“La peor forma de prostitución es la del ciudadano que vende su voto”, Luis Guillermo Pérez

Luis Guillermo Pérez, magistrado del Consejo Nacional Electoral.
Crédito: COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
El tolimense Luis Guillermo Pérez, único magistrado de izquierda en el Consejo Nacional Electoral, habló en entrevista de su libro ‘Sombras y luces de la democracia’, la necesidad de cambios en el sistema electoral y las investigaciones al presidente Iván Duque por supuesta compra de votos.
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En septiembre de 2018, el tolimense Luis Guillermo Pérez se convirtió en el primer magistrado de izquierda del Consejo Nacional Electoral. Sin tener vínculos con algún partido, la oposición lo eligió para que la representara ante un órgano cuya credibilidad ha estado golpeada durante años.

Trabajó 30 años en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Estando allí, adelantó las investigaciones que culminaron con la condena del general Jaime Humberto Uscátegui, por su participación en la masacre de Mapiripán (Meta), y la del ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el asesinato de Jaime Garzón.

Por su defensa de los derechos humanos, él y su familia fueron blanco de sucesivas amenazas que lo obligaron a exiliarse en Bruselas en dos periodos. El acoso fue tan violento que sus perseguidores incendiaron la casa en la que vivía en Bélgica y un emisario llegó hasta allí a promover la falsa idea de que pertenecía a la guerrilla.

EL NUEVO DÍA: ¿De qué habla en su libro ‘Sombras y luces de la democracia’?

LUIS GUILLERMO PÉREZ: En el libro concluyo que tenemos más Estado que democracia y que, por tanto, el país tiene el inmenso reto de lograr que tengamos más democracia que Estado. Eso implica una república de derechos. Una biopolítica. Sea de derecha, de izquierda o de centro, todas las fuerzas políticas tienen la obligación de respetar los derechos humanos y ninguna organización puede promover su violación.

E.N.D.: Usted también habla de una ecología política. ¿De qué se trata?

L.G.P.: No importa la fuerza que aspira a tener representantes en los distintos órganos de elección popular, todas deben tener una absoluta responsabilidad con respetar la naturaleza, los recursos naturales, la madre tierra. Es algo concluyente: si no se promueven políticas públicas en todos los niveles para respetar nuestro patrimonio ambiental, no vamos a tener agua que beber ni aire qué respirar.

E.N.D.: También recuerda algunas figuras del país que muchas veces se olvidan. ¿Por qué los trae a colación?

L.G.P.: Pienso que debemos recuperar esas memorias y luchas de hombres y mujeres que han sido muy importantes para el país. Por ejemplo, no hemos podido recuperar los restos de un hombre que debería estar aquí en su tierra: José María Melo, aquel indígena Pijao chaparraluno que en 1854 logró ser presidente, representando una opción profunda de transformación con un Estado que estuviera al servicio de los excluidos. Luego tuvo que salir desterrado de Colombia y terminó muriendo fusilado en Chiapas, defendiendo la patria república mexicana de Benito Juárez.

E.N.D.: En el libro habla de la propuesta de Jorge Eliécer Gaitán de implementar el voto obligatorio. ¿Por qué lo considera necesario?

L.G.P.: Lo menciono porque fue un discurso muy inteligente de Gaitán, para acabar con el clientelismo político. No puede ser que no tengamos la capacidad de que la gente participe electoralmente por hambre de democracia y no porque está vendiendo su voto. Creo que el sufragio obligatorio le cierra muchos caminos a las posibilidades de corrupción y compromete más a la ciudadanía con la democracia. Tenemos que dar ese debate también con las fuerzas políticas.

E.N.D.: La baja credibilidad del CNE se debe a que sus decisiones han respondido a temas políticos. Desde adentro, ¿cómo ha visto la institución?

L.G.P.: En unas primeras deliberaciones con los magistrados, les recordaba que no estábamos representando a los partidos que nos eligieron y que nos debemos exclusivamente a un estado social de derecho. Este es un nuevo Consejo Nacional Electoral. Lo hemos transformado radicalmente. Antes, el Consejo condenaba y absolvía a partidos radicalmente distintos a pesar de que estaban involucrados en las mismas causas o hechos. Ahora, a todas las fuerzas políticas se les trata por igual y con el respeto que merece cada una. A los que hay que sancionar, hay que sancionarlos.

E.N.D.: En menos de un mes surgieron dos denuncias sobre supuesta compra de votos en favor de la campaña de Iván Duque. ¿Cómo va a actuar el CNE?

