En debate de control político en el Concejo de Ibagué, el personero Camilo Ernesto Ossa consideró que, según la normatividad de la administración pública, las investigaciones adelantadas por el abogado Augusto Ocampo, denominado zar anticorrupción de la Administración municipal, son ilegales.

De acuerdo con el Personero, el controvertido abogado, vinculado a la Alcaldía a través de un contrato de prestación de servicios para asesorar y apoyar procesos de gestión y prevención de la corrupción, no puede ejecutar funciones que son propias de las entidades de control o las oficinas de control interno y disciplinario como recaudar pruebas o determinar el curso de una investigación.

“Las acciones que máximo puede desarrollar en virtud de ese contrato son meramente preventivas y de capacitación entre los funcionarios de la administración pública para evitar que se comentan actos de corrupción, más no para investigarlos. Las investigaciones que se han adelantado en desarrollo de este contrato devienen en ilegales”, indicó Ossa.

Para el Personero, al tratarse de un contratista que pertenece al conglomerado de la Administración, pueden quedar en duda la efectividad de sus actuaciones “porque básicamente él va a denunciar lo que desea que se denuncie. Eso trastoca la separación de poderes. Es una figura que debe rediseñarse para que pueda ejercer las funciones que legalmente puede realizar”.

En el mismo sentido se quejó el concejal Camilo Delgado al señalar que Ocampo goza de facultades investigativas sin que, por lo menos, haya articulado acciones de lucha anticorrupción con la Personería, la Contraloría o la Fiscalía. Le reprochó, además, que no haya atendido la invitación del Concejo para que presentara los avances su contrato, pese a que él mismo (Ocampo) había mostrado interés de intervenir en la corporación.

“Es bastante particular que un contratista tenga super potestad investigativa. Contrariando las normas de la administración pública, nos inventamos una figura que ni siquiera está en el Plan de Desarrollo y por justificar la contratación de personal, que pareciera está más preocupado por conseguir trabajo a su familia que luchar contra la corrupción”, dijo el cabildante.

En el debate, el secretario de Hacienda, Juan Espinosa, quien fue citado para que rindiera informe sobre los resultados de lucha contra la corrupción, aseguró que no se han usurpando funciones de entidades de control, porque no tienen facultad para imponer sanciones de carácter penal, disciplinario o fiscal.

“No vemos una usurpación de poderes por parte de la figura que está desempeñando el doctor Ocampo, en la medida que no somos organismo sancionatorios. Simplemente lo que hacemos es compilar evidencias de denuncias y si vemos que encontramos pruebas y podemos blindar esa denuncia con soportes adecuados para compulsarle copias a los órganos de control, pues tenemos y lo hacemos”, dijo el funcionario.

No obstante, reconoció que se pueden revisar las facultades de Ocampo para “decidir si sigue adelante o no con una investigación, si debe firmar los documentos como abogado o zar, o si puede usar nuestra papelería. Esta es la función del control político: retroalimentar la Administración”.

Espinosa afirmó que han recepcionado 55 denuncias, de las cuales, producto de las acciones de Ocampo, tres han sido trasladadas a la Fiscalía y que tienen que ver con presuntas irregularidades en multas de tránsito, exoneraciones de predial y una violación al POT.