Partidos y candidatos, ojo con el uso de las bases de datos de los electores

COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
En momentos en que los partidos políticos y los miles de candidatos empiezan a contactar a sus electores, la Superintendencia de Industria y Comercio, les advirtió este miércoles que a ellos también les recoge la obligación del buen uso de las bases de datos, información que es privada.

Así se los notificó la superintendencia en una comunicación a todos los partidos y movimientos, en donde les recuerda que deben respetar la regulación sobre recolección, uso y tratamiento de datos personales en las campañas políticas.

El reporte les fue enviado luego de que se recibieron 5 quejas ciudadanas en las que se pide iniciar investigaciones contra candidatos porque son receptores de publicidad política a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y otros medios y no habían autorizado que les llegara.

La SIC por eso les dice a los partidos y candidatos que sólo contacten a personas de las cuales tengan prueba de la autorización previa; respetar y garantizar el derecho de supresión de los datos personales de contacto cuando son utilizados para fines de marketing o publicidad política.

También les indica que deberán suspender el uso de datos de contacto cuando así lo requiera o solicite el titular de dichos datos personales.

Un aspecto más que pide la SIC es “impartir instrucciones a los candidatos y personas a cargo de la publicidad de las campañas políticas para que las actividades de marketing electoral se realicen cumpliendo todo lo que ordena la Ley 1581 de 2012, especialmente que se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en dicha ley estatutaria”.

Igualmente les notifica a los partidos y aspirantes, que deberán hacer un monitoreo y verificación con el fin de asegurar que las medidas implementadas no solo sean pertinentes, adecuadas o útiles, sino que funcionen correctamente.

Finalmente les reportó que las multas por incumplir la Ley 1581 de 2012 pueden ascender hasta los dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Credito
COLPRENSA

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