Con la Ley de Presupuesto se pondrían en riesgo las consultas populares: MOE

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
La organización alertó que los municipios y departamentos asumirían la financiación del mecanismo.

A través de una carta, la Misión de Observación Electoral (MOE), alertó que en el trámite de la Ley de Presupuesto se aprobó un artículo que obliga la financiación de las consultas populares por parte de los municipios y departamentos, lo que, según la organización pone en riesgo la realización de futuras consultas.

En la misiva, enviada a las comisiones Tercera y Cuarta del Congreso de la República, la MOE presentó sus inquietudes y preocupaciones por la posibilidad de que el Gobierno nacional no destine recursos para que se realicen estos mecanismos durante el próximo año.

El artículo aprobado en primer debate enuncia: “Departamento, Municipio o Distrito, previo a la expedición del acto administrativo que convoque a una consulta popular del nivel territorial, deberá contar en su presupuesto con la apropiación necesaria para atender estos gastos”.

Para la MOE, otorgarle esta competencia a las administraciones municipales y departamentales puede llegar a generar un incentivo negativo que impida la votación de este tipo de iniciativas. Llegado el caso que una entidad territorial no esté de acuerdo con la temática de una consulta popular, podrá, escudándose en la falta de recursos, evitar apropiar los dineros necesarios para su realización.

Además, señala que dicho artículo puede tener problemas de constitucionalidad según el artículo 356, en el que refiere que “no se podrá descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas”.

En este sentido resultaría inconveniente otorgarle una nueva competencia a los entes territoriales, como es el caso de organizar y financiar un proceso electoral, sin antes tener claro una fuente financiera que asegura la ejecución a satisfacción de esta competencia.

La MOE asegura que en caso de que finalmente sean los entes territoriales los que asuman la financiación de estas consultas, se estaría violando el principio de especialización y se vulneraría la autonomía territorial, sobre todo porque en Colombia es la Registraduría Nacional del Estado Civil la entidad competente y encargada de ejecutar todos los procesos electorales.

A juicio de la MOE la mayoría de los entes territoriales no tienen la capacidad técnica para organizar un proceso electoral, lo que sería riesgoso para la democracia. Adicionalmente, obligar a los municipios y departamentos a financiar procesos electorales con recursos propios implicaría recortar recursos de inversión, situación que va en contra de los intereses locales.

 

OPINE

Renzo García, Líder ambiental: “Es un retroceso del país en temas democráticos. Diciendo que no cuenta con recursos, el Ministerio de Hacienda viene torpedeando cerca de 30 procesos de consultas, que cuestan unos $60 millones, pero para la consulta liberal sí destinaron cerca de $41 mil millones”.

James Ducuara, Promotor Consulta de Ortega: “Puede ser una salida al estancamiento de las consultas, pero es que los alcaldes y concejos han sido coaptados por los intereses mineros, entonces no hay garantía que la financiación sea efectiva, toda vez que se necesita también de la voluntad política de estos”.

Armando Salazar - Mesa Ecorregional: “Este es un mico del Gobierno nacional para restringir las consultas por parte de las comunidades, lo que constituye una violación a la Constitución en materia de participación. Sin duda, esto representa un atraso para nuestra democracia y esperamos que esa Ley no pase”.

Credito
EL NUEVO DÍA

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