Entre las preguntas que contiene la papeleta están si las personas están o no de acuerdo con: bajar el salario a los congresistas y altos funcionarios; quitar los beneficios de cárcel especial a corruptos y prohibirles contratar con el Estado; la asignación de presupuestos públicos con participación ciudadana a través de audiencias públicas; quitar los beneficios de cárcel especial a corruptos y prohibirles contratar con el Estado.
Así mismo, se les pregunta a los ciudadanos si están o no de acuerdo con: realizar una contratación transparente con pliegos tipo en todo el país (hoy sólo hay pliegos tipo en infraestructura); que los congresistas rindan cuentas claras sobre su gestión, haciendo públicas sus gestiones, votaciones e iniciativas; hacer públicas las declaraciones de renta e ingresos injustificados de políticos y extinguir su dominio; y limitar máximo 3 periodos los cargos en corporaciones públicas.
El reto para los impulsores de la consulta es lograr el umbral requerido, es decir, al menos una tercera parte del censo electoral, que en promedio serían 12 millones de votos. De ellos, la mitad más uno deberá refrendar la validez de cada uno de los puntos.
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