Proyecto que quita casa por cárcel a corruptos avecina gran debate en el Congreso

La novedad del texto es que se mantendría beneficios a corruptos al interior de centros de reclusión.

A pocos días de que inicie la próxima legislatura en el Congreso de la República el proyecto anticorrupción que busca prohibir la casa por cárcel a quienes cometan delitos de corrupción en contra del Estado desde ya promete un álgido debate en el Congreso de la República.

De hecho a la concertación que citó el Gobierno en cabeza de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para avanzar en consensos con la oposición antes de presentar el proyecto en el Congreso, solo asistió como cabeza visible la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, quien también fue una de las promotoras de la consulta anticorrupción y que ha abanderado esta causa en el legislativo.

Pero pese a la asistencia de Lozano a dicha reunión, al parecer persiste la diferencia con el Gobierno debido a que la novedad en el texto del proyecto sería la exclusión del artículo que podría eliminar beneficios en los centros de reclusión para quienes hagan mal uso del erario público a través de actos de corrupción.

Así lo confirmó el fiscal General (e) Fabio Espitia, quien aseguró que el proyecto que se presentará en la legislatura que empieza el próximo 20 de julio se insistirá en que se elimine la casa por cárcel a quienes causen perjuicios al erario público, pero que se mantendría la posibilidad de que estas personas tengan paguen sus penas con prebendas al interior de las cárceles.

Frente a este hecho, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, señaló que si el texto es radicado de esta manera el proyecto perdería su esencia, que es que los corruptos no tengan ningún tipo de beneficios por perjudicar al Estado. En este sentido señaló que la oposición manifestará su posición al respecto en los distintos debates que se adelanten en las Cámaras.

Cepeda añadió que radicar el proyecto anticorrupción sin este artículo sería convertir la lucha anticorrupción en mera retórica porque se les mantendrían beneficios. Dijo que la intención original era endurecer las penas, no mantener las que hasta ahora tienen.

De esta manera, el senador señaló que al mantener estos beneficios queda la sensación de que esta decisión hace parte del plan del Gobierno para favorecer a Andrés Felipe Arias, quien pese a estar condenando a 17 años por delitos de corrupción, está purgando la pena en la Escuela de Caballería, luego de haber sido extraditado por parte de Estados Unidos a Colombia.

La senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde señaló que su partido apoya de manera contundente quitar los privilegios especiales para los ‘hampones de cuello blanco’.

“Pero se lo dijimos en la cara a la ministra que es una vergüenza que el Gobierno plantee un proyecto de Ley hecho a la medida de Andrés Felipe Arias y que favorecería además a los paramilitares, al proceso 8.000 y a los demás, mientras radica este proyecto anticorrupción”, agregó Lozano.

La senadora señaló que con este actuar el Gobierno está prendiendo una vela a Dios y otra al diablo, porque quiere quedar bien con la gente, pero en la práctica está favoreciendo la impunidad haciendo leyes con nombre propio y abriendo la puerta a la impunidad.

Sin embargo, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, manifestó que el proyecto anticorrupción será presentado por la Fiscalía, el Gobierno y los partidos de oposición y de gobierno, garantizando de esta manera que el trámite en el Congreso pueda ser más rápido, sumado al hecho de que el presidente Iván Duque le dará mensaje de urgencia.

En este mismo sentido, el fiscal aseguró que el proyecto anticorrupción al parecer tiene el camino abierto para que no sufra cambios en el Senado de la República, donde tuvo una amplia votación en la legislatura pasada, sin embargo, agregó que en la Cámara tienen el derecho constitucional de hacer modificaciones, siempre y cuando le pongan más fuerzas a las medidas que se quieren adoptar.

El analista político, Carlos Andrés Arias Orjuela, dice que en términos generales si se hacen los debates oportunos es muy posible que este proyecto pase porque el gobierno de Iván Duque está en deuda con el tema y porque es un factor que se está usando para las campañas en muchas regiones, debido a que es un tema sensible para los ciudadanos, quienes están esperando que los próximos gobernantes y en general los políticos respondan por los actos de corrupción.

En cuanto a la posibilidad de que el artículo que quita los beneficios en los centros de reclusión quede por fuera del texto del proyecto, el analista aseguró que esto sería gravísimo, porque un gran porcentaje de la opinión pública siente que estos corruptos deben pagar cárcel como cualquier otro tipo de personas que cometan delitos.

Por su parte, el analista Mauricio Jaramillo, señaló que hay una diferencia abismal entre la posición que asumió el presidente Iván Duque frente a la consulta anticorrupción cuando estaba al inicio de su Gobierno. Dijo que ahí fue más benévolo en su compromiso de la lucha contra la corrupción al acoger el pacto que incluyó a la oposición.

“El hecho de que se haya dado todo un debate sobre reformas a la justicia a propósito de la segunda instancia alrededor del caso de Andrés Felipe Arias da para pensar efectivamente que el Gobierno está pensado en legislar un poco para favorecer a sus aliados políticos”, añadió Jaramillo.

En relación con la posibilidad de que este proyecto pase en el Congreso, el experto asegura que es escéptico debido a lo que aconteció en la pasada legislatura con la mayoría de proyectos anticorrupción. Añadió que es difícil para los parlamentarios legislar en su contra y que esta fue la razón por la que se hizo la consulta anticorrupción.

BOGOTÁ, COLPRENSA

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