Todo parece indicar que desde el principio hubo inconsistencias. A pesar de que dentro del presupuesto del Municipio no se contemplaba ninguna partida de gastos para el evento, la Alcaldía, con el fin de firmar el contrato, sacó dinero de otros rubros que no tienen relación con los servicios contratados ni existirían dentro del presupuesto. Con esta inversión se habrían comprometido los recursos de procesos culturales de todo el año.

Además, hay cuentas que no cuadran. La suma de los rubros que usó la Alcaldía dan como resultado $162 millones, es decir $51 millones menos del valor total que se contrató.

Sumado a esto, los estudios previos del contrato carecen de soportes jurídicos que justifiquen la viabilidad de la modalidad escogida para suscribirlo. En síntesis, aunque se trató de un contrato interadministrativo -que debería comprometer a dos entidades públicas-, se tuvo como soporte las normas aplicables a convenios con empresas sin ánimo de lucro.

Como si fuera poco, no existe una descripción o identificación del contratista que permitiera determinar su idoneidad para el cumplimiento de los requisitos legales teniendo en cuenta la modalidad escogida y el cumplimiento del objeto del contrato. Tampoco se halla la propuesta que debió presentar la empresa ni un estudio comparativo con otras posibles contratistas.

Finalmente, no se evidencia un análisis económico del mercado conforme con los lineamientos dispuestos por Colombia Compra Eficiente, entidad que fija las condiciones.