Procuraduría lleva más de 40 procesos en 25 municipios del Tolima

Crédito: COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
El tamaño de las presuntas irregularidades con los dineros de la emergencia desbordó cualquier estimativo. Tolima es hoy el segundo departamento con más indagaciones en el país y se advierten posibles decisiones disciplinarias.
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El manejo irregular de recursos y las actuaciones dudosas en medio de la pandemia tienen al Tolima en una vergonzosa posición a nivel nacional: es el segundo departamento de Colombia con más procesos disciplinarios abiertos en la Procuraduría, siendo únicamente superado por Cundinamarca.

La investigación a altos funcionarios de la Gobernación y la suspensión por tres meses de la secretaria de Salud del Tolima, Alexandra Márquez, y el alcalde de Palocabildo, Nelson Gómez, son apenas un asomo de la verdadera dimensión que puede alcanzar los posibles hechos de corrupción, el mal uso de los recursos públicos o incumplimientos de normas.

Desde la primera rueda de prensa conjunta de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, Tolima figuró en la “avalancha de corrupción”, como lo denominó el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo. Desde entonces, la lista de contratos cuestionados ha ido en ascenso y las primeras decisiones ya se comenzaron a tomar.

Incluyendo a Ibagué, hoy se adelantan más de 40 procesos disciplinarios en 25 municipios del departamento que están en etapa de indagación preliminar y una investigación contra el gobernador Ricardo Orozco y varios de sus secretarios.

 

El listado de municipios

Según información conocida por el El Nuevo Día, varios de las municipios que ya estaban en la mira sumaron nuevos procesos disciplinarios mientras que otros entraron a engrosar la lista. Uno de ellos es la Alcaldía de Rovira, que hoy completa cuatro indagaciones preliminares, una de ellas por la prestación del servicio de alimentación escolar por $164 millones.

A las cuatro indagaciones que ya tenía la Alcaldía de Ibagué se acumuló otra por el proceso de $3.350 millones adelantado para la adquisición de bonos redimibles para los estudiantes que hacen parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Con esta medida se buscaba garantizar el apoyo nutricional durante el periodo de aprendizaje en casa.

Por otro lado, el alcalde de San Antonio, Jorge Iván Vásquez, quien será imputado por la Fiscalía por un contrato de compra de elementos de aseo, deberá responder por otro proceso aparentemente irregular. Este tiene que ver con la contratación del servicio de alimentación de la Fuerza Pública durante la emergencia.

La Alcaldía de Chaparral tiene tres procesos: uno ya conocido por un contrato de $119 millones que se celebró con el ciudadano Fabio Ernesto Zambrano presuntamente sin el lleno de requisitos legales, otro por realizar reuniones en medio de la cuarentena y uno adicional por no haber solicitado autorización para expedir el decreto 035 del 3 de abril de 2020 por medio del cual se adoptó el pico y cédula.

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En Natagaima la Procuraduría continúa indagando la conducta de un concejal que violó la cuarentena mientras tomaba alcohol. Entre tanto, la entidad busca establecer presuntas irregularidades en un contrato para la difusión de actividades de disminución de riesgo de contagio de Covid-19 y otro que suscribió para la fumigación de la localidad. Hay un contrato más de mínima cuantía en la mira.

Por un análisis deficiente en estudios previos, está siendo indagado un contrato de $26 millones que celebró la Alcaldía de Piedras para alquilar de un carrotanque para suplir la falta de agua potable durante la pandemia. Al tiempo, se advierten presuntas irregularidades en un contrato de $54 millones para la adquisición y entrega de ayudas humanitarias.

De otra parte, el Ministerio Público indaga a la Alcaldía de Anzoátegui por la compra de arroz por un valor de $21 millones que sería utilizado en la conformación de kits nutricionales. Hay otro contrato de $18 millones que está siendo revisado.

En Alvarado se suscribió un contrato de menor cuantía por $41 millones para la adquisición de 400 kits nutricionales por un valor unitario de $50.000. Al parecer, no se acudió a una gran superficie para concretar el negocio, tampoco existe justificación técnica y económica del proceso y no se realizó un estudio de mercado ni cotizaciones.

Otro caso ocurrió en Suárez, donde se denunció que las ayudas humanitarias se están entregando a los votantes y miembros de la campaña de la alcaldesa Lucelly Villalba. En Venadillo, por su parte, la Procuraduría pretende establecer presuntos hechos anómalos en un contrato de $38 millones para el lavado y desinfección del espacio público y vehículos que ingresen a la zona rural.

En Palocabildo, cuyo alcalde Nelson Gómez fue capturado esta semana, hay un contrato adicional que es indagado; en Ortega hay dos procesos que son objeto de revisión y en San Luis existe una queja contra el gerente del hospital por no acudir a comités y reuniones para el manejo de la emergencia.

Dolores está siendo especialmente revisado por dos contratos: uno de $69 millones para la compra de mercados y otro de mascarillas quirúrgicas. Finalmente, con un contrato cada uno, la lista la completan las alcaldías de Santa Isabel, Coyaima, Armero - Guayabal, Fresno, Honda, Lérida y Melgar.

Credito
COLPRENSA

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