“En atención a sus necesidades e inquietudes, nos comprometimos con cuatro nuevos puntos, ellos identifican cuáles son los lugares o los municipios estratégicos para hacer los procesos de atención y viene el compromiso por parte de las administraciones municipales del espacio físico para nosotros poder colocar tanto el orientador como el documentador”, explicó el funcionario.

Nancy Arias, coordinadora de la mesa departamental de víctimas en Tolima, afirmó que “aspiramos que los alcaldes tengan la voluntad de apoyar este proceso. Pero, además, se tocaron tema de proyectos productivos, retorno y reubicación de víctimas, inclusión de grupos étnicos y jornadas de documentación”.

Durante el encuentro también se socializaron aspectos relacionados con los procesos de reparación colectiva y proyectos productivos, frente a los cuales el funcionario aclaró algunas situaciones presupuestales y de orden público que influyen en estos procesos.

De igual modo, se confirmó que se realizará una jornada masiva de documentación el 24, 25 y 26 de julio en Chaparral y, a petición de los integrantes de la Mesa, quedó la aprobación de otras jornadas en diferentes municipios.

Frente al pedido para prorrogar la Ley de Víctimas, cuya vigencia va hasta 2021, Rodríguez indicó: “Es una necesidad. Tenemos el compromiso del Gobierno de adelantar un estudio técnico para entregárselo al Congreso, que un año antes de su vencimiento, tendrá que pronunciarse frente al avance de su implementación y su posible prórroga”.

Sobre las entrega de indemnizaciones administrativas, que a nivel nacional avanza en un 13 por ciento, el director de la Unidad dijo que se han hecho 13.000 pagos en el departamento como una medida de reparación integral que entrega el Estado como compensación económica por los hechos victimizantes sufridos y que busca ayudar en el fortalecimiento o reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas.