La Procuraduría General de la Nación dejó en firme en segunda instancia la sanción de separar a 16 concejales de sus cargos, por haber incurrido en una falta disciplinaria, tras considerar que no se respetó el principio de legalidad, al momento de la elección de contralor municipal, cuando se eligió a una persona (Ramiro Sánchez), incursa en causal de inhabilidad.

Por medio del radicado 161-7169 que comprende de 48 páginas, el órgano de control señaló que tal como en su momento el Consejo de Estado lo comunicó al procurador Fernando Carrillo, el Ministerio Público está en la capacidad de sancionar a los servidores públicos, aún estando en sus cargos por elección popular, cuando incurren en faltas.

“(...) la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 13 de febrero de 2018, al resolver la solicitud de aclaración que presentó la Procuraduría General de la Nación, explicó y reiteró que la sentencia del 15 de noviembre de 2017 en el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tenía efectos solo para quienes tuvieron interés directo en el proceso, precisando que en la decisión no se hizo ningún pronunciamiento para fijar reglas de competencias (...) Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado en reciente decisión reiteró la competencia de la PGN para disciplinar a los servidores públicos de elección popular.

“En otras palabras, la facultad de la PGN para investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos de elección popular, no ha sido restringida, ni modificada, por lo que no hay duda de la competencia para tramitar el presente asunto”, argumenta el documento, con respecto a la solicitud alzada por la defensa, apegada al fallo que devolvió la vida política del candidato presidencial por la Colombia Humana.

Ratificada la sanción

Aclaradas las competencias por parte de la Sala Disciplinaria, esta resolvió confirmar en su integridad el fallo sancionatorio de la suspensión en el ejercicio del cargo por nueve meses, proferido en audiencia pública el 7 de diciembre de 2017, por el funcionario especial designado (Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa), en contra de los concejales de Ibagué, período 2016-2019.

Los afectados son Víctor Julio Ariza, Juan Evangelista Ávila, Jorge Bolívar Torres, Carlos Andrés Castro, Camilo Ernesto Delgado Herrera, Víctor Hugo Gracia Contreras, Harol Oswaldo Lopera Rodríguez, Hasbledy Morales Lozano, Ernesto Ortiz Aguilar, Linda Esperanza Perdomo Ramírez, Carlos Andrés Portela Calderón, Humberto Quintero García, Marco Tulio Quiroga Mendieta, Flavio William Rosas Jurado, Oswaldo Rubio Martínez y William Santiago Molina.

La decisión fue tomada luego de una votación de dos a uno por los integrantes de la sala: Gloria Yanet Quintero Montoya, procuradora Segunda Delegada para la contratación estatal, Procuradora ad hoc; Camilo José Orrego Morales, procurador Primero Delegado para la contratación estatal, procuradora ad hoc y, el voto de salvamento de Jaime Mejía Ossman, procurador Primero Delegado (Presidente), decisión que quedó anexa en el fallo.

Además, el documento solicita notificar por parte de la secretaria de la Sala Disciplinaria la decisión a la defensa técnica de los disciplinados apelantes y, a los concejales que actuaron en causa propia, advirtiéndoles que no procede otro recurso alguno.

Por último, ordena devolver el proceso a la oficina de origen, previos los registros y las anotaciones correspondientes.

La única jugada

Extraoficialmente, EL NUEVO DÍA conoció que la defensa está considerando interponer la demanda de nulidad del acto administrativo instaurado por la Procuraduría ante el Contencioso Administrativo, argumentando que hay pruebas suficientes que no tuvieron en cuenta los procuradores al momento de ratificar la decisión y que para ellos son importantes, como la decisión de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, al considerar que Ramiro Sánchez no tenía los argumentos para saber si estaba o no inhabilitado.

La sesiones extras

El mandatario de los ibaguereños Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuvo que se está a la espera de la solución del caso y que hasta el momento no se tiene planeado citar a sesiones extras. Además, el burgomaestre cuestionó que si el excontralor fue absuelto de responsabilidad, no es válido que exista una sanción con los corporados.

“El que cita a sesiones extras es el Alcalde y, por ahora no hay sesiones extraordinarias, ahora necesitamos saber qué va a suceder, a mí me han comunicado los concejales que tienen la posibilidad de alzar todavía algún tipo de recurso, por el otro lado, hay que decir que me llama la atención algo, me dicen que al excontralor Ramiro lo absolvieron de responsabilidad, algo que no es coherente, estamos a la espera de lo que se resuelva”.