Vale precisar, sin embargo, que los cargos que le endilgó el ente acusador se remontan a su época como abogado litigante cuando, presuntamente, se alió con Leonidas Bustos para favorecer al entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

Este caso se remonta al 15 de agosto de 2017. La Fiscalía recordó que en esa fecha la justicia de los Estados Unidos le ofreció al ente de investigador colombiano colaboración en materia judicial relacionados con las evidencias que recopiló la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida. En esas pruebas había grabaciones en las que se trataban temas que posteriormente desvelaron la corrupción en la Rama Judicial.

“En una de esas grabaciones aparecen el exfiscal Luis Gustavo Moreno, el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y el abogado Leonardo Luis Pinilla. En esas conversaciones, Moreno le comentó a Lyons de una situación de resquemor que percibió en el doctor Tarquino Gallego”, señaló la Fiscalía.

La animadversión entre Tarquino y Lyons ya tenía su historia y data de 2014, cuando el exmandatario cordobés empezó a ser vinculado con las irregularidades en el manejo de los recursos departamentales provenientes de las regalías.

Ese año, la Fiscalía tenía en contra de Lyons Muskus siete investigaciones relacionadas con esas anomalías con los recursos públicos y su nombre empezaba a calar en los demás integrantes del clan que iniciaron una campaña para limpiar su nombre. La gestión empezó por el lado del patriarca Alejandro Lyons De la Espriella, padre de Lyons Muskus.

Lyons papá habló con una vieja amiga de la familia, la excongresista Muriel Benito Rebollo, a la que le pidieron una recomendación de un bufete de abogados para que se encargara de los procesos judiciales que tenía el entonces mandatario. Benito Rebollo sugirió el nombre del abogado Camilo Tarquino.

El jurista emprendió una estrategia en medios para limpiar el nombre de Lyons Muskus. Según describió la Fiscalía, todo por un valor de 60 millones de pesos, monto pactado durante una serie de reuniones en un apartamento en el norte de Bogotá.

La millonaria suma, además, tenía como objeto, valga el símil, gastos de representación. La fiscal del caso describió que ese monto fue destinado a “cafés, almuerzos y reuniones clientelistas, entre otros”.

“En el último encuentro Tarquino le dijo a Lyons que su situación jurídica era muy complicada, crítica y que de ello conversó con el magistrado Leonidas Bustos quien manifestó que eso no se arreglaba a través de los medios ni con buenos mensajes. Lyons preguntó que qué tenía que ver Bustos en el asunto si su proceso lo tenía la Fiscalía y la respuesta fue que Bustos tenía la influencia, el poder suficiente para resolver la situación. Todo a cambio de 20 mil millones de pesos”, señaló la Fiscalía.

Por cuenta de esta imputación, se abre una nueva línea de investigación en contra del exmagistrado Bustos, según la fiscal del caso. Es decir, que se complica su situación jurídica, pese a que no se encuentra en el país.

El factor Bustos

Los delitos por los cuales es procesado Tarquino son asociación para la comisión de un delito contra la administración pública y concusión. La tesis de la Fiscalía está basada en el testimonio que Lyons le entregó durante su colaboración con la justicia en el que narró que Tarquino le había referenciado que Bustos tenía contacto con el fiscal Julio César Martínez, fiscal encargado de las pesquisas en contra del gobernador Lyons Muskus.

“Mencionar al fiscal Martínez advierte una forma de demostrar la capacidad del magistrado Bustos de influir. Eso impactó al exgobernador, quien, intimidado ante la solicitud, se negó y no cedió ante la insólita exigencia”, señaló la Fiscalía.

La representante del búnker sostuvo que la actitud de Bustos puede ser catalogada como un franco abuso de la investidura de su cargo, algo que va en la misma línea a lo ya conocido por la opinión en el sentido de que este magistrado junto con sus colegas Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, al parecer, conformaron una red ilegal de administración de justicia dedicada a influir en procesos. Tarquino no aceptó los cargos que le endilgaron. La Fiscalía, además, no se jugó la carta de la solicitud de la medida de aseguramiento.