Durante la clausura del periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea, el gobernador Ricardo Orozco reprochó nuevamente que el Gobierno nacional no haya consultado a los departamentos y municipios para la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), el cual recogerá recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y el Fondo de Pensiones (Fonpet).

El mandatario insistió en que a través de esta medida, adoptada por la Nación a través del decreto 444, se apropian de recursos cuyo manejo corresponde a las entidades territoriales, esto con el agravante de que no se conoce con certeza cuál será la destinación que tendrán esos dineros en la región.

“Acá hemos sentado las posiciones que nos corresponden. Y lo hicimos por una sencilla razón: los municipios y departamentos llevan más de 30 años ahorrando recursos en el Fonpet, una plata que si bien es cierto está estipulada para pensiones, tiene en el Tolima unos rendimientos financieros y un estudio de factibilidad para posibles créditos para lograr inversión y desarrollo en el departamento”, afirmó.

También aclaró que su protesta no busca entorpecer, pero sí llama la atención a que debió ser una acción concertada. “Uno lo que reclama es que cuando toman autoprestado los recursos de las finanzas departamentales y municipales, al menos nos convoquen y digan cuál es el plan de acción y qué van a inyectar en cada departamento. Hoy, la verdad, no se tiene claro de esas platas, cuál va a ser la inversión acá en el departamento”, agregó.

En entrevista con El Nuevo Día, enfatizó que ese préstamo del Gobierno es a cero interés y retornará en 10 años. “Aquí lo más importante es la concertación, pero nos quitan la plata y luego nos notifican. Hay un desequilibrio y Tolima es un departamento intermedio en materia financiera”, dijo.

Aunque en otras regiones del país también elevaron reclamos, la Federación Nacional de Departamentos, entidad que representa a los departamentos en asuntos de interés común, indicó a través de un comunicado que respalda el decreto que cree el Fome, pues garantizará la liquidez y recursos necesarios para la salud, servicios, asistencia humanitaria y atención a comunidades vulnerables durante la emergencia.

Es importante anotar que la disposición de los recursos del FAE y Fonpet son para atender la emergencia en las regiones y no restringen la disponibilidad actual de recursos para inversión en los municipios y departamentos. Así mismo, se ha dado claridad que la inversión con los recursos de dicho Fondo se realizará de manera concertada con las entidades territoriales, de acuerdo con las necesidades”, apuntó la Federación.

La representante conservadora Adriana Magali Matiz, quien lamentó en días pasados la decisión del Gobierno, por restarle autonomía a los entes territoriales para disponer de recursos, indicó que faltó socialización. Para ella, aunque el Ministerio de Hacienda ya ha dado claridad sobre el funcionamiento del Fondo, estos deben quedar expresos en el decreto.

“Faltó una socialización muy importante con esa medida, porque compromete recursos que le pertenecen a las entidades territoriales. Y si bien es cierto se van a prestar, creo que deben hacerse algunos ajustes en la redacción del decreto para que haya claridad y tranquilidad absoluta”, aseveró.

“Sí hay riesgo”, Unal

Desde la academia también hubo voces que se sumaron al debate. De acuerdo con expertos de la Universidad Nacional (Unal), aunque no hay discusión acerca de la necesidad de atender los gastos asociados con la declaratoria de emergencia este decreto genera varios problemas, especialmente asociados con las fuentes de financiación.

Según Jorge Armando Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Unal, se trata de préstamos forzosos que se imponen a los gobiernos territoriales sin intereses y con desembolsos y amortizaciones calculados a tasas de cambio que probablemente generarían pérdidas para las entidades territoriales.

Para el docente, además de estos puntos problemáticos, la otra discusión grande es que estos recursos se utilizarían para apoyar a entidades públicas, pero también para comprar acciones, hacer préstamos y provisión de liquidez de entidades privadas, aunque no dice con qué criterio se escogen ni hay precisión acerca de cómo ese apoyo a estas entidades puede contribuir realmente a solucionar el problema económico.

Por su parte, el profesor Orlando Villabona, de la Facultad de Ciencias Económicas consideró que también resulta problemática la centralización de los recursos de las entidades territoriales en las grandes entidades financieras, lo que les resta maniobrabilidad para la atención de la emergencia a nivel local.

Agregó que “la centralización está bien, siempre y cuando cuente con la participación de los entes territoriales y se haga de manera coordinada, de tal manera que se pueda ver cuáles son las necesidades de cada territorio, pues se corre el riesgo de dejar sin recursos a muchos municipios que lo necesitan”.