Delitos electorales, la sombra que sigue cubriendo las elecciones en el país

COLPRENSA – EL NUEVO DÍA
Llegó el momento. Después de varios meses de campaña electoral, Colombia entra en la última semana antes de que se conozca quiénes serán las autoridades locales que administrarán municipios y departamentos a partir del 1 de enero del 2020.

El panorama de delitos electorales en distintos puntos del país tiene todas las alarmas encendidas por parte de las autoridades, y es que hasta el 15 de octubre el Ministerio del Interior había recibido 3.958 denuncias recolectadas a través de la Unidad de Reacción Inmediata para el Proceso Electoral, Uriel.

En cuanto a número de quejas por delitos electorales en los departamentos, en primer lugar está Antioquia, con 498 denuncias, le sigue Cundinamarca con 420, en tercer lugar se ubica Santander con 262, luego Valle del Cauca con 249 y Boyacá con 242 quejas.

De acuerdo con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, los delitos electorales que más conocen en la organización están la compra de votos, el ofrecimiento de bienes y servicios por parte de funcionarios públicos para favorecer determinados candidatos, constreñimiento al elector, presión para que los funcionarios voten por un determinado candidato o la imposición de jurados de votación para presionar la contabilidad de los votos.

Por otro lado, la Fiscalía anunció que tiene abiertas investigaciones a 559 ciudadanos por el delito de suplantación de identidad. En este mismo sentido, el Consejo Nacional Electoral, CNE, explicó que tras comparar la información con el archivo nacional de identificación y la base de datos de las huellas digitales para verificar la plena identidad de las 3.683.499 personas inscritas en todo el país, se encontró que algunos suplantaron las cédulas de ciudadanía de personas fallecidas.

Así está la situación de delitos electorales en algunas regiones clave del país.

 

Tolima, con cinco municipios en riesgo electoral

En el Tolima se han reportado 212 quejas por violación a normas electorales, según la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), del Ministerio del Interior.

De acuerdo con Uriel, estas denuncias están asociadas especialmente a constreñimiento al sufragante, intervención en política de servidores públicos, corrupción al sufragante y fraude en inscripción de cédulas.

En el departamento, de 89.391 cédulas que fueron inscritas para esta contienda, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó sin efecto 32.200. Y según la Misión de Observación Electoral (MOE), en el departamento hay 21 municipios en alerta por este delito, siendo Piedras el más preocupante con riesgo extremo.

“Esto quiere decir que en estos municipios se ha trasteado gente, pero también lo que está sucediendo es una compra de votos anticipada”, comentó Cristhian Martínez, coordinador regional de la MOE, quien además recordó que hace cuatro años los municipios con riesgo de trashumancia eran 18.

Según la MOE, cinco municipios del Tolima tiene algún nivel de alerta para las elecciones debido a que en ellos confluyen riesgos indicativos de fraude y riesgos por factores de violencia. Se trata de Coyaima, que está en riesgo extremo; Ibagué y Rioblanco aparecen en riesgo alto, mientras que Líbano y Honda se encuentran en nivel medio. En las elecciones de hace cuatro años había siete municipios en riesgo, dos de ellas en estado extremo.

 

Santander, entre las zonas con mayor trashumancia

El Consejo Nacional Electoral, CNE, informó que detectó en Santander 94.633 casos de trashumancia electoral. Según el CNE, de las 202.570 cédulas inscritas en los diferentes municipios del departamento para las elecciones locales, la corporación dejó sin efectos la inscripción de 94.633 por presentar irregularidades. Es decir, el 46% de los documentos inscritos en el Departamento.

En este escenario, Santander es el quinto departamento del país con mayor porcentaje de trashumancia para las elecciones locales, superado únicamente por Chocó, Vichada, Atlántico y La Guajira.

Asimismo, la más reciente entrega de los “Mapas y Factores de Riesgo Electoral 2019”, de la Misión de Observación Electoral, MOE, reveló que Santander es el cuarto departamento del país con mayor riesgo de trashumancia, superado únicamente por Meta, Boyacá y Norte de Santander.

Según el informe de la veeduría ciudadana, 49 de los 87 municipios de Santander registran algún riesgo por trashumancia, es decir, el 56% presenta peligro de trasteo de votos.

El caso más llamativo de riesgo de trashumancia se registró en Floridablanca, donde la Procuraduría advirtió que de 25.065 cédulas que hasta el momento se habían inscrito en ese municipio del área metropolitana, 7.519 registran un potencial riesgo de trashumancia electoral. Es decir, el 30% de las inscripciones corresponderían a trasteo de votos para los comicios del 27 de octubre.

 

25 municipios del Valle, en riesgo por fraude

En el Valle del Cauca 25 de los 42 municipios (el 59,5 %) presentan algún tipo de irregularidad, según el más reciente informe de la MOE.

