En virtud de la Ley 1826 de 2017, la Fiscalía General de la Nación autorizó al abogado Augusto Ocampo, conocido como zar anticorrupción de Ibagué, actuar como denunciante y acusador privado en un proceso judicial que se adelanta en contra del empresario radial y aspirante a la Alcaldía Rubén Darío Correa, por los delitos de injuria y calumnia.

Así, esta es la primera vez en el departamento que un denunciante reemplaza al fiscal de conocimiento, asumiendo todas las facultades para acusar y actuar en este juicio. Es decir, Ocampo, en remplazo del fiscal del caso, podrá adelantar el proceso penal contra Correa bajo la figura de acusador privado.

Según aseguró el abogado a través de un comunicado, previo a una citación, en menos de un mes Correa debería comparecer en audiencia concentrada y juicio oral ante los estrados judiciales “para que en últimas sea un juez de conocimiento quien imparta condena penal en su contra, en tanto los elementos materiales probatorios y evidencia que existen, probarían su responsabilidad penal en los hechos por los cuales fue denunciado”.

El caso

En 2018, en medio de la enorme controversia que generó el aumento del impuesto predial en Ibagué, Correa lideró un colectivo de medios de comunicación y ciudadanos denominado ‘No al predializo’, que tenía como objeto motivar la suspensión de los incrementos en las tarifas del impuesto.

Durante varias semanas, a través de pronunciamientos públicos y especialmente radiales, además de dos movilizaciones, el director de noticias de La Cariñosa lideró esta causa, para algunos con propósitos electorales. Entre las varias informaciones que publicó al respecto, el 12 de febrero abrió su programa radial con la noticia titulada: “Con testigo falso se prepara montaje contra periodistas del NO AL PREDIALAZO en Ibagué (sic)”.

En la nota, Correa Carvajal aseguraba que se estaba ideando un supuesto plan criminal que buscaba “dañar la integridad física y moral de los comunicadores, periodistas y otras personas que llevamos a cabo la lucha contra el predialazo en la capital tolimense”.

Como parte de la presunta estrategia de desprestigio y agresión, Correa indicó que Ocampo, entonces zar anticorrupción de la Alcaldía, estaba intentando conseguir mediante un fiscal especializado un principio de oportunidad en beneficio de un testigo que declarara supuestos hechos irregulares en los que periodistas locales, incluyendo a Correa, callaron el entramado de corrupción de los pasados Juegos Nacionales.

Para sustentar esta información, el comunicador mencionó y publicó fragmentos de una grabación en la que una persona cercana a Ocampo comenta detalles del supuesto montaje en contra de los periodistas que han liderado la batalla por las presuntas anomalías en el proceso de actualización catastral.

Ocampo denunció

Por considerar que se vulneró su derecho a la honra y el buen nombre con varias de las afirmaciones que hacían parte de la noticia, el abogado Ocampo denunció penalmente a Correa por los delitos de injuria y calumnia.

En primer lugar, Ocampo señala que no fue consultado en su momento a fin de corroborar la información, y agrega que los fragmentos de audios fueron editados para sacarlos de contexto y, además, en ellos no aparece su voz. En segundo lugar, indica que las numerosas afirmaciones en la que lo involucran se hicieron con el fin de deshonrarlo.

“Se infiere que el sujeto denunciado, intencionalmente y sin reparos incurrió en la comisión de los delitos de injuria y calumnia agravados, no solo porque como se dejó visto desde el mismo titular que encabeza la información que expresó a través de medios de comunicación se advierte el ánimo de afectar y menoscabar los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y el prestigio profesional (...), sino que las demás aseveraciones que irresponsablemente hizo al aire prueban la intención dolosa de vulnerar los tipos penales señalados”, se refiere en la denuncia.

Entre otras cosas, frente al testigo, Ocampo indica que una persona sí acudió a él para suministrarle información valiosa sobre varias temas de corrupción que involucraban a exfuncionarios y actuales servidores públicos de la Alcaldía, pero en ningún caso tenían que ver con los periodistas de la ciudad.

“Salvo que el denunciado por los mismos medios se retracte e indemnice los perjuicios causados, que a la fecha superan los $400 millones, adicional a la pena de prisión, Correa expone a la cadena radial RCN a tener que afrontar un proceso de extinción de dominio, pues fue desde dicho medio de comunicación que el sujeto en mención, utilizó el espectro radio eléctrico para delinquir”, indicó.

Destacado

En medio de cuestionamientos, Ocampo lideró la Oficina de Transparencia de la Alcaldía, una dependencia creada para investigar a los funcionarios que no ejercieran su cargo de forma adecuada y hacer seguimiento a los procesos contractuales.