¿Por qué la MOE hace un llamado a moderar el tono y el lenguaje de las campañas?

Es importante que los candidatos, los partidos políticos y las campañas disminuyan el nivel de pugnacidad que se está haciendo en pleno proceso electoral y el día de las elecciones acepten los resultados. Y en caso de no estar de acuerdo con ellos, utilicen los canales habilitados por el Consejo Nacional Electoral. La razón de esto es que hace cuatro años tuvimos 71 hechos de violencia. En la medida que tengamos una diferencia entre el primero y el segundo lugar del 10%, pues la posibilidad de tener desórdenes que lleven a alteraciones de orden público a partir de las 4 de la tarde hasta el miércoles o jueves de la semana siguiente es muchísimo más alta.

¿Qué factores están propiciando los escenarios de violencia en las regiones?

Estamos llamando la atención sobre tres tipos de violencia: la primera línea está asociada directamente con las zonas donde hay economías y grupos armados ilegales, la segunda es la que tiene que ver con las diferencias ideológicas, y la tercer variable, la que se da directamente entre campañas políticas. Insistimos: entre más hostiles y llenas de chismes sean las campañas, más alta es la posibilidad de tener problemas de orden público el día de las elecciones. Por ejemplo, hace cuatro años hubo afectaciones entres tres municipios del Tolima.

¿Quiénes están detrás de las amenazas? En el caso del Tolima, de todas las que se han registrado, incluyendo varias a nombre de las Águilas Negras, solo dos han sido declaradas como verídicas.

Cuándo uno busca identificar quiénes son las Águilas Negras es donde se empieza a identificar literalmente un vacío, porque no hay respuesta, pero sí hay un efecto de miedo y amedrentamiento. Digamos que pasa como lo de las brujas: no existen, pero de que las hay las hay. Se está utilizando el logo de Águilas Negras para cualquier tipo de amenaza o de grupo que no tiene un nombre específico con la intención de generar miedo. Ahí hemos llamado mucho la atención de que esto no nos puede empezar a pasar con las disidencias de las Farc, porque en algunas regiones cualquier grupo se presenta como disidencia, pero es algo que está más cerca a la criminalidad común.

¿Al Gobierno le quedó grande controlar en la situación de riesgo en las regiones?

Es fundamental que no solo las entidades encargadas de estos temas, sino que todos los partidos políticos y la campañas puedan participar en el diseño de las estrategias de mitigación de riesgo. En los comités de seguimiento electoral no se habían priorizado los temas de seguridad de las candidaturas. Hoy vemos que ya tienen una agenda que contempla los temas de violencia y creemos que en un trabajo conjunto vamos a poder hacer mitigación real.

¿Cree, como lo han dicho algunas voces, que estas pueden ser las elecciones más violentas desde la firma del acuerdo de paz?

Indiscutiblemente los niveles de violencia han venido disminuyendo desde 2015 y hemos tenido procesos electorales muchísimo más tranquilos. Pero vemos que desde las elecciones del año pasado hasta este proceso electoral hubo un estancamiento. Lo deseable era que siguieran disminuyendo y lo lamentable es que empezó a ver una afectación fuerte de violencia política frente a candidatos en las zonas Pdet, territorios que tenían que tener mayor presencia del Estado. Sí se logró firmar un acuerdo con las Farc, pero la institucionalidad no logró llegar a aquellas zonas y por eso hoy encontramos que son territorios en disputa por grupos armados ilegales.

Por otro lado, la mayoría de candidatos en el Tolima y el país no están presentando informes de gastos de campaña. ¿Qué hacer para que cumplan?

De 117 mil candidatos, solo 3.704 presentaron hasta el 18 de septiembre algún tipo de información. Es obligación de todas las campañas informar semanalmente al CNE el monto, el destino y el origen de los dineros con los que hacen campaña. Se van a empezar a hacer visitas por parte de los tribunales electorales a las diferentes campañas con la presencia de la Procuraduría para hacer una verificación de los libros contables. En Ibagué la mayoría no ha cumplido, entonces uno pensaría que hay vallas, pasacalles y camisetas en este municipio. Falsear la información termina siendo un delito penal.