Organismos de control y ciudadanía, vigilantes de contratación en Ley de Garantías

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Durante las prohibiciones que se establecieron en las elecciones del año pasado en temas de contratación, en el Tolima se hicieron más de 300 acuerdos, haciendo caso omiso a la Ley 996 de 2005, por ello, la lupa está nuevamente puesta sobre los entes territoriales.

Una investigación de la Misión de Observación Electoral, MOE, puso en evidencia que el Tolima fue uno de los departamentos en donde se celebraron más contratos entre el 27 de enero y 17 de junio de 2018, es decir, durante la vigencia de la Ley de Garantías por elecciones presidenciales.

A pesar de las claras restricciones que se impusieron para dicho periodo, se registraron 316 contratos que sumaron 138 mil millones de pesos.

Teniendo en cuenta este antecedente y que nuevamente está rigiendo la Ley 996 de 2005 o también conocida como de Garantías, por las elecciones regionales, diferentes entes y organismos de control tienen las alarmas encendidas, pues existe el riesgo de que se vuelva a caer en una práctica inadecuada que puede terminar conduciendo recursos públicos a alguna campaña electoral.

Gabriel Angarita, coordinador de Asuntos Públicos y Transparencia de la MOE, explicó que las restricciones no recaen sobre toda la contratación pública, solamente quedan prohibidos los convenios interadministrativos y la ampliación de planta de personal.

“Lo que nosotros vemos es que por medio de estos convenios que desafortunadamente son de los tipos de contratación que menos seguimiento y menos control tienen, pueden llegar dinero público a alguna campaña política, lo que generaría nuevamente un desbalance en el certamen democrático”.

En este tema, un comportamiento de los entes territoriales que llama la atención, es que el mayor número de contrataciones se hace días previos a la entrada de vigencia de la norma, “incluso al día anterior de Ley de Garantías hay un pico supremamente alto de contratación por parte de las administraciones públicas, pues muchas veces pasa que por el miedo de no contratar algo, contratan y contratan, generando unos picos altísimos”, comentó Angarita.

El coordinador precisó que la MOE, entra a revisar y a vigilar lo que sucede exclusivamente durante el periodo en que está la Ley, que para este año va entre el 27 de junio y el 27 de octubre y no antes o después de estas fechas.

Pasados dos meses y medio de haberse iniciado las prohibiciones, Angarita señaló que ya se detectaron dificultades al momento de revisar de manera general el portal de contratación pública Secop, pues hay equivocaciones en algunos datos que terminan distorsionando las muestras que toman los investigadores.

“Por ejemplo, nosotros hicimos el primer corte el 27 de julio, en ese no encontramos ningún problema. Pero en el segundo corte, hallamos que muchos contratos se subieron después, pero aparecían que habían sido en julio, entonces es difícil realmente mantener un seguimiento de todo lo que está pasando porque no hay la información correcta y acertada”.

Un ejemplo de ello, es que la MOE encontró documentos en los que según los datos suministrados se señalaba que habían sido firmados en diciembre de 2019, “el problema del error humano, al poner los datos en el sistema, genera gran dificultad”, por este motivo, los investigadores decidieron esperar a que pase entre 15 y 30 días luego de los comicios electorales, para tomar las muestras en contratación y definir si se respetó o no la Ley 996 en el país.

Lo que se encontró en 2018

En cuanto a la investigación adelantada en las elecciones de Congreso y Presidencia, el coordinador dijo que en Colombia en “contratación pública, según nosotros, lo que revisamos en la Ley y lo que mencionan los contratos y el tipo de (acuerdos) realizados, habría cerca de 1.2 billones de pesos que se hizo violando la Ley de Garantías”.

Los resultados muestran que durante las elecciones de presidencia, que incluye primera y segunda vuelta, en el país se hicieron 14 mil 552 contratos que equivalieron a $543 mil millones. Entre las regiones en las que se evidenció dicha situación están Tolima con 326, Cesar con 280, Norte de Santander 271, Cundinamarca 161 y Vichada con 124.

Angarita precisó que toda la información fue remitida a las autoridades competentes para que determinen si realmente hubo algún tipo de irregularidad.

Asimismo, indicó que otra de las prohibiciones por esta época, es la ampliación de la planta de personal pero “para nosotros no es posible revisar si hay contratos (de este tipo) porque no hay una categoría que nos exponga realmente que se está dando este tipo de contratos en el Secop”.

