A grandes rasgos, ¿cómo avanza el proceso de reincorporación de excombatientes en Tolima, especialmente frente a los proyectos productivos?

Hemos abordado esto con la mayor seriedad posible. Hemos acelerado el proceso que corresponde no solo a los espacios de Planadas e Icononzo en Tolima, sino en todo el país. A nivel general, recibimos aprobados solamente dos proyectos, pero hoy en día tenemos 20 por $13 mil millones que se han liberado, de los cuales $8 mil millones les corresponde a ellos. Eso favorece a más de mil excombatientes y sus familias.

Con la detención de algunos excombatientes y las recientes declaración de ‘Iván Márquez’, algunos miembros de esta población hablan de inseguridad jurídica. ¿Qué les responde?

Los excombatientes no tienen de qué preocuparse en lo absoluto, porque ellos están dentro de un proceso activamente, pero la situación de ‘Iván Márquez’ es distinta. Sus manifestaciones pretendían decir que el Gobierno del presidente Iván Duque había modificado la JEP. Eso es mentira. La ley marco para la operación de la jurisdicción fue aprobada por el Congreso durante el periodo anterior y revisada con visto bueno por la Corte Constitucional a finales del año pasado. Nosotros no hemos cambiado nada de cómo opera JEP.

¿Está debilitada la confianza entre las partes?

La confianza debe ser recíproca y se afianza en la medida que cada una de las partes cumpla con lo que les corresponde. Dentro de las obligaciones de los excombatientes está permanecer activamente del proceso de reincorporación. ‘Márquez’, quien se fue hace varios meses y no ha aparecido, ha sido requerido por la justicia, y aunque en principio se presentó mediante apoderado, no está ejerciendo su liderazgo y no está demostrando que está desarrollando las actividades propias de la reincorporación. Así, la justicia debería tener serias sospechas de que él está incumpliendo con esa obligación.

Insisto, en esta situación no están ninguno de los excombatientes y menos los de Tolima, porque ellos sí están haciendo lo que deben hacer.

¿Qué tan robusto podrá ser la asignación presupuestal en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de implementación de los acuerdos?

La manera como está prevista la financiación del posconflicto siempre se pensó con recursos de la Nación, los departamentos, los municipios, el sector privado y los cooperantes. En cuanto al presupuesto de la Nación, nosotros aseguramos casi el 20 por ciento más de los recursos que estaban previstos en la administración anterior. En el punto relativo a los cooperantes internacionales, no solo igualamos, sino que superamos el volumen de aportes y disponibilidad que los países amigos tienen.

¿Cuáles son las líneas concretas para la protección de líderes sociales, hecho que también genera impaciencia entre excombatientes?

Dentro de los distintos frentes, el Gobierno tiene el compromiso de protege a los líderes del partido Farc. Nosotros no solo tenemos un esquema muy robusto para proteger a quienes están en los Etcr, sino que existen dispositivos para proteger los desplazamientos de esos líderes. En los momentos en los cuales han dado alarmas de estar en una situación particular vulnerable, van a la Mesa Técnica de Seguridad, pero en este momento no tenemos ningún esquema que nos hayan solicitado o hayamos despachado.

¿Con la terminación de los Etcr en agosto, cuál será el futuro de los excombatientes? Algunos quieren afincarse en esos territorios...

Después de ese mes, lo que esperamos es trabajar en conjunto con los excombatientes para saber si las expectativas frente a esas zonas se puedan cumplir, ya que habrá algunos que quieren abandonarlos, otros los quieran utilizar como parte de solución de vivienda y otros como parte de su solución productiva. Si los quisieran utilizar y fuera jurídicamente posible, vamos a apoyar y si no es así, pues nos toca buscar alternativas junto a ellos.

Dato

De acuerdo con la Consejería para el Posconflicto 13.043 integrantes de la Farc han sido acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.