En la mira de la Procuraduría General de la Nación están las contrataciones que la Gobernación y la Alcaldía de Ibagué han adelantado bajo la declaratoria de urgencia manifiesta para la adquisición de alimentos, elementos de aseo e insumos médicos que emplearán para mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19.

Por un lado, el Ministerio Público abrió indagaciones a funcionarios de la Gobernación por presuntos sobrecostos e irregularidades en negocios jurídicos de tres contratos que, en suma, ascienden a más de $11.500 millones.

Dos contratos, uno por $5.500 millones con Sierra Pineda S.A.S. y otro por $5.000 millones con Enred Group S.A.S., suscribió la Administración departamental para el suministro de 55.000 y 50.000 mercados, respectivamente. El otro fue el que se adjudicó por $1.020 millones a León Gráficas para que ejecute una estrategia de comunicación durante la pandemia.

Entre las pruebas que ordenó la Procuraduría está la petición hecha a la Secretaría de Hacienda del departamento de entregar información sobre el presupuesto invertido durante marzo y abril en la suscripción de contratos, con los soportes y certificaciones correspondientes.

De esta manera, la entidad busca individualizar a los presuntos responsables, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó el comportamiento presuntamente irregular y el perjuicio causado a la administración pública.

Sobre estos cuestionamientos, el gobernador Ricardo Orozco ha dicho que en todos los contratos, especialmente en los de adquisición de kit alimentarios, la Administración actuó según la norma y las disposiciones del Gobierno nacional.

Investigan sobrecostos en mercados

La Procuraduría abrió una indagación preliminar en contra del alcalde Andrés Fabián Hurtado y la exsecretaria de Desarrollo Social Comunitario, Martha Villarreal, por presuntos sobrecostos en la adquisición de 52.000 mercados que están siendo repartidos entre la población vulnerable afectada por la pandemia del Covid-19.

La Administración municipal le compró los kits a Mercacentro por un valor de $5.575 millones. Pero el órgano de control busca determinar si se adquirieron por un valor superior al que comercialmente se puede conseguir.

La semana pasada el concejal liberal Javier Mora aseguró que cada mercado tuvo un costo de $107.218, pero, al comparar los precios de los mismos productos con otros ofrecidos en el mercado, cada kit salió por $94.384. Según cuentas del cabildante, en total se está generando un sobrecosto de $472 millones.

Por presunta violación al principio de economía, que podría derivar en un daño patrimonial, el concejal denunció ante la Fiscalía General de la Nación al alcalde Hurtado y a Villarreal, quien, en medio de la polémica y sin mayor explicación, renunció la semana pasada a su cargo en el Gobierno municipal.

Ante la controversia, esta semana el mandatario refutó los cuestionamientos diciendo que cada mercado incluye impuestos y costos financieros que asumió el contratista, al cual destacó por su idoneidad y por haber allegado la cotización más baja entre tres supermercados.

Presunta violación de la cuarentena

Por otro lado, el órgano de control abrió indagación contra Andrés Hurtado; la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, y el concejal Brayan Escandón por la presunta violación de la cuarentena al haber participado en la celebración del cumpleaños del exgobernador Óscar Barreto, jefe políticos de todos los mencionados.

La Regional Tolima indaga a los funcionarios porque, al parecer, transgredieron las disposiciones legales de aislamiento obligatorio dictadas por el Gobierno nacional con el objetivo de prevenir y controlar la propagación del Covid-19, así como las medidas tomadas por las autoridades de Ibagué y Tolima para enfrentar la pandemia, entre ellas, la restricción a las reuniones y a la movilidad de los ciudadanos, salvo en casos excepcionales.

Investigan al presidente del Concejo

La Procuraduría también inició un proceso disciplinario en contra del presidente del Concejo de Ibagué, César Franco, por presuntas irregularidades en la entrega de mercados a las familias vulnerables de la ciudad, ya que, según denuncias presentadas al órgano de control, el cabildante habría servido de intermediario para direccionar las ayudas a personas conocidas.

Al respecto, los concejales Javier Mora y Rubén Darío Correa advirtieron denuncias en el mismo sentido y dijeron haber recibido información de posibles condicionamientos políticos para la entrega de cada mercado.