Ahora en 2019, la MOE adelantará un nuevo estudio por lo que revisará los contratos de todas las entidades públicas del país, luego hará una depuración de la información para cruzarla con las bases de datos y así determinar de qué municipios y departamentos es cada contrato.

“Nos toca mirar calmadamente después de que esté toda la información conglomerada para ver qué aparece, esperar que pase la Ley de Garantías para tener la información completa y no comenzar a dar la información a medias”, puntualizó.

¿Cómo se ha movido la contratación en 2019 en el Tolima?

Aunque es muy temprano para evidenciar alguna presunta irregularidad en este campo, EL NUEVO DÍA se puso en la tarea de revisar portales como el Secop I y II, al igual que, el del Sistema Integral de Auditoría, SIA Observa.

Allí, se pudo evidenciar que hubo una ‘ola’ de contrataciones previo al inicio de las restricciones, especialmente entre el 10 y 26 de junio, otra de las conclusiones es que por número de contratos la modalidad directa sigue ‘reinando’ tanto en la Gobernación como en la Alcaldía de Ibagué.

Y la categoría de Prestación de Servicios y Apoyo u Órdenes de Prestación de Servicios, OPS, es la que más se evidencia.

En cifras, el SIA Observa muestra que entre el primero de enero y el 18 septiembre, en la Administración seccional se han adelantado mil 377 contratos por un valor de 178 mil 039 millones 303 mil 013 pesos.

Y en el Municipio ya se han establecido dos mil 488 contratos que ascienden a 110 mil 598 millones 014 mil 631 pesos.

¿Qué sucede en el ‘Palacio del mango’?

En la vigencia de 2018 se adelantaron dos mil 106 contratos que superaron los $128 mil 850 millones. De este valor $78 mil millones fueron de forma directa, modalidad que incluye las Órdenes de Prestación de Servicios, OPS, también, los convenios administrativos y contratos interadministrativos, compraventas y arrendamientos.

Ahora en 2019, entre el primero de enero y el 31 de julio, por modalidad de contratación directa se reportaron mil 240 contratos, seis licitaciones que ascienden a $71 mil 967 millones 791 mil, 34 contratos de mínima cuantía que equivalen a $3 mil 100 millones 602 mil, por selección abreviada hay 18 contratos que suman $3 mil 647 millones 194 mil y 11 por concurso de méritos que suman $3 mil 962 millones.

Otro dato que muestra el histórico del SIA Observa, es que los meses que tuvieron mayores valores presupuestales fueron marzo, abril y julio, marcando este último $53 mil 267 millones 434 mil, aumento que coincide con la ‘maratón’ adelantada, antes de que empezara a regir la Ley de Garantías, esto teniendo en cuenta que la información se sube al sistema los primeros cinco días de cada mes.

Entre el 10 y 27 de junio el Departamento estableció contratos interadministrativos con fundaciones, municipios, hospitales, universidades públicas, entre otras entidades, para temas orientados a intervenciones viales, transporte escolar, ferias y fiestas locales, eventos culturales, gasificación en zona rural, construcción de escuelas, parques, estrategias de prevención y promoción en salud, al igual que a programas sociales, y de adulto mayor.

De este ciclo de acuerdos, a pesar de que se beneficiaron varias poblaciones como Ataco, Honda, Saldaña, Cunday, Herveo, Fresno, Armero – Guayabal, Natagaima, Piedras, Suárez, Coello, Líbano, San Luis, Coyaima, Villarrica, Casabianca, Flandes, Guamo, Planadas, Piedras e Icononzo, en donde, los acuerdos fueron con los centros hospitalarios y en otros casos fue para transporte escolar, eventos culturales y fiestas, otro tanto se quedó por fuera.

Entre los interinsticionales, se resalta el suscrito entre el 25 de junio entre la Secretaría de Educación del Tolima con Indeportes por $4 mil 700 millones, dinero que se destinó a la participación de la delegación del departamento en los XXI Juegos Deportivos Nacionales y V Paranacionales 2019.

Sin embargo, según el portal de contrataciones Secop, solo hasta este mes se puso en licitación para la logística de la delegación, junto a la compra de tiquetes aéreos para el desplazamiento de los jugadores.

En cuanto a los centros hospitalarios con los que se crearon acuerdos según la muestra revisada por esta redacción, entre junio y julio estuvieron el San Juan de Dios de Honda, Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación, San Rafael del Espinal, el Regional Alfonso Jaramillo Salazar en Líbano y el Especializado Granja Integral de Lérida.

