¿Cómo avanza el proceso de inscripción de cédulas?

En este proceso venimos desde octubre del año pasado y se extenderá hasta el próximo 27 de agosto. Hasta ahora se han inscrito 9.542 ciudadanos en Ibagué y en el Tolima son 27.245. Están dispuestas las sedes de las registradurías y en Ibagué, de forma adicional, tenemos tres puntos en los centros comerciales La Estación, Combeima y Multicentro. Además, del 8 al 14 de julio, también se podrán realizar inscripciones en los puestos de votación de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

La Misión de Observación Electoral advirtió el riesgo de trashumancia electoral en varios municipios, incluidos Prado, Ambalema y Piedras, donde ya hay antecedentes desde las elecciones de 2015. ¿Cómo están actuando las autoridades?

Esta investigación va por dos caminos: una administrativa, a cargo del Consejo Nacional Electoral, que de forma preliminar está cruzando bases de datos con el Sisbén, la Dian, instrumentos públicos y las EPS, para determinar si las personas viven en los municipios. Si no coincide la información, se procederá a excluir esas cédulas del censo electoral. La otra investigación es de tipo penal. Como delegado de la Registraduría, le pedí a la Fiscalía que se abriera una alerta temprana.

Tratándose de una situación que no es nueva en el Tolima y dado a las alarmas actuales, se presume que esta investigación debe estar priorizada...

De comprobarse la trashumancia, deberán excluirse las cédulas antes de las elecciones. Igual, a partir de este mes, se va a instalar el Tribunal de Garantías, conformado por tres magistrados del CNE y un grupo interdisciplinario de profesionales que van a empezar a investigar tanto lo que tiene que ver con la trashumancia, como con el manejo de campañas políticas y publicidad. Para nosotros es muy importante que no haya un desbalance en el proceso. Un ciudadano también puede acudir a las personerías o las mismas registradurías.

¿Cómo van a garantizar la idoneidad de los jurados de votación? Lo pregunto porque la MOE también ha llamado la atención sobre presuntas inconsistencias y alteración de resultados.

A través de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio estamos conformando la base de datos para esa selección. Y tenemos una innovación: los registradores tienen que socializar con los partidos políticos, los grupos significativos y los candidatos, las empresas que se van a postular, de tal manera que cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con una empresa, porque es ‘fantasma’ o no existe físicamente o miente al reportar un número falso de empleados, pueda hacer observaciones para que sea excluida.

Una vez realizado esto, de una base de empresas públicas y privadas, así como a las instituciones educativas, se hará una selección aleatoria de los jurados. Los partidos también pueden postular jurados.

¿Una empresa que está abiertamente comprometida con una campaña, puede ser excluida?

Si la empresa cumple con los requisitos y fue reportada por Confecámaras, ingresa. Ahí los candidatos y las personas pueden hacer sus observaciones y, a través de un proceso, se decide si queda excluida o se deja.

En las últimas semanas hubo reportes de delincuencia. ¿Eso podría afectar el proceso?

En este momento no conocemos situaciones que puedan afectar el desarrollo. En cualquier caso, los comités de seguimiento electoral, que están conformados por todas las entidades del Estado, las veedurías y la Misión de Observación, deberán conocer cualquier acción que pueda representar un riesgo y hacer el seguimiento.

Argumentando complicaciones financieras, algunos alcaldes son renuentes a garantizar aspectos logísticos para las elecciones. ¿En el Tolima han tenido alguna complicación en ese sentido?

Por ley, los encargados de suministrar el transporte y otros aspectos logísticos son las entidades territoriales. Por eso, permanentemente estamos en comunicación con los registradores municipales para que nos informen qué alcaldes no han manifestado la intención de colaborar. A ellos se les pasa un requerimiento, para que dejen los rubros respectivos y si no hay intención, nos toca acudir a la Procuraduría y al Ministerio del Interior para que nos apoye.

¿Así como usted fue trasladado desde el Meta para estas elecciones, a nivel regional habrá alguna rotación de registradores?

Sí. Tuvimos traslados y se seguirán haciendo en la medida que se requiera. Y podrán ir resultando casos de funcionarios que tienen familiares aspirando, entonces toca trasladarlos o retirarles todas las funciones electorales. Hasta ahora, tenemos un auxiliar administrativo en Chaparral que manifestó estar en una situación así.

Dato

El 27 de julio vence el plazo para la inscripción de candidatos de los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores de voto en blanco.