El ente de control demostró que el exfuncionario ejerció simultáneamente como registrador y apoderado del Centro Comercial Panamá ante varios juzgados civiles de Bogotá, para realizar el cobro de cuotas de administración de esa propiedad horizontal con el fin de recuperar la cartera morosa.

Para el Ministerio Público, el entonces funcionario incumplió la normativa que busca garantizar la moralidad y transparencia del ejercicio de la función administrativa, y desconoció la causal de incompatibilidad establecida en el numeral 1°, artículo 29, de la Ley 1123 de 2007, que le imponía su cargo para ejercer el litigio.

La Procuraduría Regional del Tolima calificó la falta del disciplinado como gravísima a título de dolo, por considerar que el comportamiento cuestionado afectó la imagen de la administración pública y generó desconfianza en la ciudadanía, respecto a los comportamientos éticos que deben mostrar los servidores públicos.

Dato

Aunque podía emplear el recurso, la defensa del exregistrador no apeló la decisión.