Para la Comisión Regional de Conciliación y Paz del Tolima en los últimos dieciocho meses, se ha presenciado en el país la banalización de un proceso esencial para la supervivencia de la sociedad: La metódica destrucción del proceso de paz que tantas esperanzas generó dentro y fuera del país y que llegó a ser señalado como ejemplo para similares conflictos en todo el orbe.

Dicho ente considera que el proceso ha sido afectado desde los diferentes flancos y pone como ejemplo que se ha torpedeado en el Congreso el establecimiento de sus organismos, también, se ha reducido el compromiso financiero estatal para su funcionamiento y se han “atacado las nuevas instituciones sin permitirles la evolución de sus actuaciones”, señala a través de un comunicado.

Y agrega “uno a uno los compromisos han caído en el marasmo propiciado por unas administraciones adversas y desde las más altas posiciones del Estado, se han producido declaraciones que pretenden restarle importancia y tornar insustancial un asunto de tan singular trascendencia”.

Para la Comisión, el panorama no puede ser más difícil, “una Ministra lo tilda de fallido, el encargado de buscar la verdad niega la existencia del conflicto; otro, señala que no existen grupos paramilitares, ya que no aparecen registrados en las cámaras de comercio y así, ad nauseam, con argumentos pueriles y ciertamente ridículos, al punto, de que la misma sociedad tiende a abandonar el entusiasmo y el compromiso con el que se debe enfrentar la tarea”.

Del mismo, recuerda el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia, mediante el cual los voceros de la iglesia católica señalan que “el proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre paso a paso a una esperanza común, más fuerte que la venganza”.

A la vez, señala el comunicado, que hay “dolor, preocupación y rechazo, al recibir cada día, en lo corrido del 2020, noticias de asesinatos de líderes y de amenazas a las comunidades.” De la misma manera, se reclama a las autoridades regionales y locales, una política clara y contundente para la protección de las comunidades y personas amenazadas.

Finalmente, la Comisión Regional de Conciliación y Paz del Tolima hace un llamado a la comunidad para mantener el compromiso permanente que tienda a la consolidación de la paz y se honren las obligaciones adquiridas con el Acuerdo.

“En juego está el futuro del país y la viabilidad de la sociedad, más allá de discrepancias, esas sí baladíes y de una tozuda negación de lo que ha afectado en materia grave a millones de colombianos.

“El largo proceso de consolidar la paz requiere del esfuerzo continuado de toda la sociedad. Es un compromiso histórico registrado en la Constitución y más que todo, un compromiso moral”.