Desde sus primeros años de creación, por allá a principios de esta década, el Comité Ambiental en Defensa de la Vida ha recibido críticas de opositores, centradas en la supuesta politización de su causa, pero ninguno de esos reparos, hasta donde se conoce públicamente, había salido de un exintegrante de esa plataforma social.

En una dura columna, Óscar Amaury Ardila, un docente universitario que acompañó el proceso de conformación del Comité Ambiental, hace fuertes cuestionamientos sobre la supuesta desviación de su principio y el oportunismo político de quienes lo lideran.

En el texto, relata brevemente cómo nació y se dio el proceso de construcción del movimiento social-ambiental, destacando la convocatoria de la Marcha Carnaval, pero, según comenta, la mayoría de sus fundadores se fueron apartando a raíz de cuestionamientos por comportamientos y procedimientos del trabajo.

“Un grupo interesado en el acumulado social se fue autoproclamando poseedor del espacio, hasta su transmutación de combo universitario al referente publico ciudadano”, asegura Ardila, quien además indica que “actuaciones y procederes de quienes finalmente lograron el manejo integral del espacio, han echado por la borda un proceso unitario, diverso y comunitario, por una capilla con jerarcas y obedientes feligreses”.

Ardila enfatiza dos cosas: la supuesta institucionalización e instrumentalización del movimiento social. Para el ambientalista, contrario al criterio del equipo fundador del movimiento, hoy el Comité Ambiental sostiene vínculos económicos que sobrepasan los propósitos de cuidado ambiental. En concreto, indica que en los últimos años ha venido recibiendo financiaciones varias, pero especialmente con la Alcaldía de Ibagué.

“A un lado, se ingresan considerables recursos para su manejo grupal y exclusivo, y de otro, se retoca el mejoramiento de la imagen pública. Estos maridajes utilitarios desdibujan los proyectos sociales consistentes y estratégicos para la defensa de los bienes públicos, al aceptarse de manera pasiva y ‘sine qua non’ la institucionalización de los movimientos comunitarios”, afirma.

A modo de ejemplo, menciona que varias organizaciones ambientalistas en el mundo, como Greenpeace, se han cuidado de recibir recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos fundacionales y, más bien, “se esfuerzan por buscar el apoyo de personas naturales y sin ánimo de lucro, que les pueda dar el soporte ético para solventar juicios propios, tener la libertad de opinar y poseer la firmeza de la toma de decisiones ante cualquier gobierno o cualquier emporio económico”.

En segundo lugar, sin mencionar nombres o casos concretos, desaprueba que el movimiento social se constituya “en herramienta de trabajo de grupos interesados en procesos electorales partidarios o en empresas corporativas privadas y aunque los contenidos de las manifestaciones sociales y políticas converjan en principios y postulados similares, e indispensable para el vigor y fortaleza de los primeros, diferenciar los marcos que delimitan cada una de ellas”.

Según explicó, el movimiento social está para llevar a cabo acciones no institucionales que logren determinadas reivindicaciones populares y, por otro lado, los partidos políticos son una coalición de personas cuyo objetivo consiste en la adquisición de votos en las elecciones, por lo tanto, “no es correcto desnaturalizar el movimiento social, institucionalizarlos, instrumentalizarlos, ni manipularlos”.

Ardila también cuestiona que con ocasión de la undécima versión de la Marcha Carnaval, realizada hace un mes, le fue negada la posibilidad al Colectivo Tolima Solidario de participar en la movilización, a pesar de que sus principios guardan relación directa. “La respuesta a esa amable petición fue un contundente no. Decisión arbitraria teniéndose en cuenta los argumentos lógicos del Colectivo”, acota.