Este acto administrativo fue expedido por el Consejo Superior durante el proceso de transición de la UT en razón a la inestabilidad por la que atravesaba el alma máter, pero, para el denunciante, se violaron las normas jurídicas porque no contó con la anticipación requerida para su convocatoria y no fue aprobado por las dos terceras partes de los miembros del Consejo, como lo exige el Estatuto General de la Universidad.

No obstante, el Tribunal consideró que en dicho acuerdo “no se evidencia que haya alterado el contenido del Estatuto General, toda vez que simplemente suspendió algunos procesos electorales sin variar los términos en que aquellos se adelantarían y (en segundo lugar) no era necesario que se sometiera a la regla de modificación ni requería de las dos terceras partes de los miembros del Consejo y la discusión en dos sesiones, sino que bastaba la mayoría simple consagrada en el artículo 17 del Estatuto para el resto de las votaciones que tienen lugar en el ente universitario”.

Con la claridad de que el periodo de transición ya se levantó y se han surtido varios procesos de elección, la institución señaló que este fallo “le permite al Consejo Superior y a la comunidad universitaria en general tener la tranquilidad de que las medidas adoptadas en el periodo de transición de Ómar Mejía fueron adoptadas en derecho y con la legalidad que corresponde, y con el único ánimo de recuperar la gobernabilidad de la institución”.

También señaló que quienes fungían como miembros del Consejo Superior en la época en la que fue aprobado el acuerdo 031 gozaban de plenas facultades para tomar las decisiones adoptadas.

En marzo pasado, el Consejo de Estado revocó una sentencia del Tribunal que declaraba la nulidad del acto de elección de Mejía Patiño como rector en propiedad de la Universidad.