El ente tendrá que establecer si el exfuncionario pudo incurrir en una falta disciplinaria al presuntamente pedirle al representante legal de la empresa Agroinsumos S.A.S. que entregara dos sumas de dinero, la primera de 25 millones de pesos, y la segunda de 15 millones de pesos, para evitar que se adelantara una actuación administrativa por el incumplimiento del contrato 2418 de 2017, que, al parecer, tuvo el suministro de productos adulterados.

Por ende, Alvarado Moreno podrá ser escuchado en versión libre, pues la finalidad es verificar la posible ocurrencia de la conducta y determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, destacó la Procuraduría.

En su momento, según la versión del contratista, Alvarado le solicitó una coima al inicio del proceso que abrió la Gobernación para adquirir bultos de fertilizantes e insumos a fin de mitigar los daños a productores damnificados de Rovira.

El contratista agregó que se rehusó y, cuando se evidenció que los abonos no cumplían con las características acordadas, supuestamente el funcionario lo presionó para no “afectar el nombre mío o de la empresa”.

Para entonces, Alvarado dijo que nunca en la vida ha solicitado coimas y que deja en manos de los entes de control las investigaciones.