Muchos se enteraron con extrañeza que pocos días antes de que acabara su periodo se aprobó una licencia para explotación minera. ¿Cómo fue el proceso de esa licencia?

La licencia otorgada a la firma Agregados Ingecol y Construcciones S.A.S. venía tramitándose desde 2017 y concluyó en 2019. Se agotó todo el procedimiento y la metodología que establece la norma y, por lo tanto, no existe turbiedad técnica y jurídica y está dispuesta para que los organismos de control la supervisen.

Ahora, este proyecto es completamente diferente al que pretendían desarrollar en su momento Mineros El Dorado y Mineros de Ataco S.A.S. Además, siguiendo la política nacional, este proyecto atiende al proceso de formalización de mineros ancestrales, tradicionales y pequeños mineros.

Las comunidades dicen que apenas se enteraron del proyecto hace unas semanas. ¿Hubo socialización previa?

En Ataco todos saben quiénes están tramitando licencias en las corporaciones autónomas y en la Anla. En el expediente están los soportes documentales que constan que se hizo la convocatoria a los alcaldes de Coyaima y Chaparral, concejos y personeros. El solicitante de la licencia presentó la realización de los talleres que hizo con la Junta de Acción Comunal de su área de influencia directa e indirecta. Están las cartas de aceptación, los registros de asistencia y la misma gente estaba de acuerdo con ese proceso.

En todo caso, son varias las voces de protesta que advierten posibles daños ambientales...

La licencia establece más de 24 requerimientos que debe cumplir el operador minero a fin de evitar la afectación tanto del recurso suelo como del recurso hídrico de la cuenca del río Saldaña. Ahora, a la corporación le corresponde hacer monitoreo y el control del proceso. Debe hacer mínimo dos seguimientos por año.

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Somos del criterio de que se pueden hacer actividades mineras en ciertos sitios y en ciertas condiciones. No se deben perder de vista todas las actuaciones ambientales que hicimos en siete años: la defensa del área de Cajamarca y Piedras, la declaración de cuatro parques regionales naturales, la adquisición de más de 7.000 hectáreas para áreas de conservación y muchos otros procesos ambientales que llevamos a buen éxito. En más de siete años en la corporación, se negaron 15 licencias y se aprobaron 59, de las cuales 70% son los procesos de las vías de tercera generación.

¿Cuál es la diferencia entre al trámite de licencia que hace unos años hizo la empresa Mineros de Ataco S.A.S y esta propuesta?

Cada solicitud de licencia y título minero es completamente diferente. Este proceso es de mediana minería y en un sitio distinto al que pretendía Mineros El Dorado y Mineros de Ataco. Ahora, todos saben quiénes son los mineros tradicionales en Ataco. Allá hay familias que han venido cediéndose los títulos mineros, las licencias ambientales y que, incluso, han tenido su intervención en procesos de extracción ilícita de minerales. Desde luego, todo eso está controlado porque es política nacional formalizar todos esos procesos.

Y frente a las condiciones del proyecto, ¿cuáles son las diferencias?

A pesar de que habrán pozas, estas se van a manejar a través del esquema tradicional que es a través de retroexcabadora y procesamiento de lavado sin utilizar cianuro ni mercurio y estableciendo los criterios de cuidado del área del suelo de la cuenta del río Saldaña. Recordemos que es una zona de alta intervención de extracción ilícita de minerales que viene siendo formalizada bajo los parámetros normativos.

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¿Esta área hace parte de las zonas que se recuperaron años atrás por los daños de la minería ilegal?

Nosotros fuimos muy cautelosos en verificar que en efecto esa área que nosotros recuperamos por mandato de una acción popular no fuera intervenida en este. En documentos tenemos que no hace parte de áreas que fueron restauradas. Por otro lado, hay que decir las terrazas aluviales son completamente diferentes a las que pretendía Mineros de Ataco.

Aunque se dice que no se va a utilizar el agua del río Saldaña, líderes ambientales señalan que hay conexiones que se van a terminar contaminando...

En la resolución en la que se autorizó la licencia se autorizan unos permisos pero también se niegan otros. No se autoriza ningún vertimiento en el proceso. Es decir, ellos no pueden derramar una gota de agua sobre la cuenta y el caudal activo del río Saldaña.

¿Entonces si las actividades se desarrollan con todo el rigor técnico no habrán afectaciones ambientales?

Así es. Si el operador, como muchos otros en el Tolima, cumplen sus requerimientos ambientales y obligaciones, puede desempeñar su actividad. En este caso, como en los demás, no puede haber afectación. Un operador afecta cuando es indisciplinado y no cumple los parámetros. Son más de 30 artículos en los que se le colocan requerimientos muy rigurosos al operador para poder desempeñar su actividad.

¿Qué le responde a quienes lo califican de incoherente en su trabajo en la corporación?

Tengo la conciencia tranquila en haber aprobado licencias para áreas donde se pueden hacer las cosas con rigor técnico. Y en aquellos casos que consideramos que no se podía autorizar, así se hizo. No es incoherencia ni es, como han dicho, que estaba posando como amigo del ambiente para aprovecharme de esto. Este caso ha tomado unos ámbitos que no son los adecuados.

¿Pero se trató de una licencia exprés? Lo pregunto porque en abril de 2019 inició la solicitud y se otorgó en diciembre.

El Gobierno nacional redujo los términos y los requisitos para la expedición de estos procesos. La licencia empezó a tramitarse desde 2017, cuando se piden diferentes permisos, pero la solicitud formal se radicó en 2019.

