Esta ley trae un artículo que, según una primera interpretación, supuestamente haría más drásticas las incompatibilidades a quienes aspiren a cargos públicos, acogiendo a los candidatos a cargos de concejales, diputados y ediles, porque tendrían que haber renunciado un año antes.

Sin embargo, en entrevista con Blu Radio, el abogado constitucionalista Juan Carlos Novoa, quien participó de la redacción del Código, afirmó que el artículo fue leído a medias, por lo que se confundieron los conceptos de incompatibilidad e inhabilidad.

“Realmente no hay de qué preocuparse. No debería generarse ese pánico y debería haber tranquilidad electoral. El artículo 43 del nuevo Código habla de incompatibilidades y la nota periodística (publicada en la revista Semana) lo que hace es compartir una incompatibilidad en una inhabilidad y está cambiando su naturaleza y lo hace porque está leyendo a medias el artículo”, afirmó.

Novoa explicó que las incompatibilidades existen en dos casos precisos: a) intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente o sus organismos; b) actuar como apoderados o gestores ante autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales.

“No es que se esté generando una inhabilidad para ocupar otro cargo, sino que durante el ejercicio de su cargo no podrá ejercer esas dos actividades que reseñan”, explicó Novoa, quien además señaló que en otra parte del mismo artículo menciona que la incompatibilidad también se configura para todo servidor público que pretenda adquirir, directa o indirectamente, en el remate o la venta de bienes del Estado.

La mala interpretación jurídica prendió las alarmas entre candidatos partidos, porque se llegó a hablar de que quedarían por fuera. Entre los dirigentes que recaía la supuesta inhabilidad estaban los diputados Milton Restrepo y Jorge Palomino, y los concejales Camilo Delgado, Jorge Bolívar y William Rosas.

Vale mencionar que desde el Consejo Nacional Electoral se ha indicado, de manera extraoficial, que lo dicho en la ley no va afectar a quienes aspiran a ocupar cargos tanto uninominales, es decir alcaldes y gobernadores, como también a quienes esperan llegar a las corporaciones públicas, asambleas, concejos y JAL.

No obstante, a nivel nacional, partidos como Alianza Verde, Conservador y Centro Democrático le pedirán al Ministerio del Interior que solicite al Consejo de Estado una consulta sobre el tema. Además, las averiguaciones también se elevan al CNE.