L.G.P.: Nosotros actuamos por quejas de la ciudadanía frente a los partidos, contra determinadas candidaturas o actuamos de oficio. En el caso de las declaraciones de Aída Merlano y ahora en relación con ‘Ñeñe’ Hernández, ya se creó una comisión por sorteo en el que se designaron tres magistrados que van a instruir esos casos: Virgilio Almanza, Jaime Luis Lacouture y César Augusto Abreo. Espero que hagan un trabajo muy riguroso.

E.N.D.: Para el caso denunciado por Aída Merlano, ¿tendrían que desplazarse a Venezuela para escucharla?

L.G.P.: Como no hay cooperación judicial y están rotas las relaciones diplomáticas, institucionalmente no es posible hacerlo. Ella ha dado unas declaraciones y ha mencionado a una serie de personas, así que entrará el Consejo y los llamará.

E.N.D.: A algunos les ha llamado la atención que usted, siendo cercano a la oposición, solicitó una investigación contra Gustavo Petro por la supuesta financiación de su campaña con dineros de la corrupción en Venezuela de la que habló Juan Guaidó. ¿Qué les responde a ellos?

L.G.P.: En cualquier circunstancia en la que actúe representando las obligaciones que se desprenden de la Constitución, tengo que ser objetivo e imparcial. Aquí no actúo a favor o en contra de Gustavo Petro. Aquí actúo por la convicción de que esas denuncias que han trascendido las fronteras nacionales tienen que ser investigadas y si hay irregularidades, el CNE tendrá que ejercer las acciones que corresponda.

Yo no estoy allí para intercambiar impunidades. Si alguien de la izquierda o centro ha cometido irregularidades, se le tiene que sancionar con el mismo rigor como si fuera alguien de derecha. Uno no puede actuar con un doble rasero en esas circunstancias.

E.N.D.: ¿Van a oficiar a Juan Guaidó?

L.G.P.: Ya hay un auto que expidió el magistrado Virgilio Almanza. Conminamos a la Cancillería para que establezca una comunicación con él y traiga las pruebas de lo que dice y declare ante el Consejo Nacional Electoral. Si el señor Guaidó hace aseveraciones tan graves, que se hagan sobre la base de algún fundamente probatorio.

Usted dirigió una carta a la revista Semana por una columna de la periodista Vicky Dávila en la que habla de este tema. ¿Qué le incomodó?

L.G.P.: Ella dice que si pretendía hacer un ‘favor’ a Petro (con la solicitud de la investigación) estaba contribuyendo a hacer el ridículo a toda la institución. No se trata de eso. Aunque subjetivamente pude haberme sentido ofendido por el alcance de la columna, tengo un profundo respeto por Vicky Dávila y el ejercicio del periodismo.

Como altos funcionarios del Estado tenemos una obligación de dejar que la prensa nos cuestione por nuestras acciones u omisiones. Uno no tiene que atacar a un periodista porque lo cuestione, porque para eso está el periodismo.

E.N.D.: Con los recientes hechos y denuncias de compra de votos, algunos advierten que habría que preocuparse por el proceso electoral de 2022. ¿Le parece exagerado o pertinente que se hable de eso desde ya?

L.G.P.: Hay muchas cosas que son profundamente irregulares. He reclamado la creación de una unidad en la Fiscalía especializada en temas de delitos electorales. También proponemos una reforma al Código Electoral que incluye el fortalecimiento de un equipo de investigación que pueda acceder al manejo de las cuentas financieras sin ninguna reserva, porque la mayoría de dineros invertidos en campaña no se reportan.

Aunque a la gente le parece una insensatez, sostengo que debe haber financiación estatal exclusiva para todas las fuerzas y las campañas políticas, porque así se puede ejercer un control efectivo sobre toda la propaganda política. Pero también hay que educar a la ciudadanía. La peor forma de prostitución es la del ciudadano que vende su voto, porque se hace daño a sí mismo y a toda la sociedad. Afecta la democracia.

E.N.D.: ¿Entonces hay razones para estar preocupados para 2022?

L.G.P.: Siempre debemos estar alertas y vigilantes porque hay poderes inmensos en este país que impactan los procesos electorales con distintos escenarios de corrupción. Eso hay que vigilarlo y transformarlo. Mi misión es esa. La compra de votos, por ejemplo, es una práctica extendida que tenemos que terminar. Por supuesto, los que compran los votos, aprovechándose de la miseria de la gente, tienen que tener una sanción mayor. Hay que terminar con los dineros de la mafia en la política.

