víctimas los líderes sociales afines a la Colombia Humana, movimiento  que representa el excandidato presidencial Gustavo Petro.

Un grupo de representantes de dicha organización le había comunicado a través de una carta al presidente Santos su preocupación por la situación. “Entre el 11 de marzo, día de inicio oficial de las campañas políticas de cara a las elecciones presidenciales de primera vuelta el 27 de mayo de 2018 y segunda vuelta el 17 de junio de 2018, y el 7 de julio, se contabilizan más de 50 muertes violentas de líderes sociales o defensores de Derechos Humanos, entre ellas varios líderes y lideresas locales y miembros activos de la campaña de Gustavo Petro en diferentes regiones del país, además de numerosas amenazas”.  

“Vamos a establecer comunicación directa con la Colombia Humana para saber  qué está pasando  con una especie de persecución que se ha venido generando  contra los líderes de ese movimiento política. Seré el funcionario encargado de establecer con ellos el diálogo”, dijo Rivera en referencia a los cuestionamientos de la Colombia Humana.