Sevilla lidera la lista, siendo el municipio que presenta más comportamientos atípicos y el único que se encuentra en la categoría de ‘Riesgo Extremo’, seguido de Alcalá, Buenaventura, Caicedonia, Cartago, Jamundí, Palmira y Vijes, que figuran con ‘Riesgo Alto’. Otros 17 territorios presentan un ‘Riesgo Medio’, entre ellos Cali.

Variaciones atípicas de participación electoral: “como que el número de inscripciones de cédulas sea altamente irregular”; el aumento de los tarjetones no marcados o anulados, “asociado a una práctica fraudulenta habitual”, son algunas de las variables que se consideran a la hora de evaluar el nivel de riesgo de estos municipios, según explicó Alejandro Sánchez, coordinador de la MOE en el Valle.

De acuerdo con datos del Resumen Ejecutivo de la MOE, 15 municipios del Valle (36 %) están en riesgo por factores indicativos de trashumancia, siendo especialmente preocupante la situación en Palmira, Ulloa y Bolívar, municipios donde se incrementó el número de votantes nuevos.

“Que ya aparezca más del 20 % de la población nueva a votar es muy extraño. Por ejemplo, si uno toma el censo electoral anterior en Palmira (266.000 personas), lo compara con la población (312.000 personas) y le suma el número de inscritos nuevos (61000), quedan más votantes que habitantes en Palmira. Lo mismo pasa con la población de Ulloa (5300 personas), donde se inscribieron 1000 personas nuevas, es decir, casi el 21,7 % de la población apareció de pronto para votar. Situaciones similares suceden en Bolívar, pero también en El Dovio, Riofrío, Dagua y Roldanillo”, explicó Sánchez.

 

Bolívar y el panorama antes de las elecciones

El CNE anuló en el mes de septiembre por trashumancia electoral 915.853 cédulas en el país, de las cuales 264.813 fueron en el Caribe y 18.416 en el departamento de Bolívar.

Un informe de la Procuraduría indicó que se preveía riesgos de trashumancia en Arroyo Hondo, Córdoba, San Cristóbal y Soplaviento. A esto se suman los municipios de Santa Catalina, Mahates, Clemencia, El Guamo, Magangué, Mompox, Hatillo de Loba, Margarita, San Fernando, El Carmen de Bolívar, María la Baja, Arjona, Turbaná y Turbaco.

En su mapa de riesgo electoral la Misión de Observación Electoral reveló que hay 50 municipios en riesgo extremo por factores de violencia electoral, entre los que aparecen dos municipios de Bolívar: San Jacinto del Cauca y El Carmen de Bolívar. Estos dos municipios bolivarenses también están en la variable de 40 municipios en riesgo extremo por confluencia de factores indicativos de fraude y por factores de violencia.

Los riesgos electorales incluyen la violencia electoral, es decir amenazas a la población votante, a los candidatos, o hechos delictivos como atentados y homicidio de líderes y candidatos.

Asimismo los riesgos incluyen todas las formas de delitos electorales en donde el trasteo de votos o la compra de los mismos están presentes.

En el más reciente comité de seguimiento electoral en Cartagena, participaron todas las autoridades electorales y fuerzas del orden, entre las que contaron la Registraduría Nacional, la Procuraduría, Policía Nacional, Armada Nacional, Fiscalía General de la Nación, Secretaría de Educación, Secretaría General, Oficina de Gestión del Riesgo, MOE, así como representantes de los partidos políticos, para revisar la situación del departamento y la ciudad de cara a la jornada electoral que será el domingo 27 de octubre.

 

Antioquia, el de más irregularidades

El más reciente informe de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), del Ministerio del Interior, señaló que Antioquia es el departamento del país con más quejas por delitos electorales, que a la fecha sumaba un total de 498 denuncias.

Las quejas más frecuentes en esta zona del país son violación al régimen de propaganda electoral y acceso a medios de comunicación, intervención en política de los servidores públicos, trashumancia electoral y constreñimiento al sufragante.

En la capital antioqueña, la entidad señaló que Medellín tiene un total de 47 quejas por violación al régimen de propaganda electoral y acceso a medios de comunicación, e intervención en política de los servidores públicos.

Otro informe, hecho público en los últimos días por la Gobernación de Antioquia, reveló que por la posible vulneración de derechos humanos existen 18 municipios con riesgo extremo y 14 en riesgo alto, a lo que se suma que Ituango, Toledo, Angostura y Granada tienen un riesgo extremo por fraude electoral.

El mismo documento manifestó que en el departamento hay 124 registros de amenazas a líderes políticos, donde Medellín encabeza la lista con 18 reportes, seguido por Apartadó, Barbosa, Heliconia, Támesis y Segovia. Del total de registros ya existen 70 con su respectiva demanda.

En ese sentido, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez aseguró que las autoridades trabajan analizando cada caso. Así mismo, resaltó que la Procuraduría señaló que en el departamento hay 64 denuncias contra funcionarios públicos de municipios que estarían participando en política.

Credito
COLPRENSA

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