Al parecer, el proceso de selección habría sido revocado por el exmandatario sin solicitar el consentimiento previo de los oferentes, argumentando que tras verificar la experiencia como requisito habilitante, se exigió acreditarla en la construcción de colectores de aguas residuales, una actividad no contemplada en las especificaciones técnicas que se deben ejecutar dentro del objeto contractual.

Además, se habría requerido la presentación de un contrato celebrado con una entidad pública y ejecutado en el último año, por un valor igual o superior a $1.100’000.000 de pesos, solicitud que sería desproporcionada teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del proceso de contratación ascendió a $130’000.000 de pesos.

Con esta actuación el implicado podría haber actuado en contravía de los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, y vulnerado la Ley 1437 de 2011 que señala en su artículo 97 que “salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo (…) haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular”.

En esta etapa procesal el ente de control calificó la falta como grave cometida con culpa gravísima, al considerar que el implicado habría podido vulnerar derechos de los oferentes, quienes tienen una expectativa legítima de que sus ofertas sean tenidas en cuenta, y de no ser así, podrían acudir a demandas que posiblemente afectarían el patrimonio público.

El exfuncionario podrá solicitar o aportar las pruebas que estime pertinentes para su defensa.

La audiencia se cumplirá el 10 de marzo de 2020 en la Procuraduría Provincial de Chaparral, a partir de las 4:00 de la tarde.