Comunidad Lgbti del sur del Tolima entregó informe de víctimas a la JEP

SUMINISTRADA - EL NUEVO DÍA
Las violaciones de los derechos humanos que se cometieron contra esta población en el marco del conflicto armado ahora serán conocidas por la JEP.

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue entregado un informe sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra personas de la comunidad Lgbti durante el conflicto armado en el sur del Tolima.

El informe, elaborado por las organizaciones Colombia Diversa y Chaparral Diversa, da cuenta de nueve casos de violencia por prejuicio, es decir, aquella que estuvo motivada por una percepción negativa sobre la orientación sexual o identidad de género.

La entrega se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Chaparral, durante una audiencia a puerta cerrada que estuvo presidida por la magistrada Alexandra Sandoval Mantilla, quien ha trabajado por la implementación del enfoque de género establecido en el acuerdo de paz.

Entre otras cosas, el informe señala que los principales actores armados responsables de las violaciones son la extinta guerrilla de las Farc y la Fuerza Pública, explicó la abogada Daniela Díaz, coordinadora del área de Paz de Colombia Diversa.

En concreto, como resultado de la investigación adelantada durante casi dos años, se pudo determinar la existencia de dos patrones macrocriminales: mientras la organización guerrillera amenazó, hostigó, violentó física y sexualmente, y produjo el desplazamiento forzado de víctimas de género, la Fuerza Pública también actuó de forma prejuiciada y estuvo involucrada en la comisión de actos de homicidio.

Según explicó Díaz, aunque no hubo masividad en este fenómeno, como en otro tipo de violaciones de derechos humanos como las masacres o los desplazamientos, sí se puede hablar de sistematicidad en la ejecución de estas conductas en contra de la comunidad Lgbti.

“Eso es muy importante en términos jurídicos, porque los crímenes de lesa humanidad pueden ser masivos o sistemáticos y lo que hemos encontrado aquí es que fue sistemático, porque hubo planeación o algún tipo de organización previa antes de la comisión de los crímenes”, señaló la abogada.

Y agregó: “Estas conductas no surgían al azar ni eran hechos aislados, sino que había ejercicios de planeación y se sabía porqué se perseguía a una persona. Era una violencia selectiva en la que la víctima se elegía por lo que representaba, como una forma de generar sanción social y simbólica a ese tipo de corporalidad”.

 

La expectativa

Sobre esta entrega, Edison Javier Bermúdez, presidente del Concejo de Chaparral y una de las víctimas de la comunidad Lgbti, aseguró que está complacido de que la Jurisdicción conozca los casos y dijo confiar en que haya reparación por los daños cometidos por actores armados.

“Para nosotros es muy importante demostrarle al sur del Tolima y en especial a los chaparralunos que nosotros también somos víctimas. Queremos respuestas y justicia para la comunidad Lgbti, así como a las demás comunidades que sufrieron el conflicto. Mi caso fue recibido y esperamos que tengan en cuenta lo que viví”, afirmó.

El cabildante comentó que estos nueve casos apenas representan un porcentaje del fenómenos de violencia, pues muchos de los integrantes de la comunidad Lgbti se abstienen de narrar sus historias por temor.

“Acá hay experiencias de amigos de Chaparral, San Antonio, Rioblanco, Ataco y Planadas, pero hay muchos que no se conocen por el miedo de las víctimas. Pienso que tenemos que dejar el temor y dejar de estar escondidos como los delincuentes, quienes fueron los que realmente le hicieron daño al país”, comentó.

Según el informe ‘Un carnaval de resistencia: Memorias del reinado trans del río Tuluní’, del Centro Nacional de Memoria Histórica, en los últimos 20 años en Chaparral las violencias de los actores armados dejaron nueve homicidios de mujeres trans y hombres gays a manos de actores armados legales, ilegales y desconocidos.

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