Un informe del proyecto ‘Del Capitolio al Territorio’, una iniciativa de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, que realizó visitas regionales para hacer seguimiento a la implementación del acuerdo, determinó que los diferentes actores del sur del Tolima tienen una percepción positiva sobre el proceso, especialmente en lo que tiene que ver con los cambios en las condiciones de seguridad y el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).

No obstante, el informe, que cuenta con la secretaría técnica de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señala que la alta expectativa contrasta con la incertidumbre sobre la posición del nuevo gobierno y la preocupación por los recursos y las capacidades institucionales para el cumplimiento de los compromisos suscritos.

Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Pdet, señala que aunque se recogieron 1.168 iniciativas de las comunidades de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco para el proceso de elaboración e implementación del Plan de Acción para la Transformación Regional, hubo varios obstáculos en el proceso.

El poco tiempo para la construcción del acuerdo, las dificultades operativas de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y los problemas de articulación del nivel central con el local fueron algunos de los escollos. Y, además, existe descontento de exintegrantes de las Farc que argumentan no haber sido tomados en cuenta en el proceso.

Por otro lado, el informe destaca que aunque el Tolima cuenta con condiciones favorables de seguridad y se han dado mejoras sustanciales con el desescalamiento de la confrontación armada, a diferencia de otras regiones donde viven nuevos fenómenos de violencia, en la actualidad hay preocupación por el aumento de la delincuencia común y el surgimiento de pequeñas facciones armadas que generan zozobra en las comunidades.

El informe ratifica uno de los aspectos más anunciados no solo por los excombatientes sino por miembros de la sociedad civil: la reincorporación de los excombatientes está en riesgo por la falta de proyectos productivos, debido a las demoras en la aprobación y desembolso de recursos por parte del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y la incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos por parte del nuevo gobierno.

Por otro lado, no está terminado el espacio territorial de capacitación y reincorporación de la vereda El Oso, en Planadas, donde permanece una población de exintegrantes de las Farc.

Además, existe desarticulación y falta de comunicación entre las entidades estatales, hecho que dificulta la actualización de los certificados judiciales, lo que ha traído problemas para la movilidad e integración laboral de los excombatientes. Esta situación ha generado una percepción de inseguridad jurídica entre algunos excombatientes.

Y dentro de las instituciones encargadas y las organizaciones de víctimas, que en el Tolima ascienden a más de 203.000, hay preocupación por la baja capacidad financiera e institucional para cumplir con las indemnizaciones estipuladas en la ley. Cerca del 25% de la población víctima del departamento está en Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco.

El documento señala que la atención a las víctimas está focalizada en Ibagué y no se cuentan con centros satélite que permitan la atención de la población en zonas alejadas. “Ni las víctimas, ni la Unidad de Atención regional cuentan con recursos para desplazarse regularmente”, se acota.

Así mismo, si bien la firma del Acuerdo también ha permitido el regreso de comunidades desplazadas, en estos procesos, en su mayoría, no cuentan con el acompañamiento institucional y la restitución de sus derechos.

Principales desafíos en la implementación

El informe detalla que es importante mantener las condiciones de seguridad del territorio y evitar que se conformen, ingresen y consoliden grupos armados ilegales ya que el sur del Tolima es un importante corredor de movilidad desde el Cauca hacia el centro del país.

Debido a alta desconfianza frente al cumplimiento del Estado y una percepción de abandono histórico de las comunidades, el informe señala como un hecho imprescindible cumplir con las altas expectativas de las comunidades frente a la implementación del acuerdo, principalmente el Pdet.

Como un tercer desafío, el documenta indica que es necesario aumentar la legitimidad de la Fuerza Pública y el sistema judicial en un contexto en el cual hay una percepción de inoperancia y falta de resultados, situación que contrasta con la opinión sobre la alta capacidad que tenían las Farc de controlar las dinámicas de criminalidad y conflictividad en el territorio. Como se dijo, la mayor preocupación de la ciudadanía es el aumento en la delincuencia, el microtráfico y el consumo de drogas.

El informe enfatiza que las instituciones encargadas de la implementación no cuentan con los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir con sus funciones, por ejemplo, la incapacidad operativa de la Unidad de Atención y Reparación de las Víctimas regional para atender e indemnizar a esta población.

También apunta que no hay visibilidad ni conocimiento en el orden nacional sobre las conflictividades sociales de los territorios a raíz de la implementación del acuerdo y, por lo tanto, no son atendidas.

Producto de esto se evidencian impactos no deseados de los procesos de la JEP como es el caso del proceso de extinción de dominio del barrio Simón Bolívar en Planadas tras las declaraciones de Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña.

“A finales de 2000, cuando se desarrollaban los diálogos de paz en San Vicente del Caguán, durante la presidencia de Andrés Pastrana, alias Olivo Saldaña, entonces guerrillero de las Farc, instó a familias pobres de Planadas a invadir un lote abandonado que pertenecía a una fundación y que después fue entregado al Municipio”, se reseña.

Finalmente, como se dijo, refiere que los principales problemas de la reincorporación de excombatientes están asociados a los retrasos en la puesta en marcha de los proyectos para la reincorporación económica y la desconfianza frente al cumplimiento de lo acordado por el nuevo gobierno.

¿Cuántos excombatientes hay en el sur?

Según las cifras de las Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), a la vereda El Oso llegaron 152 excombatientes, principalmente del Frente 21 que operaba en la zona. Actualmente, el Etcr cuenta con 130 excombatientes atendidos por la ARN; en su mayoría son personas que salieron de las cárceles o que llegaron de otras zonas del país.

En los cuatro Puntos de Reagrupamiento o Áreas de Reincorporación Grupal (Rioblanco, Chaparral, Roncesvalles y Dolores) se encuentran 69 excombatientes y en el Grupo Territorial de Ibagué se encuentran 189 desmovilizados inscritos.

Buena parte de los excombatientes que llegaron inicialmente al Etcr han salido, lo cual no quiere decir que se encuentren en actividades ilegales. Algunos de ellos trabajan fuera del Espacio, aunque siguen vinculados a este o al grupo territorial de la ARN y otros han retornado a sus lugares de origen fuera del departamento.

Respecto a los excombatientes que están en el Etcr, están involucrados en procesos educativos para la nivelación académica y formación para el trabajo y adelantan distintas actividades para la integración de las comunidades cercanas.

Dato

Durante su visita a Ibagué y Planadas en noviembre de 2018, los representantes de la Comisión de Paz Juanita Goebertus, de Alianza Verde; Gabriel Santos y Samuel Hoyos, del Centro Democrático; y Ómar de Jesús Lizcano (Farc) estuvieron acompañados de los representantes del Tolima Adriana Magali Matiz y Ricardo Ferro.