Luis Perez

Urge un cambio en el sistema electoral

E.N.D.: ¿Qué cambios contempla la posible reforma electoral?

L.G.P.: Creo que debemos avanzar hacia el voto electrónico por varias razones: ahorrarnos toneladas de papel que se gastan en un proceso electoral, supervisar de manera efectiva que la votación corresponda con lo que expresó la ciudadanía y evitar los miles de votos nulos que se producen en cada elección, pero, por supuesto, esto va unido a que haya una auditoría de todo el proceso y que los partidos tengan acceso al código fuente. Ahora, por primera vez en Colombia se van a colocar puestos de votación automatizados en las elecciones a los consejos de juventud en noviembre próximo. Allá vamos a ver cómo funciona.

E.N.D.: Varias voces llaman la atención de la vulnerabilidad del software empleado para los procesos electorales. ¿Lo ha analizado el CNE?

L.G.P.: El software de escrutinios es uno de los temas más delicados. Basta con hacer una modificación del algoritmo para cambiar un resultado. ¿Cómo evitamos que eso pase? Veeduría internacional contratada por el Consejo Nacional Electoral y no por el registrador. Tenemos que garantizar que la ciudadanía tenga certeza de que no se va a manipular un algoritmo en favor de una fuerza política y se va a respetar el resultado en las urnas. Creo que vamos a avanzar hacia un sistema electoral más garantista. Esperamos que en 2022 se garantice efectivamente.

E.N.D.: Algunos dicen que las elecciones se ganan en la Registraduría...

L.G.P.: Hemos recibido testimonios sobre la existencia de unas mafias de naturaleza electoral que operan con la complicidad de la Registraduría. Le ofrecen a determinado candidato la colocación de los votos que le hicieron falta para salir electo a cambio de dinero. Pero las personas al interior de la Registraduría que conocen esto no están dispuestos a dar una declaración escrita por temor a sus vidas.

E.N.D.: ¿Qué otras conductas indebidas le llaman la atención al CNE?

L.G.P.: Hay fraudes de distinta naturaleza en un proceso electoral. Está la suplantación de los electores, que hace parte de toda una mafia donde jurados de votación son asignados en determinada mesa por una sola fuerza política y colocan en las urnas los votos que ellos quieren por un candidato.

Yo planteé que fuese obligatorio colocar en el formulario E11 la huella y la firma, la cual rechazó radicalmente el registrador (Juan Carlos) Galindo. En todo caso, aquí se ha dicho que esto se va a superar con la identificación biométrica. Espero que tengamos ese sistema en las 110.000 mesas de votación que vamos a tener en 2022.

 

Otras preguntas

E.N.D.: ¿Qué decisiones ha tomado el Consejo para demostrar su voluntad cambio?

L.G.P.: Hay varias. Una muy importante fue la que tomamos sobre la participación política de las mujeres. Establecimos que la tercera parte de listas a corporaciones públicas debe estar compuesta por mujeres, de lo contrario se anulan las listas. Pero si hay una lista integrada solo por mujeres no se anula.

E.N.D.: ¿Qué impresión tiene del informe de la ONU sobre el estado de los derechos humanos en Colombia y la respuesta del Gobierno nacional?

L.G.P.: Con los órganos interestatales de derechos humanos se cede a consciencia parte de la soberanía, aceptando que puedan constatar la realidad de lo que sucede en materia de derechos y, en consecuencia, puedan hacer recomendaciones. Hay que entender que estas decisiones de la humanidad de asociarse a través de pactos se hacen para garantizar que avancemos en garantizar los derechos. No se puede descalificar esa labor por el hecho de que produzca decisiones que puedan ser adversas para el Estado colombiano. Mi recomendación al Gobierno nacional es que respete lo firmado.

E.N.D.: Como ponente del proceso que enfrentó Ricardo Orozco por supuesta inhabilidad para aspirar a la Gobernación, ¿qué opina de que a algunos sectores sostienen que hubo manejo político en la resolución?

L.G.P.: La ley es muy clara: no puede estar inhabilitado quien no tiene una sanción penal que haya hecho tránsito a cosa juzgada. Él había recibido una condena, que luego fue anulada por una acción de tutela y nunca quedó en firme dicha condena, por lo tanto no podía ir más allá de lo que la ley permite. Nunca recibí ningún emisario que fuera a hablar para que tuviera una ponencia que lo favoreciera. Fui riguroso en relación con el respeto de lo que dice la ley.

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