De acuerdo con el Ministerio Público, al parecer, el exmandatario perfeccionó y ejecutó un contrato de prestación de servicios por un valor de $16.500.000, con el objeto de desarrollar el proyecto para consolidar y conformar el grupo de vigías del patrimonio cultural de Guamo, en cumplimiento de un convenio marco financiado con recursos del (INC) a la telefonía móvil para la cultura, correspondientes a la vigencia 2012.

Con esta conducta, Ospitia Garzón habría podido incumplir, entre otras disposiciones, normas en materia tributaria por ejecutar en el 2014 dineros públicos que tenían como fecha límite de uso el 31 de diciembre de 2013.

En el segundo cargo se le reprocha presuntamente adicionar el contrato en $8.250.000, para un valor total $24.750.000, con lo cual habría excedido el tope de mínima cuantía a través del cual se adelantó el proceso, sin acudir a la modalidad apropiada, selección abreviada de menor cuantía, que establece la norma nacional.

Así, para la Procuraduría, presuntamente se transgredió la Ley, que indica que los recursos para cultura asignados a los departamentos, que no hayan sido ejecutados al final de la vigencia siguiente a la cual fueron girados, serán reintegrados al tesoro nacional, junto con los rendimientos financieros generados a más tardar el 15 de febrero del año siguiente.