En la más reciente discusión de la Asamblea sobre el proyecto de ordenanza que crea la política pública de derechos humanos y paz del Tolima, voceros de organizaciones sociales, dirigentes sindicales y representantes del partido Farc aseguraron que un importante número de actores de la sociedad civil con presencia en el departamento fueron excluidos de esta iniciativa.

Son varias las observaciones al proyecto, pero especialmente una es la que ha generado mayor escozor. Según alegan, el Consejo Departamental de Derechos Humanos, Paz, Reconciliación y Convivencia que busca crear la Gobernación solo sería integrado por 16 organizaciones con un solo representante, cuando el decreto ley 885 definió que este tipo de consejos deben estar conformados por 35 organizaciones, representadas por un número de entre 65 y 70 representantes.

Así pues, alegando que este proyecto es contrario a la ley, defensores de derechos humanos como Nubia Russi sostienen que quedan por fuera sectores sindicales, gremiales, víctimas del conflicto o reincorporados, afectando el alcance de esta instancia territorial, cuyo objeto es asesorar y acompañar a las autoridades locales en la implementación en materia de reconciliación, convivencia y no estigmatización, entre otras cosas.

“Este proyecto viola tajantamente la participación de los partidos políticos producto del acuerdo de paz como el partido Farc, los gremios o los medios de comunicación. El Consejo Departamental se tiene que crear de las consultas que cada representante haga sobre lo que está pasando con su sector y a partir de ahí se crea la política pública, pero el proyecto quedó mal redactado”, afirmó Russi, quien recomendó archivar el proyecto.

Al respecto, Juan Carlos Ordónez, excombatiente de la extinta guerrilla de las Farc, solicitó que se modifique el proyecto para garantizar la participación de todas las organizaciones, incluido su partido. “Deben estar acá todos representados, como un espacio donde vamos a debatir y confluir todas las organizaciones, las fuerzas vivas y los partidos sobre las problemáticas sociales, económicas y políticas que existen en la región”, dijo.

De acuerdo con Miguel Cruz Bonilla, representante del Comité Ejecutivo de la Red de Derechos Humanos del Tolima, otro aspecto que ha generado molestia es el hecho de que no está contemplada, dentro de este Consejo Departamental, la creación de un comité territorial, que deberá estar compuesto por 13 de los representantes, de los cuales sietes pertenecen a las organizaciones de la sociedad civil. La función de este comité es garantizar el cumplimiento estricto de la defensa de los derechos humanos, la transparencia en los procesos y el control a la aplicación de los recursos.

Por otra parte, Jhonatan Varón, directivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien también expresó preocupación por no tener en cuenta a los trabajadores y demás actores, afirmó que el proyecto tampoco establece acciones concretas para articular al Gobierno departamental con el funcionamiento de entidades como la Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, creadas producto del acuerdo de paz. “Así no se garantiza una reparación integral”, comentó.

Finalmente, por poca proyección social en el departamento, algunos de los representantes de organizaciones pidieron rechazar la solicitud del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad del Tolima de fortalecerlo y crear un nuevo observatorio totalmente independiente, tal como está previsto en el proyecto. Al respecto, el presidente de la Asamblea, el diputado Julián Gómez, confirmó que en efecto se debe crear un ente estatal que podrá ser apoyado por el de la UT.

“Somos receptivos”, Secretario del Interior

 En respuesta a los reclamos, el secretario del Interior del Tolima, Gustavo Murillo, aseguró que en diferentes municipios hubo una previa socialización del proyecto para que se retroalimentaran integralmente las líneas de acción planteadas en el documento.

“Hubo la oportunidad de que las personas que participaron en las reuniones aportaran en las líneas que debían incluirse y cómo integrar los diferentes aspectos que en materia departamental deben construirse en la protección y no violación de los derechos humanos, en la paz en los territorios y la integridad física y la protección a la vida que debemos garantizar como Estado a las personas que son víctimas de amenazas”, comentó.

Reconoció que algunos no participaron en la construcción del documento, pero aclaró que en el trámite del proyecto en la Asamblea pueden participar para mejorarlo.

“Los que no estén, no quiere decir que no pueda reestructurarse. Con los aportes se construirá el documento. De todas maneras, es discrecional de la Asamblea, por eso es que se están desarrollando estas mesas de trabajo. Mal haría que se aprobara sin siquiera haber una discusión. Hoy estamos siendo receptivos”, dijo.

El funcionario explicó que en segundo debate de comisión, en la ponencia del proyecto se revisarán los aspectos que fueron expuestos y serán los asambleístas quienes definirán qué se aprueba y que no. 

Las dudas sobre el convenio

 En lo que c onsidera son presuntas irregularidades, el diputado Jairo Forero aseguró la Gobernación debe explicar por qué suscribió en diciembre de 2018 un convenio por $189 millones con la Corporación para el Desarrollo de Comunidades para socializar esta iniciativa, que apenas está siendo discutido y no ha sido aprobado. Es decir, según el diputado, la Administración destinó recursos públicos en presentar un proyecto que para entonces no existía.

En segundo lugar, Forero dijo que el 20 de diciembre fue suspendido el convenio, pero todavía no se ha reanudado su ejecución. También se habían hecho críticas porque no se registran los municipios en los que se llevaría a cabo la socialización ni el número de eventos a realizar.

En tercer lugar, cuestionó el hecho de que supuestamente la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su siglas en inglés) ya había elaborado un documento sobre la política de derechos humanos. “¿Entonces había dos contratos para la misma labor?”, preguntó.

El secretario Gustavo Murillo refutó las afirmaciones diciendo que el objeto del convenio fue socializar cuáles son hoy las políticas en el orden nacional en materia de derechos humanos y no el proyecto como tal. Además, dijo que Usaid hizo parte de la construcción del proyecto que se tramita, pero con recursos propios. Finalmente, sobre la suspensión del convenio, dijo “los convenios tienen una supervisoría y pueden mirar si suspenden, aplazan o piden prórrogas o adiciones”.