Aunque en el Tolima no hay víctimas mortales de personas que participan en el proceso electoral, al menos 14 candidatos en el departamento han sido objeto de amenazas, así lo afirmó Gustavo Murillo, secretario del Interior de la Gobernación.

El asunto fue motivo de discusión en el más reciente comité de seguimiento electoral ampliado, que se llevó en el hotel Ambalá con la presencia de todas las autoridades, para evaluar la activación de las medidas de seguridad y las rutas de protección que amerite cada caso.

En concreto, el funcionario explicó que él ha estado a cargo de comités en diferentes municipios en los que conoce el grado de amenaza y el acompañamiento de la Fuerza Pública, mientras se avanzan en los estudios de seguridad y riesgo de las personas.

Murillo indicó que los casos han tenido lugar en municipios como Rovira, Icononzo, Alvarado, Armero - Guayabal, Ortega, Cajamarca, Espinal, Chaparral y Flandes, entre otros.

Uno de los casos más recientes que se han conocido tiene que ver con intimidaciones a Ana Judith Gamboa, candidata conservadora a la Alcaldía de Flandes. Primero, fueron amenazas en las que era advertida de que si no renunciaba a su aspiración iban a contratar “gatilleros” para quitarle la vida.

Luego, en la vereda Camalá, regresando de una reunión política, el vehículo en el que se transportaba fue interceptado por un hombre a bordo de una moto que huyó poco después. Finalmente, su publicidad política ha sido vandalizada.

“Nosotras las mujeres tenemos una baja participación en la política precisamente por este tipo de situaciones, por querer adelantar procesos democráticos donde buscamos renovación. (...), por ahora sigo indicaciones que me dio la Policía, pero considero importante que, en aras de poder seguir en el proceso democrático, pues necesitaría más garantías para poder seguir adelante con la causa”, dijo la aspirante, quien desconoce a las personas que estarían detrás de las hostigaciones.

Amenazados en el Tolima

Varios informes dan cuenta del número de personas victimizadas por su participación en el proceso y, aunque no coinciden en el número de casos, ponen en evidencia el fenómeno.

Por ejemplo, de acuerdo con el segundo informe de violencia electoral elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación, en el Tolima existe registro de 13 amenazas, siendo el tercer departamento con mayor número de hechos.

El documento detalla que la variación geográfica de la violencia electoral en el país no presenta un patrón de sistematicidad identificable.

No obstante, Tolima es uno de los departamentos donde se registran mayor número de víctimas, que de acuerdo con su alineación política son: cinco casos en contra de miembros de partidos de gobierno, tres que pertenecen a partidos de oposición, dos independientes y otros tres que no están especificados.

Esta semana, la Misión de Observación Electoral también llamó la atención por este fenómeno. Su más reciente informe sobre violencia política, refiere que en el departamento hay una amenaza colectiva en Ibagué realizada a nombre de las ‘Águilas Negras’, un apelativo al que no se le reconoce estructura militar, pero que sirve como instrumento de intimidación.

En general, entre 27 regiones, en Tolima se han registrado 10 hechos amenazantes, con lo que se ubica en la décimo tercera posición con más números de casos.

Riesgo electoral

 Por otro lado, una alerta temprana sobre riesgo electoral emitido por la Defensoría del Pueblo, señala que el número de conductas vulneratorias contra personas involucradas en el proceso electoral son cuatro.

Además, el documento señala que en los municipios del sur: Planadas, Rioblanco, Chaparral y Ataco tienen riesgo electoral alto, mientras que Ibagué, Coyaima, Ambalema, Fresno, San Luis, Valle de San Juan, Rovira y San Antonio están con riesgo medio.

Frente a esto, la Defensoría explica que en el sur se identifican, por ejemplo, riesgos asociados a la presencia de estructuras derivadas del reincorporado Sexto frente de las Farc, entre las que se destaca la ‘Columna Móvil Dagoberto Ramos’, así como de una estructura armada que estaría extendiendo sus operaciones desde la vereda Esmeralda Alta, de Planadas, hacia el Huila.

Según señala el órgano, esta estructura estaría relacionada con algunos de los asesinatos perpetrados en el territorio entre 2018 y 2019, y del desplazamiento forzado de al menos un excombatiente en proceso de reincorporación.