¿Hay más licencias en camino en Ataco?

Allá hay cuatro procesos radicadas y en todo el departamento hay ocho licencias con estudios avanzados. Hago un llamado a los alcaldes para que actualicen sus esquemas de ordenamiento territorial y a los comités ambientales para que impulsen los concejos.

Relaciones y suspicacias

Se dice que Nelson Forero, quien inició el proceso para Ingecol y Construcciones S.A.S., tuvo vínculos con las empresas Mineros El Dorado y Mineros de Ataco. ¿Usted qué sabe?

Eso no nos correspondía a nosotros mirarlo en el trámite. Nos correspondía que cumplieran los requisitos. En Ataco hay una interrelación de comunidades y empresarios, por lo que uno no puede llegar al alcance de verificar si serán de los mismos o no. En todo caso, ese hecho tampoco los inhabilitaría para que se les hubiera otorgado la licencia.

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La representante legal de la empresa, July Marcela Ortiz Montes, es hija de la excandidata liberal a la Alcaldía de Ataco, Marilyn Montes. ¿Qué responde a quienes dicen que usted otorgó la licencia porque son del mismo partido?

La autoridad ambiental no tiene por qué saber la filiación política que tiene un solicitante o no, porque no es un requisito. Al igual que yo, estoy seguro de que los técnicos y subdirector tampoco conocían esos lazos de carácter político. Lo supe por los medios. Uno indistintamente debe darle trámite a las solicitudes. Además, recordemos que hay un principio constitucional de libre empresa y cualquier ciudadano colombiano está autorizado para hacer sus trámites conforme lo prevé la ley.

El diputado liberal Carlos Reyes dijo que no entendía cuáles fueron las circunstancias que se tuvieron en cuenta para aprobar esta licencia y que, por lo tanto, le iban a hacer un llamado como militante del partido...

No he recibido ningún llamado, pero estoy en disposición de rendir las explicaciones en cualquier instancia, porque esta licencia, como las otras que autoricé, están vigentes y no tienen reproche. Yo le digo a los técnicos y a los abogados que el expediente habla por sí solo y ahí está toda la trazabildiad de todos los adelantos que se hicieron. No he recibido ningún llamado de atención.

Sí estoy preocupado porque en redes sociales se está satanizando la actividad que adelanté en el último mes y eso me está echando al piso toda la actividad ambiental que hice durante más de siete años. Producto de una estrategia de cautela administrativa, hicimos corte a 20 diciembre de 2019 y por eso pasan al despacho de la actual administración más de ocho procesos de solicitudes de licencia que están en trámite.

Uno de los más sonados cuestionamientos vino del exgobernador Óscar Barreto, quien dice que aprovechó la temporada de Navidad para aprobar esta licencia. ¿Qué le dice?

Fungimos nuestras actividades de gobernanza hasta el 31 de diciembre, al igual que el gobernador. Hago un llamado a la cautela, la prudencia y, sobre todo, a no satanizar o criminalizar las actividades que adelantamos las autoridades bajo el parámetro legal. Eso me está afectando en mi buen nombre y en mi integridad moral.

Hago una llamado respetuoso al ciudadano Óscar Barreto a que rectifique los términos en los cuales se dirigió frente a la expedición de esta licencia, porque no se admite que generalice de una forma cuando ninguna autoridad judicial o disciplinaria ha hecho un llamado de atención respecto a eso.

¿Y sobre la licencia a Hidrototare?

Aún hay malestar de ciudadanos por la licencia ambiental para el proyecto de generación de energía a la sociedad Hidrogeneradora Pijao S.A.S. ¿Qué decirles a ellos?

Que es una pequeña central hidroeléctrica en la cuenca alta del río Totare. Siento que se hace mucha alharaca con el tema de Hidrototare cuando en el Tolima tenemos bocatomas iguales o más grandes que la que van a establecer allá. Recordemos que Tolima es el segundo departamento de Colombia, después de Antioquia, con el mayor potencial de generación de energía eléctrica por caída de aguas. Eso sí, todo debe tener su control.

También recordemos que en un concepto de una comisión técnica en Bogotá de la Procuraduría para Asuntos Ambientales se viabilizó el proceso de la licencia con unas recomendaciones. Este concepto señala, además, que quienes están deteriorando el recurso hídrico en la cuenta del río Totare son los arroceros que están captando más agua de lo autorizado y tienen en condiciones inadecuadas las bocatomas.

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¿Y qué decir frente a que Daniel Benítez, representante legal de la Hidrogeneradora Pijao S.A.S. dueña de Hidrototare, es el suegro del actual ministro de Vivienda, Jonathan Malagón?

¿Uno cómo hace para saber eso? Ese proceso llevaba siete años. Uno no puede ponerse a fijarse si otorga o no una licencia por condiciones políticas o de parentesco. Eso no lo establece la norma. En mi administración, negué muchos diagnósticos ambientales, pero por condiciones técnicas y por una serie de requisitos que son de orden legal. Si uno se pone a mirar quién es pariente de quien o su filiación política, no se autorizaría nada en el departamento.

A usted lo recusaron por presunto conflicto de intereses en este proyecto. ¿Qué ha pasado con ese tema?

Lo que entiendo es que la recusación ya no obraba porque ya no iba a decidir sobre ese recurso. Al culminarse mi periodo legal, esa recusación se cae porque no voy a tener la competencia para resolverla. Hago el llamado a la nueva administración para que revise documentalmente el expediente y tome la mejor decisión.