Y una vez se inició la Ley de Garantías la información reportada se relaciona con contratos de tipo porcentaje de mínima cuantía, concurso de méritos, de menor cuantía, selección abreviada y licitación pública.

En cuanto a los convenios interadministrativos se evidencian los que fueron suscritos hasta el 26 de junio, mientras que la contratación directa de prestación de servicios y apoyo, es decir, aquella mediante la cual se vincula profesionales, tecnólogos y técnicos se mantiene alta.

¿Y en la Alcaldía de Ibagué?

Según el SIA Observa en 2018 se adelantaron dos mil 829 contratos que ascendieron a $116 mil 385 millones 037 mil, y en lo corrido de 2019 se cuentan dos mil 488 acuerdos que suman $110 mil 598 millones 014. Igual que en la Gobernación, se evidencia más por modalidad directa.

A nivel general, los meses en que se registró mayores movimientos contractuales fueron febrero en donde se hicieron 865 contratos de los cuales 16 fueron diferentes a los directos, por un valor de $26 mil 513 millones 885 mil, en marzo 443 que equivalieron a $18 mil 912 millones 055 mil y junio con 378 por $17 mil 740 millones.

Entre junio y julio se reportaron 459 contratos que sumados superan los $22 mil millones. Más de 300 fueron directos e incluyeron las OPS, nueve corresponden a modalidad de selección abreviada por $2 mil 396 millones 093 mil, siete por arrendamiento que equivalen a $560 millones 804 mil, una licitación de mil 356 millones 673 mil, por porcentaje mínima cuantía 10 que llegan a los $339 millones 714 mil y por convenios administrativos, se contrataron $5 mil 545 millones 593 mil.

En este último se cuentan los acuerdos con la Universidad del Tolima, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, Ibal, la Gestora Urbana y Cortolima.

Entre los temas incluidos están aunar esfuerzos entre la Alcaldía, la Secretaría de Infraestructura y la Gestora Urbana para “la implementación del sistema municipal de información del subsidio de vivienda en Ibagué en todas sus modalidades”, por un valor de $100 millones.

Con el Ibal el desarrollo de un diagnóstico, mejoramiento, adecuación y rehabilitación de la planta de tratamiento y el sistema de acueducto comunitario del barrio El Triunfo como cumplimiento a un fallo de una acción popular por un valor de $264 millones.

Y con Cortolima está el convenio interadministrativo por $420 millones para el saneamiento hídrico y la recuperación de la ronda hídrica del río Chipalo, las quebradas La Tusa, La Saposa, Las Ánimas, La Balsa y La Ambalá, también, a una respuesta a un fallo jurídico.

En el listado, está una contratación directa por prestación de servicios profesionales por $247 millones para la compra de libros para “lectura rápida crítica para el fortalecimiento de competencias lectoras de las instituciones educativas oficiales rurales de Ibagué”.

En junio también se dejó contratado a 26 encuestadores para la actualización de los datos en el Sisbén junto a cinco coordinadores de campo.

Y a manera general, llama la atención el alto número de personal requerido para la Secretaría de Hacienda durante lo corrido de la vigencia.

¿Qué es el SIA Observa?

El contralor del Tolima, Edilberto Pava, explicó que esta es una plataforma de la Auditoría General de la República que se puso a disposición de las contralorías territoriales y la ciudadanía, para revisar mensualmente toda la contratación que los sujetos de control han realizado.

“Nos sirve para mejorar la capacidad de seguimiento, pues no solo se colocan los contratos con sus anexos sino también la cascada de recursos que se tienen y cuáles se afectan”, precisó.

Al preguntarle, si es de su interés la contratación directa, Pava respondió que existen grupos auditores que se dedican a revisar los diferentes tipos de acuerdos dando prioridad a los convenios interadministrativos y con fundaciones. “Cuando estamos en Ley de Garantías le damos privilegio a eso”.

En cuanto al incumplimiento reportado por la MOE y la Auditoría General, de diferentes entes territoriales en el marco de las elecciones de 2018, dijo que ya se está revisando “el estudio para mirar qué entidades del Tolima se encuentran inmersas”.

Comentó que hasta el momento, en este periodo, no ha recibido denuncias sobre contratación.

Y sobre las OPS explicó que sí cumple con los requisitos establecidos es permitida, no obstante, se entra a revisar que no sea misional, entre otros datos, para verificar que no haya irregularidades.

Se estaría cumpliendo con la normatividad

Gabriel Angarita, coordinador de

Asuntos Públicos y Transparencia de la MOE .

EL NUEVO DÍA

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